Estafa al Ipross: rechazan el último intento de los farmacéuticos para conseguir el sobreseimiento
La defensa pidió una revisión de un fallo de la semana pasada, pero no tuvo éxito. La causa llega a una instancia clave antes del juicio.
La defensora Espeche buscó sostener el pedido de sobreseimiento de Caffaratti, Mastandrea, Mascaró y Fasano, pero su planteo fue rechazado en dos instancias.
Otra puerta se cerró para la defensa de los farmacéuticos acusados por la millonaria estafa al Ipross. El intento por lograr un sobreseimiento antes de que el proceso llegue al juicio quedó clausurado ayer, en el marco de otra extensa audiencia en los tribunales provinciales de Roca.
El juez de Juicio Gastón Martín rechazó el planteo de la abogada Patricia Espeche, quien presentó un recurso de revisión luego de que la jueza de Garantías María Gadano decidiera la semana pasada no convalidar el cese de la acción penal contra Fabio Caffaratti, Rodolfo Mastandrea, Raúl Mascaró y Sandra Fasano.
Ese día sí se homologó el sobreseimiento de Cecilia Balladini y con la convicción de que los fiscales estaban midiendo con una vara distinta a los imputados, Caffaratti reaccionó y en medio de la audiencia dijo que no tenia problemas en ir a juicio, pero advirtió que en esa instancia “van a desfilar todos los funcionarios”.
El farmacéutico también reprochó la salida de la causa de su exesposa, deslizando que no la quisieron investigar y ofreciendo “pruebas” sobre su supuesta responsabilidad en los hechos.
A la hora de resolver, el juez Martín consideró que “la defensa carece de legitimidad recursiva” ya que “el auto puesto en crisis no tiene capacidad de impugnitiva”. Ante eso, sostuvo que la decisión adoptada por la jueza Gadano el 26 de septiembre “es confirmada íntegramente”.
“Por otra parte, entiendo que tanto la formulación como la reformulación de cargos en la que se encuentra el proceso son actos procesales provisorios que no causan estado y que adquieren fortaleza cuando se realiza el control de acusación”, dijo el magistrado.
Antes de la decisión de Martín y luego de escuchar los argumentos de la defensa, la fiscal jefa Teresa Giuffrida había advertido que “no corresponde abrir la queja” porque lo resuelto en esta instancia “no es objetivamente impugnable”.
Con argumentos compartidos por la Fiscalía de Estado (querella), se recordó que “el proceso es dinámico” y “así lo han establecido el Tribunal de Impugnación y el STJ”.
“En el control de acusación se fijarán definitivamente los hechos”, plantearon desde la parte acusadora, considerando que «corresponde confirmar la resolución de la jueza Gadano y no abrir la queja”.
Cómo sigue el proceso
De esta manera, el proceso quedó de cara a la audiencia de control de acusación, que seguramente será solicitada para la próxima semana.
Cabe recordar que el plazo final para la etapa preparatoria fue fijado para el 14 de octubre, luego de una prórroga pedida por el Ministerio Público Fiscal en virtud de la paralización que tuvo la causa luego de que se recusara a la jueza natural, Natalia González.
Según establece el artículo 159 del Código Procesal Penal de Río Negro, “si el fiscal estima que la investigación proporciona fundamento para someter a juicio al imputado, presentará la acusación. Para ello, procederá de esa forma, cuando las pruebas, tomadas en conjunto sean tales que, en su concepto, justificarían un veredicto condenatorio, en caso de no ser explicadas o contradichas en la audiencia”.
La normativa prevé que “al ofrecerse la prueba se presentará por separado la lista de testigos y peritos, con indicación del nombre, ocupación y domicilio. También deberá ofrecerse la documental, acompañando copia o indicando dónde se encuentra para su compulsa”.
En el caso de la estafa al Ipross, cabe recordar que los fiscales reunieron alrededor de 300 testimonios, para constatar que la obra social pagó en 2013 y 2019 por medicamentos no requeridos por afiliados o en mayores cantidades que las realmente solicitadas en las farmacias de Roca involucradas.
El perjuicio estimado por todas esas maniobras es superior a los 67 millones de pesos y para intentar recuperarlos, la Fiscalía de Estado presentó otra denuncia, que tramita en el fuero Contencioso Administrativo.
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