Estafa con planes sociales en Neuquén: más arrepentidos, presiones políticas y pactos rotos, todo lo que pasó en la audiencia
La jueza Estefanía Sauli decidirá este viernes cómo sigue la situación procesal de Ricardo Soiza, Néstor Sánz y Marcos Osuna. Puede renovarles la prisión preventiva o concederles algún beneficio, a todos o a algunos.
Sánz en un extremo de la mesa, Soiza en el otro. Volvieron a compartir un ambiente desde la confesión del primero. (Matías Subat)
La causa planes sociales no para de acumular arrepentidos que se neutralizan unos a otros. Cuando todavía deslumbra la declaración de Néstor Pablo Sánz, acusado de ser uno de los cinco líderes de la organización que estafó con el uso de tarjetas de débito en Neuquén, apareció de la nada un hombre que le restó credibilidad. La fiscalía se encargó de demoler el resto de la edificación construida con paciencia por el imputado hasta reducirla a escombros: «no agregó nada nuevo ni sustancioso que permita ampliar la imputación a otras personas», dijo el fiscal jefe Pablo Vignaroli sobre Sánz, y reclamó que le extiendan la prisión preventiva por seis meses más.
«Está claro, van a cortar las responsabilidad acá, no van a investigar a nadie más», dijo a este medio el abogado de Sánz, Gustavo Palmieri. En una audiencia realizada este jueves pidió la libertad de su defendido y pronosticó que la causa puede terminar «como las investigaciones de Temux o los créditos del Iadep», dos escándalos de corrupción que quedaron en nada. El fiscal en ambos casos fue Vignaroli, quien lo miraba fijamente.
Por su parte Vignaroli negó ante una consulta de diario RÍO NEGRO que tenga un doble estándar con los arrepentidos. «Todos vienen a declarar buscando mejorar su situación, nosotros tenemos que analizar el aporte que hacen. Sánz no dijo nada que no supiéramos y no apuntó hacia arriba», dijo.
-¿Hacia atrás tampoco? ¿Van a investigar lo que dijo sobre gestiones anteriores en Desarrollo Social?
-Se abrirá un legajo -respondió.
El ambiente en la sala
La audiencia de este jueves ante la jueza Estefanía Sauli se realizó para analizar un pedido de la fiscalía de Delitos Económicos para extender la prisión preventiva de los únicos tres detenidos en la causa planes sociales: Ricardo Soiza, Néstor Sánz y Marcos Osuna. (Spoiler: no lo resolvió de inmediato, dará su resolución el viernes a las 8:30).
Los dos primeros fueron sentados en los extremos de la mesa ocupada por los defensores Esteban Sampayo, Gustavo Palmieri y Fernando Diez. En la sala había familiares de los imputados y muchos medios de prensa.
Al comienzo de la jornada, a las 9, el fiscal del caso Juan Manuel Narváez señaló los peligros procesales que existen si se deja en libertad a los tres detenidos. Se refirió sobre todo a la declaración de tres mujeres y un varón que fueron las primeras arrepentidas de la causa, allá por junio. Denunciaron aprietes por parte de Soiza, Sánz y Osuna.
Aludió también a una testigo de identidad reservada que en septiembre aportó datos que permitieron hallar un servidor secreto con información en la dirección de Planes Sociales.
Sánz «no dijo toda la verdad»
Al fiscal jefe Pablo Vignaroli le tocó referirse a la declaración de Sánz, quien el 1 de noviembre aportó información durante casi tres horas sobre la modalidad de la estafa. Añadió que se viene desarrollando desde hace años, y dio los nombres de otros posibles implicados. También describió la ruta del dinero.
Vignaroli minimizó el aporte del arrepentido. «Analizando las manifestaciones de Sánz vemos que no agrega nada nuevo ni sustancioso que permita ampliar la imputación a otras personas», dijo.
Pero además demolió su credibilidad. «Sánz no dijo toda la verdad», afirmó el fiscal.
Habló con detalle de sus movimientos de dinero, los de su expareja Valeria Honorio y de la actual, Isabel Montoya (ambas imputadas). Las cifras son millonarias, y no se corresponden con los ingresos declarados por ninguno de los tres.
Por ejemplo, en 2022 Sánz declaró ingresos brutos anuales por 1.832.237,71 pesos (por su empleo en Desarrollo Social) pero le acreditaron 4.634.027 pesos «cuyo origen se desconoce».
El nuevo arrepentido
La estocada final la aportó otro arrepentido, que se presentó el miércoles a declarar en la fiscalía. Según explicó Vignaroli, se sintió aludido por las declaraciones de Sánz y concurrió espontáneamente a hacer algunas aclaraciones, desfavorables para el detenido.
