Video: Finaliza el juicio Fuentealba II y piden condena para los jefes policiales
Lo solicitó la querella. Las defensas respaldaron la intervención de la fuerza de Neuquén, ante lo que entienden fue la comisión de un delito: el corte de ruta. Hoy los imputados dirán sus últimas palabras previo al veredicto.
“¿No es abuso de autoridad ese accionar desmedido, no es abuso de autoridad un exceso y el propio asesinato de Carlos? Yo soy maestra, no soy abogada. Acá se habla en términos de represión, disuasión, orden ilegítima o legítima, pero la terrible y cruel verdad es que Carlos fue a una movilización y jamás volvió”, aseguró Sandra Rodríguez al tribunal, que deberá determinar si le cabe alguna responsabilidad penal a los jefes policiales, que coordinaron y ejecutaron el operativo en el que fue asesinado el docente Fuentealba, el 4 de abril de 2007 en Arroyito, Neuquén.
En los alegatos de clausura del juicio conocido como «Fuentealba II», los abogados querellantes, Ricardo Mendaña y Marcelo Medrano, sostuvieron que Carlos Zalazar, Mario Rinzafri, Jorge Garrido, Adolfo y Moisés Soto deben ser considerados culpables del delito de abuso de autoridad. Para Julio Lincoleo y Aquiles González pidieron la condena por encubrimiento agravado.
Medrano afirmó que más allá de que el caso se dividió prematuramente entre la investigación para identificar al autor material del homicidio -el cabo José Darío Poblete- y por otro lado definir las responsabilidades políticas y funcionales, el operativo es uno solo.
«No se trata de un juicio contra la policía, que es una institución, parte del sistema estatal, y como tal también debe garantizar derechos. Se trata de un juicio contra funcionarios policiales imputados de violar la ley. Personas que conducían la institución y el operativo ese 4 de abril de 2007. Se trata de un juicio contra los responsables de cometer delitos, no se trata de docentes contra policías, se trata de sostener responsabilidades en términos de límites a los abusos de esos imputados, de esa policía», agregó.
Trilogía del operativo Arroyito
Mendaña insistió en que quienes participaban de la protesta nunca tuvieron el tiempo necesario para retirarse y que los jefes, que podían haber detenido el procedimiento en cualquiera de sus etapas, no lo hicieron. Dijo que ante la gravedad de los hechos fue que surgió el nombre de Poblete, luego de una reunión en la jefatura de Neuquén y «por las presiones». Se le pidió al tribunal que declare las conductas como de grave violación a los derechos humanos.
El fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid acompañó exclusivamente los cargos contra el comisario inspector Benito Matus, el único imputado que aún sigue en funciones, por abuso de armas en concurso con lesiones leves, agravadas por su condición de funcionario público. Lo que se le reprocha es cómo utilizó la escopeta 12/70, que se le entregó con el fin de proteger la autobomba y al personal de Bomberos.
Remarcó que Matus abandonó esa directiva, y en la estación de servicio YPF, donde fueron a refugiarse los manifestantes, hizo un disparo directo contra un Ford Escort, en el que iba la docente Angélica Cisterna, y luego golpeó con la culata al profesor Alejandro Castelar. El imputado fue hasta Arroyito a llevar el refrigerio, por eso estaba sin uniforme. Era entonces oficial principal y trabajaba en logística. El fiscal indicó que el lugar donde prestaba servicio «no es un destino de premio», en relación a que el efectivo tenía una condena anterior por vejaciones y había pasado a disponibilidad.
Si bien en estos 16 años la fiscalía nunca acusó a la cúpula policial, en el alegato el fiscal marcó algunos aspectos contextuales, en sintonía con la querella. Por ejemplo mencionó que ese día «los docentes estaban escapando a campo traviesa», después de la primera gaseada, y que se disparó cerca de los surtidores de la estación. Eso quizás explique el pedido que hizo para que al exgobernador, Jorge Sobisch, sea investigado por falso testimonio, debido a lo que entiende son las contradicciones entre su declaración del 2008, en el juicio contra Poblete, y las del 8 de marzo pasado.
Ningún testigo, no importa si fue exgobernador, si es el actual o el anterior, o cualquier ciudadano común (puede) venir y decir una cosa, y tan descaradamente decir todo lo contrario después”.
Breide Obeid pidió a la Oficina Judicial que le remita copia de la declaración de Sobisch a la fiscalía de Admisión de Casos.
«Rescatemos el respeto a las autoridades públicas»
Salvo la defensa de Matus, ejercida por Juan Coto, que en su alegato cuestionó la evidencia objetiva del caso, hizo hincapié en que el disparo del efectivo fue con rebote y no directo al auto, y que Castelar ya tenía el hombro luxado y ese día se cayó, el resto respaldó sin fisuras tanto al operativo como al exmandatario.
«Celebro que haya declarado un exgobernador como Jorge Omar Sobisch, que tuvo y tiene el coraje de decir las cosas que tiene que decir de frente, y que haya destacado el respeto y el prestigio de nuestra institución policial», afirmó el defensor Gustavo Lucero. Planteó que los efectivos intervinieron ante una grave alteración al orden público, que representaba el corte en un lugar sin caminos alternativos, en vísperas del feriado de semana santa.
Subrayó que actuaron «en cumplimiento de directivas del gobernador». Dirigiéndose a los jueces les preguntó: «¿ustedes quieren que vuestros hijos respeten vuestra autoridad como padres?, ¿ustedes señores jueces quieren que se les respete vuestra autoridad como magistrados? Obviamente que sí. De la misma forma rescatemos el respeto a las autoridades públicas: si la autoridad ordena algo, se cumple. ¿Desde cuándo las órdenes de la policía, las órdenes de un gobernador, las órdenes de un juez tienen que ser sometidas a asamblea?».
Manuela Castro, que ejerce la defensa junto a Lucero, insistió en que la policía actuó en 2007 ante la comisión de un delito: el corte de ruta. Que se utilizaron gases lacrimógenos, porque evitan el contacto directo y es menos lesivo, y que quienes protestaban lanzaron piedras. Sobre las etapas del operativo dio una explicación, hasta ahora, desconocida.
La estación de servicio YPF, distintante a pocos metros del puente de Arroyito, fue el refugio de los manifestantes, porque entendían que la policía no iba a disparar allí. “¿Es ilógico que la policía trate de resguardar este lugar ante la intempestiva de que 50, 70 personas ingresaran a una estación de servicio con la peligrosidad que ello podría ocasionar”, se preguntó, y deslizó que estaba “el fantasma de los saqueos”.
Después de este momento, la dirigencia de ATEN dialogó con los jefes para que cesara la gaseada y pudieran subir a la Ruta 22 y regresar. Sin embargo cuando lo hicieron, continuaron tirando. “Querían transitar caminando más de 16 kilómetros hasta Senillosa, lo cual iba a impedir la circulación nuevamente. Aquí estamos en la segunda parte de la ejecución de un delito penado”, justificó la abogada. En este retorno fue que Poblete disparó con una pistola federal a la luneta del Fiat 147 en el que iba Fuentealba, a menos de siete metros de distancia.
Hoy, a partir de las 8.30, los imputados dirán sus últimas palabras y luego el tribunal informará cuando dictará su veredicto.
Felicito a estos señores jefes policiales que actuaron por el bien de toda la sociedad, que no se dejaron doblegar por las presiones de unos pocos, que honraron sus uniformes”.
Lucero defiende a Rinzafri, Garrido, González, Adolfo y Moisés Soto.
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