Estafa al Ipross: tres años y una jueza con la paciencia al límite
La investigación penal cumplió 36 meses y se acerca al plazo máximo permitido. La última audiencia fue con fuertes cruces entre las partes. Finalmente, se ratificaron los embargos e inhibiciones a los acusados.
La audiencia de ayer, en la que se confirmaron las medidas cautelares contra los principales acusados (der. centro).
“¡Yo ya no sé de dónde sacar paciencia!”
No lo dijo un padre o una madre. No se escuchó en una escuela. La reacción fue de una jueza, ante dos abogados, en los tribunales provinciales de Roca. Y en esas palabras quedó confirmado que, tres años después de la denuncia, la millonaria estafa al Ipross sigue investigándose dentro de un marco de alta tensión.
La magistrada con los nervios bajo recurrente desafío es Natalia González. Y los abogados reprendidos fueron Patricia Espeche y Federico Rosbaco. Ella defiende a tres farmacéuticos y a la exauditora del Colegio de Farmacéuticos de Río Negro, principales acusados por el enorme perjuicio a la obra social provincial. Él es representante de Fiscalía de Estado, querellante en esta causa que se abrió el 13 de mayo del 2019 y que está cada vez más apremiada por el calendario. Si en septiembre próximo no hay pruebas firmes para llegar al juicio, todo el proceso penal se desvanecería.
El último cruce se dio el viernes pasado, en una audiencia convocada por pedido de la defensa de Raúl Mascaró, Fabio Caffaratti, Rodolfo Mastandrea y Sandra Fasano. El reclamo se centró en la necesidad de que se revoquen las medidas cautelares impuestas contra esos cuatro acusados. Espeche aseguró que -si nunca tuvieron sentido- los embargos y la inhibición general de bienes estaban ahora mucho menos justificados.
La defensora consideró que las condiciones se habían modificado, principalmente a partir de la demanda que la Fiscalía de Estado interpuso el año pasado en el fuero contencioso administrativo, para recuperar el dinero que perdieron las arcas públicas a partir de los delitos ocurridos en farmacias. En ese proceso también se pidieron embargos e inhibiciones como medidas cautelares, por lo tanto Espeche argumentó que ya no tenía sentido sostenerlas en el expediente de fuero penal.
Estafa al Ipross: activan la demanda para recuperar más de 70 millones
La abogada afirmó que se está llevando adelante un “uso y abuso de distintas jurisdicciones”, algo que “implica una corruptela funcional”.
“Hay un dispendio, una excesiva persecución y un perjuicio que se los demostraré”, dijo más tarde, antes de asegurar que la retención indebida de transferencias realizadas por el Ipross generó un perjuicio de 5 millones de pesos a sus clientes.
Pero el punto más álgido de la audiencia se dio luego de la intervención de Rosbaco, que puso bajo un manto de dudas los detalles que conocía Espeche sobre la demanda en el fuero contencioso administrativo.
“En principio pareciera que es obra de una actividad antijurídica que tenga copia de un expediente que es reservado”, sostuvo el representante de Fiscalía de Estado.
Espeche consideró una severa ofensa esa frase. Tanto, que pidió a la jueza que analice esas palabras del abogado con perspectiva de género. “Son acusaciones de haber actuado casi en forma delictiva. Yo sólo ejerzo defensa acá”, reprochó.
Fue allí donde la magistrada reaccionó: “Yo ya no sé de dónde sacar paciencia por las consideraciones y por el trato personal en esta audiencia”, dijo.
Rosbaco se defendió, negando la intención de imputar un delito a su colega. Y luego de eso, la audiencia pasó a un cuarto intermedio hasta ayer.
Bien temprano y por Zoom, la jueza González anunció su decisión: Mascaró, Cafaratti y Mastandrea seguirán con sus cuentas embargadas y con sus bienes inhibidos.
La jueza recordó que esas medidas no se dictaron para asegurar una situación de eventual recupero de activos por parte del Estado, sino en el marco del artículo 23 del Código Penal. Allí se establece qué cautelares pueden tomarse para hacer cesar la comisión de un delito o sus efectos, además de evitar que se consolide su provecho o que se obstaculice la investigación.
Lo único que admitió González fue que se levante la inhibición en la causa penal, una vez que esté vigente esa misma medida en el proceso contencioso administrativo, algo que no reporta ningún beneficio concreto para los acusados.
Una causa no tan “reservada”
¿Cómo hizo la abogada defensora de los acusados para conocer los pormenores de la demanda de Fiscalía de Estado en el fuero contencioso administrativo, si ese expediente es reservado?
Ese fue el punto central del cruce entre las partes en la última audiencia de la causa penal por la estafa al Ipross.
Y la respuesta es que no se trató de un proceso tan “reservado”, porque RÍO NEGRO encontró los detalles en la web del Poder Judicial en septiembre del año pasado. Ese informe que publicó este medio fue exhibido por la abogada Espeche en la audiencia del viernes pasado.
Pero además de eso, la abogada ratificó que el contenido de la demanda podía leerse en la página del Poder Judicial y que por eso conocía que pesaban nuevos pedidos de embargos e inhibiciones sobre sus defendidos.
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