Explosión y muerte en Aguada San Roque: lo que ya se demostró y lo que falta probar
Dos abogados, uno de la querella y uno de la defensa, analizan la primera semana del juicio oral y anticipan lo que está por venir. Quiénes serán los testigos clave de las próximas audiencias.
Los imputados siguen el juicio en silencio, algunos toman nota de lo que declaran los testigos. Pueden pedir la palabra en cualquier momento. (Cecilia Maletti)
«Cumplimos lo prometido en el alegato de apertura. Estamos cerrando la presentación de un caso de corrupción muy claro», dice el abogado de la querella Darío Kosovsky. «Quedó demostrado que es una obra delegada en un privado, avala la postura en cuanto a que los funcionarios no son responsables de la explosión», opina el defensor Juan Coto. Uno en cada extremo, resumen lo que sucedió en la primera semana de juicio oral por las tres muertes en la escuela de Aguada San Roque.
Pasaron cinco audiencias y 30 testigos y ya se pueden sacar algunas conclusiones. En cierta medida este juicio es un viaje hacia el interior de la obra pública en Neuquén y deja en evidencia la debilidad de los controles, la informalidad, la improvisación, e instala la profunda sospecha de que todo huele a corrupción.
Darío Kosovsky dijo a diario RÍO NEGRO que «Obras Públicas certificó esta obra como terminada al 100 por ciento, incluyendo todas las tareas de gas, el 12 de marzo del 2021, y la explosión fue tres meses y medio después. Pudimos probar que desde el 12 de marzo hasta que explotó hicieron múltiples tareas de ocultamiento y de dilación para evitar aplicarle multas y sanciones a la empresa».
«Fueron inventando papeles a lo largo del tiempo, disimulando nuevas tareas por cumplir que estaban dentro del plazo originalmente comprometido por la empresa y requerido por la administración. Los funcionarios imputados en vez de proteger los intereses de la comunidad se ocuparon de defender los intereses de la empresa sobre la base de una desidia absoluta», agregó.
Imputados y víctimas
Los imputados en el juicio son el ex subsecretario de Obras Públicas (se jubiló en el cargo) Roberto Vicente Deza; el director provincial de Obras Contratadas Raúl Capdevilla (otro jubilado); el director de Obras Contratadas, Carlos Córdoba; el inspector de obra Sergio Percat; el dueño de Austral Construcciones, Héctor Villanueva Montalbán y el representante técnico de esa empresa, Diego Bulgheroni.
Las víctimas de la explosión ocurrida el 29 de junio del 2021 fueron la docente Mónica Jara, el gasista Nicolás Francés y su sobrino Mariano Spinedi, que ese día fue a ayudarlo casualmente.
Kosovksy dijo que «tres meses y medio antes de la explosión, estas personas que están acá imputadas dijeron que escuela era segura para dar clases».
«Esas instalaciones son medio clandestinas»
Respecto del audio revelado el viernes, en el cual Bulgheroni el 6 de abril del 2021 le dijo al director de Infraestructura Escolar, Gabriel Potás, que «esas instalaciones son medio clandestinas», el querellante afirmó que «lo que el propio representante técnico de la empresa le está manifestando a un funcionario público de la provincia es que había tareas clandestinas realizadas en la obra, un mes después de la certificación al 100%».
«El nivel de gravedad de estos hechos, el nivel de omisión de estos funcionarios, que no evitaron el resultado, es lo que nos da cuenta que no son negligencia, sino que son intencionales, deliberadas, son omisiones que decidieron llevar adelante, cuando sabían que las estaban cometiendo o que estaban infligiendo las normas. Cumplimos la promesa, trajimos un caso de corrupción que mató, de funcionarios que miraron para el costado, de pagos indebidos. Sabíamos que las defensas iban a querer echarle la culpa a las víctimas y creemos que no lo van a lograr», concluyó.
Olor a gas
Juan Coto, defensor de Córdoba y Capdevilla, es uno de los abogados que más interroga a los testigos. Quedó conforme con la primera semana de audiencias, aunque espera la declaración de una que considera muy importante: la directora de la escuela, Martha Báez.
«Para nosotros lo significativo es que en la obra hubo un solo gasista (por Francés), que trabajó sobre un termotanque, y la explosión se produjo por una pérdida en un calefactor que estaba tratando de arreglar. Un testigo le dijo a la mañana que había olor a gas, y el gasista decidió esperar hasta después del almuerzo para ir a verlo», señaló Coto.
Desde su punto de vista de defensor de dos funcionarios de Obras Públicas, «es una obra delegada en un privado, que tiene un representante técnico, nos parece que avala la postura desincriminatoria, en cuanto a que no son responsables de la explosión».
Enumeró también: «la obra no estaba entregada; todo el Consejo Provincial de Educación tenía para sí que en ese colegio no se daban clases presenciales, y los directores tienen potestades para no dar clases. Quedó expuesto con el ejemplo de la escuela de Aguada Toledo, que en las mismas circunstancias que Aguada San Roque, no abrió».
Los teléfonos, poco importantes
Por otro lado minimizó la información rescatada de los teléfonos celulares de los imputados. «De siete teléfonos mostraron diez mensajes, entre ellos algunos del gerente de la empresa preguntándole al director de Obras Públicas por la salud de su esposa, no es relevante. Y el resto son circunstancias propias del trabajo, cuestiones que no escapan al común denominador del trato entre la administración pública y un contratista».
En opinión de Coto, la semana que comienza hoy será relevante porque declararán peritos que analizaron las causas de la explosión y, en especial, la directora de la escuela. «Nos parece trascendente que explique cosas que no entendemos bien», anticipó.
«La pregunta es por qué convocó a clases presenciales, y qué tanto sabía Obras Públicas de que había gente en ese establecimiento», planteó. «Si el colegio estaba en obra y la directora toma decisiones, ¿por qué mi cliente se tiene que responsabilizar?«.
Además, se interrogará a los testigos «sobre ciertos trabajos adicionales, por ejemplo la instalación de un termotanque, que para nosotros fue el epicentro del problema».
¿Mudanza a Cutral Co?
Este lunes están convocados a declarar tres peritos que hablarán sobre la instalación de gas y las posibles causas de la explosión: Hugo Garrido; Braian San Martín y Gustavo Cammarota.
Durante el fin de semana, la fiscalía -Gastón Liotard, Gabriela Macaya-, las querellas -Emanuel Roa Moreno, Darío Kosovsky, Federico Egea, Juan Kairuz- y las defensas -Juan Coto, Gonzalo Rodríguez, Martín Segovia, Iván Chelia y Melina Pozzer- buscaron ponerse de acuerdo para reducir la lista de testigos y tratar de terminar con el juicio el viernes.
De lo contrario, los jueces Maximiliano Bagnat, Ignacio Pombo y Lisando Borgonovo están pensando en trasladar la sede del debate a Cutral Co para las audiencias que queden pendientes.
Por razones de agendamiento, se necesita la sala 12 de la Ciudad Judicial -donde se está desarrollando hasta ahora- para un juicio por jurados a partir del lunes 26.
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