Exfuncionaria municipal va a juicio por estafas con lotes y viviendas en Bariloche
Se trata de Laura Zannoni quien habría ofrecido lotes argumentando que era funcionaria del Ippv.
La audiencia se extendió por más de dos horas. Foto: Chino Leiva
El juez de Garantías Juan Martín Arroyo rechazó el pedido de sobreseimiento de Laura Zannoni en la investigación de tres casos de estafa con lotes y viviendas. De esta forma, avanza al juicio en el que, durante tres días, declararán 22 testigos.
Zannoni fue presidenta del Instituto Municipal de Tierras durante el primer gobierno de Gusatvo Gennuso. Los hechos denunciados se registraron tiempo después.
El fiscal Tomás Soto relató los tres hechos que se le imputan a Zannoni y que al ser unificados en un único legajo, recibirán un único tratamiento.
En el primer caso, una pareja, Juan Mercado y Marta Quintrilef, se reunieron con Zannoni en noviembre de 2019 para pactar la compra de un lote ubicado en el barrio Entre Cerros, por 1,2 millón pesos.
Zannoni les presentó a Norberto Gutiérrez, acusado de al menos 38 casos de estafa, y acordaron la “cesión de derechos y acciones posesorias por el inmueble” en favor de los compradores. Estos entregaron a Zannoni 630 mil pesos y 28 pagarés por la diferencia.
“Las víctimas tomaron posesión del lote, hicieron la mensura, lo alambraron hasta que el 16 de enero de 2021, el alambrado fue removido y se encontraron con el cartel de una inmobiliaria. Iniciaron acciones judiciales por usurpación”, indicó Soto, al tiempo que recalcó que en este caso a Zannoni se la acusa por estelionato.
El segundo hecho fue denunciado por Magdalena Sánchez, que no llegó a abonar los 600 mil pesos para acceder a una casa del IPPV porque en ese momento no tenía el dinero. “Hubo una maniobra que no logró concretar. Zannoni se hizo pasar por abogada del Ippv. En este caso, se le adjudica la coautoría de estafa en grado de tentativa”, agregó Soto.
El último hecho involucró a Samanta Toja Pose, su pareja y su hermano, interesados en adquirir una casa del IPPV que fue ofrecida por Zannoni. “También hubo una puesta en escena que terminó en un perjuicio patrimonial. La maniobra de engaño consistió en hacerse pasar por abogada del Ippv y ofrecer viviendas a cambio de dinero. Decía que eran casas que no habían sido adjudicadas y se las estaba ofreciendo a familias que necesitaban”, ahondó Soto.
Las víctimas llegaron a pagarle 300 mil pesos, cada una. Pero después de la detención de Gutiérrez, Zannoni se reunió con Toja Pose y le propuso devolverles el dinero a cambio de que no la denuncien.
El abogado defensor Alejandro Pschunder insistió en el sobreseimiento de su clienta, argumentando que no hizo contratos, sino asesoramiento. “La teoría del caso es que en estos hechos no hay culpabilidad ni responsabilidad. Para el caso de Samanta Toja Pose, una de las damnificadas, estoy pidiendo la suspensión del juicio a prueba”, indicó.
Soto rechazó el pedido y resaltó que “una persona no puede vender un bien ajeno bajo engaño, es decir, estelionato”. También recordó que “Gutiérrez aceptó sus hechos. Hay una aceptación de responsabilidad”.
En este sentido, Pschunder solicitó que Gutiérrez sea citado como testigo. “Dicen que él admite la responsabilidad y la coautoría con mi clienta, pero la sentencia no dice eso. A Zannoni no le encontraron planchetas del Ippv: ella sólo asesoró. Acá hay graves errores de derecho civil y no podemos condenarla ni llevarla a juicio. Cuando ella advierte la maniobra, en el tercer caso, devuelve el dinero. ¿A dónde está el dolo? La señora Magdalena ni siquiera quiso hacer la denuncia”, dijo Pschunder y concluyó: “Si a Gutiérrez lo condenaron es problema de él. Que Gutiérrez aceptó la responsabilidad de mi clienta es mentira”.
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