Estafa con planes sociales: Soiza volvió a hablar y dijo que está cumpliendo un «castigo» político y mediático
El exdirector de Planes Sociales de Neuquén pidió la palabra en la audiencia en la que se extendió su prisión preventiva por otros seis meses. El otro imputado, Marcos Osuna, presentó un descargo escrito en el que se desligó de la maniobra.
Soiza y Osuna continuarán otros seis meses con prisión preventiva. Foto: Matías Subat.
El exdirector de Planes Sociales del ministerio de Desarrollo Social de Neuquén, Ricardo Soiza, aseguró ayer que está cumpliendo un «castigo» político y mediático por la prisión preventiva que ayer se le extendió por otros seis meses. El imputado por la estafa con planes sociales pidió hablar en la audiencia que se realizó ayer para resolver la continuidad de la medida de coerción que pesa sobre él y Marcos Ariel Osuna, quien también intentó mejorar su situación procesal a partir de un descargo escrito.
«Hay cosas que no entiendo porque estoy privado de mi libertad, estoy privado de mi derecho como ciudadano. Todas las asusaciones que reaen sobre mí de la fiscalía son mentiras, nunca participé de ninguna reunión, nunca estuve en ningún acto, nunca mandé a retirar nada. No sólo eso, sino que cuando lo hicieron en mi casa sí se llevaron mis celulares, mis computadoras», sostuvo Soiza.
La justificación fue para responder el planteo del fiscal jefe Pablo Vignaroli, quien pidió la continuidad de las prisiones preventivas por entender que los riesgos procesales «siguen vigentes» y que ambos imputados habían realizado acciones contra otros coimputados para entorpecer la investigación y «hacer que no es encontraran dispositivos electrónicos o que se les borrara información».
Soiza también habló de un «perjuicio moral» que le hicieron manteniéndolo detenido. «Soy una persona cerca de los 70 años. Mi buen nombre que tengo frente a la sociedad, que tenía, con esta causa se me ha caído. No puedo entender por qué estoy detenido», insistió.
Dijo que el área de Planes Sociales estaba «dividida en dos» y que él manejaba la parte política, pero «el área contable la manejaba (Néstor Pablo) Sanz directamente con el ministerio».
«No tengo nada que decir»
Sanz es el único de los imputados como jefes de la asociación ilícita que está con prisión domiciliaria, luego de que declarara como arrepentido y aportara más información de la maniobra. Soiza criticó que el exdirector de Fiscalización «reconoce cosas que no reconocía antes, que recogía el dinero, que lo entregaba».
«La verdad no entiendo por qué estoy cumpliendo este castigo. Que es una cuestión política lo tengo claro, que fue mediática también, y que la presión que está ejerciendo la fiscalía es para que haga lo mismo que hizo Sanz de hablar o involucrar a gente y obtener un beneficio. No tengo nada que decir, no voy a contar un cuento que no sé cuál es como hicieron otros», sostuvo.
El descargo de Osuna
Marcos Ariel Osuna, quien se desempeñaba en Desarrollo Social como responsable de Gestión de Programas, envió un descargo por escrito a la fiscalía el 3 de enero.
Allí hizo saber «su versión de los hechos, de que no hubo de su parte conductas que obstaculizaran este proceso», según contó ayer la defensora pública Eliana Lazzarini.
«Respecto de las conductas atribuidas, refirió que no había incorporado gente, que respondía órdenes de superiores, que no tenía poder de decisión, jamás pidió eliminar ningún tipo de información, no amenazó a nadie ni participó de ningun acuerdo para realizar conducta delictiva alguna», aseguró.
Sin domiciliarias
Para el fiscal jefe Pablo Vignaroli, los dichos de Osuna no aportaron ningún elemento nuevo para que su situación varíe. «Todo lo nuevo, y que es del avance de la investigación, la hace cada vez más sólida y trae el juicio cada vez más cerca», dijo por el contrario.
El objetivo de Osuna, al igual que el de Soiza, era acceder a la prisión domiciliaria. Pero la jueza de Garantías, Carina Álvarez, consideró que el descargo «no tiene la entidad» como para mermar el riesgo procesal de entorpecimiento. «El riesgo es vigente, actual y hay que neutralizarlo», planteó.
Ambos continuarán con prisión preventiva hasta junio de este año. Ese mes también vencerá el plazo para que la fiscalía eleve a juicio la causa.
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