Explosión en Aguada San Roque: «esas instalaciones son medio clandestinas», dijo un imputado
En la quinta jornada de juicio oral se difundieron audios y mensajes de Whatsapp que comprometen a los acusados. Además volvió a hablarse de la polémica resolución 440 del CPE, que obligó a retomar la presencialidad tras la pandemia.
Leando Giardilli, experto en telefonía celular del Poder Judicial de Neuquén, analizó los dispositivos de los imputados. (Cecilia Maletti)
Las comunicaciones telefónicas que mantuvieron los imputados entre sí y con un funcionario de Infraestructura Escolar cuentan una historia distinta de la que reflejan los expedientes administrativos. En los papeles, la obra de ampliación de la escuela albergue de Aguada San Roque estaba terminada el 12 de marzo del 2021, pero en los hechos, se siguió trabajando hasta el 29 de junio de ese año, cuando ocurrió la explosión que causó la muerte de la docente Mónica Jara, el gasista Nicolás Francés y su sobrino Mariano Spinedi.
Los mensajes de texto y de voz fueron recuperados por un experto informático del Poder Judicial, Leandro Giardilli, que declaró en la quinta audiencia del juicio oral que se sigue contra el ex subsecretario de Obras Públicas (se jubiló en el cargo) Roberto Vicente Deza; el director provincial de Obras Contratadas Raúl Capdevilla (otro jubilado); el director de Obras Contratadas, Carlos Córdoba; y el inspector de obra Sergio Percat; el dueño de Arte Construcciones, Héctor Villanueva Montalbán y el representante técnico Diego Bulgheroni.
En el marco de la investigación fueron secuestradas cuatro computadoras y nueve celulares, de los cuales Giardilli pudo abrir siete. Utilizó un software israelí que, según dijo, es número uno en el mundo.
El contexto de la causa
Como siempre, el contexto es importante. La obra fue requerida por el Consejo Provincial de Educación, que tiene un área de Infraestructura Escolar a cargo del arquitecto Gabriel Potás. No está imputado en esta causa por una decisión del Tribunal Superior de Justicia que se basó en un criterio técnico.
La licitación privada la hizo Obras Públicas, la contratista fue Arte Construcciones, pero subcontrató -sin que figure en ninguna parte- a un hombre llamado Eduardo Afione, que tampoco está sentado en este juicio porque -otra vez el TSJ- le dio una suspensión de juicio a prueba.
Afione contrató a su vez, de manera informal -sin aportes ni seguro- a los albañiles y al gasista Francés. Según declaró uno de sus empleados, sigue trabajando para el Estado; por lo menos hasta el viernes pasado lo hizo en el Hospital Norpatagónico.
Otra nota al pie: a Percat, el que debía inspeccionar la obra que explotó, le encargaron después la inspección de la ampliación del sector de Pediatría del Hospital Castro Rendón, según relevaron los querellantes.
El expediente vs. los audios
Volviendo a la obra de Aguada San Roque. El 12 de marzo del 2021 se firmó un documento según el cual ya estaba terminada, incluida la parte del gas. Pero de los teléfonos secuestrados, el perito rescató varios mensajes posteriores a esa fecha que resultan de interés y que fueron difundidos en la audiencia del viernes. Por ejemplo, un audio que le envió Bulgheroni a Potás el 6 de abril del 2021:
«Estuve haciendo un relevamiento y son muchísimo los calefactores de antes, son como 20», dice en una parte.
«Ahí como que vi que esas instalaciones son medias no sé si clandestinas o qué sé yo, pero lo que voy a tener que hacer es un relevamiento de todo», le cuenta Bulgheroni a Potás en otro tramo.
Se recuerda, Bulgheroni era el representante técnico de la empresa encargada de la obra.
«Algunos manguitos más en el gasista»
Aunque en los papeles la obra estaba terminada y la escuela en condiciones de ser habilitada, más adelante le informa: «O sea para dar gas vamos a tener que relevar todo, capaz que ese relevamiento de lo existente de alguna manera lo meto en pintura en algún lado, pero me voy a gastar unos manguitos más en el gasista que nos hizo la cosa«, en aparente alusión a la manera que le pagaría a Francés.
Otro testigo fue el sargento primero Manuel Riquelme Jara, quien hizo un estudio de geolocalización de los teléfonos de algunos de los imputados: Bulgheroni, el inspector Percat y Carlos Córdoba.
Determinó que en las fechas que -según el expediente- figura que se encontraban en Aguada San Roque, en realidad sus teléfonos al menos estaban en Neuquén e incluso en San Martín de los Andes. Sumado a otras pruebas, por ejemplo testigos que no los vieron en el paraje, se consolida una sospecha en su contra.
¿Qué dispuso la resolución 440/21?
Danilo Casanova fue un testigo importante de la quinta jornada por otros motivos. En 2021 era vocal por el Poder Ejecutivo en el CPE, y fue uno de los tres que firmó la resolución 440, que dispuso el regreso a la presencialidad después del aislamiento obligatorio por el Covid.
Dijo que la decisión se tomó con un criterio epidemiológico, que tuvo en cuenta la cantidad de alumnos y docentes vacunados.
Respecto de la obra en la escuela 144 de Aguada San Roque dijo que no tenía precisiones. Sin embargo, el perito informático Giardilli que declaró en primer término encontró un intercambio de mensajes entre Casanova y el imputado Raúl Capdevilla que demuestran que le consultó sobre ese tema y recibió respuesta. «Puede ser, no recuerdo», dijo el exvocal del CPE.
Localidades, parajes, escuelas
Casanova indicó que la resolución 440 obligaba a retomar la presencialidad «a localidades y parajes» y que «cada escuela en base a su estado tomaba las decisiones».
Los querellantes Darío Kosovsky y Federico Egea le hicieron notar que en Aguada San Roque había una sola escuela y estaba en obra. «La localidad estaba en condiciones de volver a la presencialidad», insistió el exvocal.
A preguntas de los defensores, puso como ejemplo que la escuela de Aguada Toledo no estaba en condiciones y no retomó la presencialidad.
La estrategia de la defensa es responsabilizar a la directora de la escuela 144, Martha Báez, de haber abierto la escuela por su cuenta. La docente todavía no declaró como testigo.
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