Estafa al Ipross: piden sobreseer a cuatro imputados y ponen bajo la lupa el 8% que pagaba una empresa
La defensa de los farmacéuticos cuestionó a los fiscales y dijo que "se destapa un gran problema" por la intervención de una firma privada.
La abogada Espeche dijo que la exauditora del Colegio de Farmacéuticos "sólo remitía papeles". Detrás, los imputados Caffaratti y Mastandrea. (Foto: Juan Thomes)
La defensa de los principales acusados por la millonaria estafa al Ipross rechazó hoy la reformulación de cargos y pidió el sobreseimiento de esos cuatro farmacéuticos imputados.
“La incongruencia es total y absoluta”, sostuvo la abogada Patricia Espeche, al referirse a los datos que presentó ayer el Ministerio Público Fiscal, cuando precisó el monto total del perjuicio para la obra social del Estado rionegrino.
Los fiscales Teresa Giuffrida y Gastón Britos Rubiolo concluyeron que el Ipross pagó 67.127.513,84 pesos a partir de diferentes maniobras ilegales ocurridas en farmacias de Roca y de Allen, afirmando que los propietarios actuaron en connivencia con la exauditora del Colegio de Farmacéuticos de Río Negro.
El rol de esa mujer, Sandra Fasano, fue central en la exposición de la defensora, quien afirmó que se busca concentrar la responsabilidad en una persona que ni siquiera estaba designada ni cobraba un sueldo como auditora.
“Sólo remitía papeles o documentación. Nadie le pagaba extra como auditora, la factura (al Ipross) la firmaba Yop (expresidente del Colegio) y la secretaria”, planteó Espeche antes de enfatizar: “La que generaba factura era la Administración (del Colegio), que tiene nombre y apellido, que tiene responsabilidad arriba, el contador David Londero que administraba el convenio, la Comisión Revisora de Cuentas… Entonces, ¿por qué está Fasano acá?”.
Por otra parte, la abogada sostuvo que los testimonios de más de 300 afiliados presentados ayer son todos “datos sueltos e inútiles”, que no tienen vinculación formal con los hechos investigados.
“No sirven siquiera para sostener los cargos formulados en febrero del 2020. Juntar testimoniales no convierte a esto en una causa compleja. No están destrabando una organización delictiva. Están avanzando sobre una persona que por poco era la que barría el Colegio”, insistió.
Espeche sostuvo que los fiscales “colectaron una cantidad de información que no está conectada con lo que están imputando sobre el sistema informático” porque “la evidencia informática da otra cosa”.
En ese sentido, objetó el análisis que hizo el Ministerio Público para arribar a la cifra final del perjuicio.
Los fiscales dijeron ayer que el monto total generado por las farmacias investigadas fue de 72.964.688,96 pesos, pero que a esa suma debía descontarse el 8%, porque esa parte la pagaba la empresa Prosefar, una administradora de convenios farmacéuticos con sede en Buenos Aires.
La defensora sostuvo que esa quita nunca podría hacerse en forma lineal, porque no todas las coberturas del Iporss son al 100% y por ende el aporte privado tenía una incidencia variable.
Pero además de eso, Espeche dejó abierto un interrogante, cuando planteó que los cálculos de la parte acusadora tienen que ver con los pagos realizados dentro del convenio que habían firmado el Colegio de Farmacéuticos y el Ipross, pero también existen numerosas prestaciones “extraconvenio”.
¿Adónde fue el 8% correspondiente a esos pagos? Se destapa un gran problema”, aseguró la abogada.
La audiencia pasó al mediodía a un cuarto intermedio, hasta las 8.30 de mañana.
Allí se conocerán las respuestas del Ministerio Público Fiscal ante el pedido de sobreseimientos para Fabio Caffaratti, Rodolfo Mastandrea, Raúl Mascaró y Sandra Fasano, para pasar luego a la decisión de la jueza Natalia González. Recién después de eso la magistrada deberá resolver si considera reformulados los cargos en el legajo, que también tiene como imputadas a las expropietarias de farmacia Marianela Guidi y Marcela Gil; y a la exesposa de Caffaratti, Cecilia Balladini.
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