Se llama Guillermo Meza, es el padre de un imputado del mismo nombre, y declaró que le alquilaba autos de manera irregular a Sánz quien además lo contrató para trabajos en un barrio privado de Plottier donde Valeria Honorio se construía la casa.
Según Meza, Sánz le entregó 1,7 millón de pesos para materiales y le pagó 100.000 pesos por mes.
En tiempo récord la fiscalía consiguió los contratos y citó a declarar a la administradora del barrio privado, quien confirmó los ingresos y salidas del flamante arrepentido.
Meza declaró sin juramento de decir verdad, con presencia de un abogado defensor, y será imputado en la causa como partícipe de la estafa.
Vignaroli reconoció que hubo una «expectativa conversada, nunca comprometida» de otorgarle la prisión domiciliaria a Sánz, pero llegó a la conclusión de que el arrepentido «no colaboró». Por eso el miércoles llamó al defensor Palmieri y le anticipó que pedirían la extensión de la prisión preventiva.
Falsedades y filtraciones
La réplica de Palmieri fue profunda. Dijo que la fiscalía tiene derecho a cambiar de opinión, pero reveló que «el fiscal Narváez me dijo el viernes pasado ‘te tenemos buenas noticias, aceptamos la morigeración’. No pueden afirmar en la audiencia cosas que no son ciertas».
Respecto del peligro de entorpecimiento de la investigación, atacó «la ineptitud del Estado» que «no evitó una filtración de información» que hizo fracasar el primer allanamiento, en septiembre del año pasado.
«El primer entorpecimiento viene de ustedes -dijo Pamieri señalando a los fiscales- no de los imputados».
Luego mencionó que en la anterior audiencia de ampliación de formulación de cargos «la fiscalía no dijo nada sobre el destino de los fondos» robados a la administración pública mediante la maniobra con los planes sociales.
Las presiones políticas
«Llama la atención que 28 personas estén sin ninguna medida cautelar, de las 31 imputadas. Lo que el Ministerio Público Fiscal nos está diciendo es que los allanamientos que culminaron en la detención de estas personas fueron producto de presiones políticas absolutamente indebidas del gobernador electo, que tuvo el tupé de decir ‘me he comunicado con gente del Poder Judicial’ y al día siguiente ocurren los allanamientos y detenciones», remarcó Palmieri.
«El poder político se interesó en esta causa, y entonces oh coincidencia, los fiscales actuaron promoviendo la detención de estas personas», ironizó.
También dijo que la fiscalía está preocupada «por mantener a estas personas privadas de la libertad ante presiones del poder político, para no mostrar algún signo de debilidad y para no mostrar que parecería que habría algún acuerdo espurio, que no lo hay, porque los acuerdos y la posibilidad de que una persona mejore su situación procesal forman parte del litigio en todas las causas».
«La declaración de Sanz produjo un cambio radical, en esta bendita provincia donde existe casi o nada de control sobre los actos de gobierno, de los actos de corrupción. Me viene al memoria Temux, los créditos de Iadep, que ojalá no pasen de vuelta y tengamos una respuesta de calidad», dijo Palmieri sabiendo ante quién hablaba.
En ese contexto «que se afirme que Sanz sigue entorpeciendo la investigación me parece un sinsentido», agregó.
Pedido de domiciliaria
Palmieri pidió la libertad de Sánz o su detención domiciliaria, y lo mismo hizo el defensor Esteban Sampayo respecto de Soiza.
Sampayo remarcó que «las declaraciones de un imputado no pueden fundamentar la condena de otro imputado. No son prueba. No podemos confundirlos con un testigo».
También pidió la libertad de su asistido Fernando Diez, el defensor público jefe que representa a Osuna.
Los tres están detenidos por peligro de entorpecimiento de la investigación. No los perjudica ni los beneficia colaborar con la investigación, no están obligados a hacerlo por su condición de imputados. Sí se puede tener en cuenta su conducta procesal al momento de resolver el monto de la condena, si los declaran culpables.
Hablan los imputados
Al final de la audiencia, Soiza, Sánz y Osuna hablaron brevemente. Dijeron que desde que están detenidos no perciben ningún ingreso y no pueden mantener a sus familias.
En el caso de Soiza, agregó que la situación de su restorán Faraón es crítica, porque «aunque parezca una pequeñez soy el que le doy el toque a la comida árabe, y no estoy».
Antes de disponer un cuarto intermedio hasta el viernes a las 8:30, la jueza Sauli preguntó si el cambio de criterio de la fiscalía (que le había prometido la domiciliaria a Sánz) se debió exclusivamente a la declaración del nuevo arrepentido Meza. La respuesta fue afirmativa.
Comentarios