Explosión y muerte en Aguada San Roque: «desidia», la palabra más repetida
Comenzó el megajuicio contra cuatro funcionarios y dos empresarios por el hecho ocurrido el 29 de junio del 2021 en la escuela albergue ubicada en la zona de Vaca Muerta. Cuál es el nudo de la discusión.
Los seis imputados, en segunda fila: Percat, Capdevilla, Córdoba, Deza, Villanueva y Bulgheroni. (Cecilia Maletti)
«Hay un denominador común que vamos a ver durante todo el debate: la desidia», dijo el fiscal jefe Gastón Liotard al abrir la acusación contra cuatro funcionarios y dos empresarios imputados por la explosión ocurrida en la escuela albergue 144 de Aguada San Roque en la que murieron tres personas: la maestra Mónica Jara, el gasista Nicolás Francés y su sobrino Mariano Spinedi.
Liotard agregó que «cuando se combina con ciertos intersticios del Estado que a su vez tienen connivencia con particulares que negocian con el Estado que también se comportan con desidia, el resultado termina de la forma que aquí termina, con la muerte de tres personas, por la desidia de particulares absolutamente negligentes, sin estar controlados, supervisados».
Cuándo y dónde
El hecho que se juzga ocurrió en un lugar y en un contexto que deben tenerse en cuenta. Fue en Aguada San Roque, un paraje separado por 50 kilómetros de camino de tierra de Añelo, el corazón de Vaca Muerta.
Sucedió el 29 de junio del 2021, cuando el país comenzaba a salir de a poco del encierro obligatorio por la pandemia. En esos tiempos Omar Gutiérrez gobernaba Neuquén y ya se cocinaba otro escándalo de corrupción que impactaría dos años después: la estafa con planes sociales.
Liotard, la fiscal del caso Gabriela Macaya y los querellantes Emanuel Roa Moreno, Darío Kosovsky, Juan Kairuz y Federico Egea (representan a familiares de las víctimas y a ATEN) sostienen en su acusación que los imputados omitieron controles, afirmaron que la obra estaba terminada, dijeron que todas las pruebas se habían realizado, y era falso. Se conjugaron el apuro por abrir la escuela para retomar las clases y por pagarle a la empresa que ganó la licitación.
Los seis acusados
Los imputados son el ex subsecretario de Obras Públicas (se jubiló en el cargo) Roberto Vicente Deza; el director provincial de Obras Contratadas Raúl Capdevilla (otro jubilado); el director de Obras Contratadas, Carlos Córdoba; el inspector de obra Sergio Percat; el dueño de Austral Construcciones, Héctor Villanueva Montalbán y el representante técnico de esa empresa, Diego Bulgheroni. A los funcionarios nunca les hicieron un sumario, menos aún los separaron del cargo. Ahora enfrentan acusaciones por delitos penados con hasta 10 años de prisión.
La obra de ampliación y refacción fue solicitada por el Ministerio de Educación y la licitación privada estuvo a cargo de Obras Públicas. Ganó Arte Construcciones que subcontrató de manera irregular a un hombre llamado Eduardo Afione, quien inexplicablemente pudo zafar de este juicio oral.
Afione contrató al gasista Nicolás Francés también de manera irregular e informal. Su esposa Marcela Altube, que declaró como testigo, dijo que Afione «jamás» fue a la escuela, que le daba «tutoriales por teléfono» a su marido sobre los trabajos que debía realizar, y que «nunca» aparecieron los planos de la obra.
Eso sí, Francés estaba convencido de que Afione era representante de Arte Construcciones.
Las irregularidades
Entre muchas irregularidades que enumeró, el querellante Emanuel Roa Moreno afirmó que «nunca se dio aviso a YPF Gas» que se estaban realizando los trabajos. La empresa es la dueña del zepelin que provee el fluido a la escuela.
«Durante este juicio veremos omisiones deliberadas. Se certificaba el avance de obra sin ir a la obra. Veremos actas que afirman haber realizado constataciones estando presentes determinadas personas y no estaban en Aguada San Roque en ese momento», añadió.
La estrategia de la defensa
La estrategia de las defensas ocupa un amplio espectro: desde culpar al gasista Nicolás Francés por la explosión hasta responsabilizar a la directora de la escuela por haber recibido la obra sin estar terminada y retomar la presencialidad pese a que no estaba la prueba de hermeticidad. Pero el nudo central es despegar a los funcionarios de toda responsabilidad.
«La acusación nos presenta un catálogo de supuestas omisiones, pero no nos cuentan cómo desde estas omisiones se llega al resultado: la explosión», sintetizó el abogado Gonzalo Rodríguez.
Su colega Iván Chelia dijo que las presuntas irregularidades «son ajenas al ámbito penal. Pueden ser del civil, administrativo o laboral».
Los límites de las audiencias
El juicio se extenderá por dos semanas. El tribunal, integrado por Maximiliano Bagnat, Lisandro Borgonovo e Ignacio Pombo, les advirtió a las partes que las audiencias serán de 9 a 13 y de 14 a 17. En ese tiempo tendrán que encorsetarse los 108 testigos citados a declarar. (La cifra la dio Bagnat, otros hablan de 171).
Si bien el debate se desarrolla en la sala 12 de la Ciudad Judicial de Neuquén, toda la organización está a cargo de la Oficina Judicial de Cutral Co, por razones de jurisdicción.
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