Explosión y muerte de Aguada San Roque: los responsables de que la escuela estuviera abierta
La directora de la escuela se presentará esta semana como testigo. Las defensas pretenden responsabilizarla de lo que sucedió, pero hay indicios de que otros funcionarios por encima de ella incumplieron con sus deberes.
En la escuela se mantiene el recuerdo permanente de la docente Mónica Jara. (Matías Subat)
Esta semana declarará Martha Báez, directora de la escuela albergue 144 de Aguada San Roque al momento de la explosión que causó tres muertes el 29 de junio del 2021. Si se cumple con lo previsto, las defensas de los seis imputados tratarán de adjudicarle una decisión fundamental: abrir la escuela pese a que la obra de gas no había terminado. Pero la trama nunca es lineal, y faltan muchos protagonistas con mayor grado de responsabilidad.
Cuando Báez asumió la dirección de la escuela, la obra de ampliación y refacción ya estaba en marcha. La había adjudicado Obras Públicas a la empresa Arte Construcciones, que subcontrató irregularmente a un hombre llamado Eduardo Afione, quien tenía al menos cuatro empleados sin registrar, entre ellos el gasista Nicolás Francés, una de las víctimas.
El 11 de junio del 2021, mediante resolución 440, el Consejo Provincial de Educación dispuso restablecer la presencialidad en el dictado de clases en una serie de establecimientos, entre ellos el de Aguada San Roque. Recién se salía de la pandemia gracias a la campaña de vacunación masiva.
La pregunta que ronda desde el primer día es: ¿quién tenía que avisar que esa escuela estaba en obra, y por lo tanto no se podían dar clases presenciales? ¿Todo es responsabilidad de la directora?
Dos sobreseimientos
En la jungla de cargos del Estado, hay varias lianas que llevan a puestos superiores al de Martha Báez. Dos en concreto: la Dirección General de la Modalidad Rural, a cargo de Fabio Luna, y la Dirección Provincial de Nivel Primario, cuya titular era Patricia Delia Cressatti.
Estuvieron imputados en un tramo de la investigación. La acusación fue por «no haber informado al Consejo Provincial de Educación que la escuela primaria rural 144 de Aguada San Roque se encontraba en obra, por lo que ese establecimiento escolar no estaba en condiciones de volver a las clases presenciales».
Luna y Cressatti fueron sobreseídos y no están en este juicio. El juez Mario Tommasi, ya jubilado, consideró que la conducta de ambos «fue atípica, no se adapta al Código Penal».
«Todos nos equivocamos»
Su resolución incluyó argumentos sorprendentes. Por ejemplo cuando dijo: «Si prosperara esta acusación, el 98% de la administración pública estaría procesada. Todos nos demoramos en presentar informes, en realizar pruebas. Obviamente esto adquiere una tremenda relevancia por el resultado muerte de tres personas. Pero el resultado no debe influir en este análisis. Todos nos equivocamos».
Otra de las preguntas que deja abiertas este juicio es inquietante: ¿se encuentra el Estado en condiciones de investigarse a sí mismo?
El juicio continúa
Las audiencias seguirán este lunes contra el ex subsecretario de Obras Públicas (se jubiló en el cargo) Roberto Vicente Deza; el director provincial de Obras Contratadas Raúl Capdevilla (otro jubilado); el director de Obras Contratadas, Carlos Córdoba; y el inspector de obra Sergio Percat; el dueño de Arte Construcciones, Héctor Villanueva Montalbán y el representante técnico Diego Bulgheroni.
Las víctimas de la explosión del 29 de junio del 2021 fueron la docente Mónica Jara, el gasista Nicolás Francés y su sobrino Mariano Spinedi, quien ese día había concurrido ocasionalmente a ayudarlo.
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