Estafa con planes sociales en Neuquén: la fiscalía espera más arrepentidos
Algunos de los imputados podrían presentarse a declarar. Ya hubo contactos informales con los fiscales que investigan la estafa. La ampliación de la formulación de cargos fue avalada por la jueza de Garantías.
El equipo de la acusación: asistentes letradas Agustina Jara y Tanya Cid; fiscal del caso Narváez y fiscal jefe Vignaroli. (Archivo/Matías Subat)
La jueza de Garantías Estefanía Sauli avaló en todos sus términos la ampliación de la formulación de cargos de la fiscalía contra las 30 personas acusadas de formar una asociación ilícita en el Ministerio de Desarrollo Social de Neuquén para quedarse con dinero destinado a los sectores más vulnerables.
En la resolución que dio a conocer este viernes, la jueza afirmó que la conducta de la organización «afectó la confianza social».
«El orden público es el respeto a la ley de una comunidad, y este respeto se vio afectado en función de estos hechos que se están investigando», dijo Sauli.
En la parte más severa de su resolución, agregó: «La asociación ilícita investigada tenía como fin generar un perjuicio patrimonial al Estado provincial» mediante «el cobro indebido de un plan social destinado a quienes no poseían trabajo, y me pregunto si esto no tiene un impacto en la tranquilidad y confianza de los neuquinos».
«Esto afecta la confianza de todos los neuquinos que pagan sus impuestos, realizan sus aportes y contribuciones al Estado provincial, y a ese dinero se le da una utilización distinta para el que supuestamente estaba previsto, en este caso, ayudar a los más vulnerables», remarcó.
Los jefes de la asociación ilícita
La jueza tuvo por formulados los cargos e imputó como jefes de la asociación ilícita al exministro de Desarrollo Social Abel Di Luca; al coordinador Provincial de Administración del Ministerio, Tomás Siegenthaler; y a los tres únicos detenidos hasta el momento: el exdirector de Planes Sociales, Ricardo Soiza; el exdirector de Fiscalización del Ministerio, Néstor Pablo Sánz; y el exjefe del departamento de Gestión de Programas, Marcos Ariel Osuna.
También les imputó los delitos de fraude a la administración pública y defraudación especial por el uso no autorizado de tarjeta de débito.
Otras 25 personas quedaron imputadas de los mismos delitos, pero como partícipes.
«Cada uno tenía una tarea»
La jueza Sauli señaló que «no se trataba de hechos aislados, donde cada persona hacía lo que quería, sino que había una modalidad, una organización para llevar adelante estas maniobras, y en donde cada uno tenía una tarea distintiva».
«Algunos una tarea más administrativa de firmar órdenes, decretos, extensiones, enviar los listados, con el fin de que el Banco Provincia de Neuquén hiciera las acreditaciones. Y otros tal vez una tarea más de campo: los que tenían que buscar o reclutar a los supuestos beneficiarios y luego hacer las extracciones» con las tarjetas de débito que les retenían.
«Se podían negar»
Sobre estos últimos, dijo que «a las órdenes impartidas se podían negar, tenían la capacidad de decir ‘no’. Sin embargo, sabiendo que las tarjetas eran ajenas, sacaban dinero y no se lo entregaban a los beneficiarios, sino a los jefes de la banda. Sabían lo que hacían, era fácil advertir la irregularidad, y sin embargo lo hicieron durante dos años».
De acuerdo con la acusación del fiscal jefe Pablo Vignaroli y el fiscal del caso Juan Manuel Narváez, entre el 20 de septiembre del 2020 y el 31 de julio del 2022, cuando se descubrió la maniobra, los imputados realizaron 9303 estafas (se computa cada extracción o cobro de cheques) por 153.367.900 pesos.
Cumplida la formulación de cargos, la próxima novedad podría ocurrir el 29 de noviembre cuando se cumple el plazo de un año para la investigación. Ese día, la fiscalía de Delitos Económicos debería pedir que la causa vaya a juicio oral.
Conversaciones informales
Sin embargo, los fiscales no descartan que en los próximos días aparezcan más arrepentidos dispuestos a colaborar con la investigación.
Ya hay cuatro, tres mujeres y un varón, quienes se presentaron en la fiscalía después de las elecciones del 16 de abril en las que Rolando Figueroa destronó al Movimiento Popular Neuquino de la gobernación. Siguen imputados en la causa, pero su situación podría aliviarse debido a la colaboración que prestaron.
Una quinta mujer, que estaba imputada, ya quedó desligada y declaró como testigo de identidad reservada.
Fuentes de la fiscalía indicaron que hubo contactos informales con algunos de los defensores de los imputados, quienes manifestaron que sus clientes tienen la intención de declarar.
Uno de esos abogados fue consultado por diario RÍO NEGRO sobre si su clienta era una arrepentida, y contestó: «no, por ahora».
También se supo que con algunos de los imputados se conversó sobre la posibilidad de que admitan su responsabilidad en el hecho y reciban una condena en suspenso sin ir a juicio. Por ahora no se concretó ningún acuerdo.
Los roles de Di Luca y Siegenthaler
El exministro Abel Di Luca (quien sigue con parte de enfermo, y asistió a la audiencia por Zoom) y el coordinador provincial Tomás Siegenthaler “manejaban los montos globales y tenían conocimiento de los listados paralelos, porque eran remitidos a ellos por mail”, señaló la jueza Sauli.
Agregó que como Coordinador, Siegenthaler “daba inicio a los alcances de cada expediente administrativo, mes a mes. A su vez recibía el monto global del dinero destinado en teoría al subsidio, y les daba órdenes a los directores del área (también imputados contador José María Gallo; Carolina Reznik, directora General de Finanzas, y Julieta Oviedo directora de Tesorería), para que realizaran los trámites administrativos pertinentes para que la maniobra pudiera llevarse a cabo”.
Añadió Sauli que el rol que se le asigna a Siegenthaler como jefe deriva de las declaraciones de los arrepentidos.
“La fiscalía trajo evidencias que amplían el circuito administrativo que tenían los planes” y que incluían el área de Coordinación.
Desde Coordinación “se ordenaba al BPN la acreditación del dinero. La intervención de esta área era imprescindible para realizar la maniobra”, continuó.
Los montos globales “los manejaban Di Luca y Siegenthaler, y tenían conocimiento de los listados paralelos porque eran remitidos a ellos por mail. Una vez librados los cheques y la orden al banco para que acreditara los montos, se giraba el expediente a Siegenthaler para que Soiza agregara el listado paralelo”.
La fiscalía debe dar información
El abogado e imputado Alfredo Cury había cuestionado la presunta «falta de objetividad» por parte de la fiscalía por la forma en que daba a conocer el avance de sus investigaciones a través de la prensa.
La jueza Sauli le respondió que «la publicidad es una de las facultades del Ministerio Público Fiscal, no sólo a través de su página web sino también en general».
«La fiscalía no sólo puede hablar en audiencia sino también debe satisfacer el derecho a la información», continuó. «En función del rol que tiene el Ministerio Público, que es representar a la sociedad, debe brindar información a quien representa».
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