Fiscalía, defensa y un juez admiten las limitaciones de la cárcel para resociabilizar a un preso en Cipolletti
No le otorgaron la libertad asistida porque el informe psicológico arrojó un alto índice de reincidencia. Igualmente se irá en un mes con la condena cumplida.
Penal 5 de Cipolletti
Un caso testigo de Río Negro dejó en evidencia las fallas del sistema carcelario. El preso cumple una pena exigua y, aunque le denieguen los beneficios, va a recuperar la libertad sin tratamiento. La fiscalía, la defensa y el juez de Cipolletti evaluaron en una audiencia la poca efectividad de los tratamientos. La psicóloga del penal ofreció detalles de la terapia que a la vista quedan como insuficientes.
La crisis carceleria de Río Negro, la superpoblación de los penales y los pocos recursos para darle tratamiento a los presos devienen en un problema social. Aunque se les niegue sistemáticamente beneficios, los reos salen por agotamiento de la pena, muchas veces, en peores condiciones que las de ingreso.
Fue el caso de Mario Pino Vinet, conocido como el domador y condenado por abuso sexual. Cumplió la pena hasta el último día sin ningún tipo de tratamiento y volvió al medio libre. Con alto riesgo de reincidencia lo asesinaron en Neuquén.
Recientemente, un requerimiento de libertad asistida derivó en un intenso e interesante debate sobre el funcionamiento del servicio penitenciario en la provincia. La defensa del condenado cuestionó los recursos del Estado para cumplir con el fin de la cárcel: la resocialización.
Fue por el caso de un hombre de Cinco Saltos que fue condenado en 2021 a 2 años de prisión efectiva. La semana pasada la defensora María Denis Mari solicitó el beneficio de la libertad asistida. El preso está en condiciones cronológicas porque su condena está cerca de finalizar, pero el informe de la psicóloga oficial trabó el beneficio. La licenciada Romina Bocino fue contundente.
El informe psicológico reveló que T.D.S. presenta un alto riesgo de reincidencia debido a su impulsividad, falta de introspección y una constante justificación de sus acciones violentas en el consumo de sustancias.
La psicóloga explicó que, aunque el condenado participó en tratamientos grupales e individuales desde marzo, no mostró un avance significativo en la reflexión sobre su conducta.
Además, se destacó la falta de compromiso, evidenciada por su ausencia en una de las últimas sesiones programadas. La defensa cuestionó la falta de recursos y herramientas brindadas por el sistema penitenciario para abordar las cuestiones de fondo.
Aseguró que el hombre volverá a la calle sin “herramientas psicológicas” y criticó la falta de profesionales de la salud mental sobre todo en causas por violencia de género.
La abogada apuntó contra el servicio penitenciario que “no hizo nada” con el consumo problemático que se evidenció desde un principio. “No pudo ver a los hijos, por oposición del Fiscal. Pero el riesgo va a estar siempre. Ahora qué hizo el Estado, nada”, manifestó la letrada.
La resolución del juez de Ejecución Lucas Lizzi expuso aún más las deficiencias del servicio penitenciario rionegrino. Negó el beneficio por el “alto riesgo criminológico”, pero el condenado saldrá con su pena cumplida a mediados de octubre. La psicóloga mencionó que el condenado continúa en una relación de pareja con la víctima “lo que aumenta el riesgo que se repitan conductas violentas”.
El fiscal Oscar Cid, por su parte, se opuso firmemente a la libertad asistida, basándose en el informe desfavorable del consejo correccional y en la evaluación de la psicóloga tratante.
Destacó que la evaluación criminológica mostró altos niveles de impulsividad y un patrón de conducta que proyecta la culpa en terceros. Además, subrayó que el imputado no ha tenido acceso a beneficios menores, como salidas transitorias, debido a que no cumple con los requisitos del régimen de progresividad.
El juez Lizzi, al resolver, consideró que el alto riesgo criminológico y la falta de cumplimiento de los requisitos de progresividad justifican la negativa a la solicitud de libertad asistida.
Citó la normativa vigente y los tratados internacionales que instan a la protección de las víctimas de violencia de género. Según la resolución, la libertad asistida de T.D.S. representaría un grave riesgo para él, la víctima y la sociedad en general.
Finalmente, el juez aclaró que T.D.S. deberá cumplir la totalidad de su pena, fijada para el 16 de octubre de 2024, y que no se le concederán beneficios hasta que se demuestre un cambio significativo en su comportamiento y riesgo criminológico.
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