Estafa al Ipross: piden hasta 12 años de prisión para los cuatro farmacéuticos de Río Negro
Hoy se lleva a cabo la última audiencia de la cesura del juicio. El pedido de pena más alto fue para la exauditora del Colegio de Farmacéuticos de Río Negro, Sandra Fasano.
El Ministerio Público Fiscal pidió esta tarde penas de entre 7 y 11 años y medio de prisión para los cuatro farmacéuticos condenados por la estafa al Ipross. Por su parte, el querellante pidió 12 años para los cuatro responsables.
Estafa al Ipross: cuáles fueron las penas pedidas para cada uno de los condenados
En la última audiencia de la cesura del juicio, la fiscal jefa Teresa Giuffrida reclamó ese máximo para la exauditora del Colegio de Farmacéuticos de Río Negro, Sandra Fasano, además de una inhabilitación por seis años para el ejercicio de su profesión y una multa de 90.000 pesos.
En tanto, se pidió una pena de 10 años de prisión para Fabio Caffaratti, el farmacéutico condenado por la mayor cantidad de hechos (249) cometidos contra la obra social del Estado rionegrino.
En tercer lugar, la fiscalía solicitó que Rodolfo Mastandrea cumpla con una pena de 8 años y seis meses de prisión. Y finalmente, para Raúl Mascaró se reclamaron 7 años de prisión.
Para los tres dueños de farmacias de Roca se pidieron los mismos seis años de inhabilitación y el mismo monto de multa exigidos para Fasano.
Estafa al Ipross: los argumentos de la fiscal Teresa Giuffrida
El alegato de Giuffrida fue el primero que se escuchó esta tarde en los tribunales provinciales de Roca, contando luego con la adhesión de la Fiscalía de Estado en cuanto a los argumentos. En lo que se diferenció la parte querellante fue en el pedido de penas, ya que reclamó 12 años de prisión para los cuatro farmacéuticos.
La fiscal explicó en el inicio de su exposición que, a pesar de tratarse de delitos en concurso real, que podrían llevar hacia la pena máxima de 50 años de prisión prevista en el Código Penal, la escala definida para este caso se ubicaría entre los 2 y los 12 años de prisión.
Luego de eso enumeró un solo atenuante –que los condenados no tienen antecedentes penales- y una larga lista de agravantes, para llevar el pedido hacia el máximo del rango establecido.
Entre esos argumentos, Giuffrida dijo que “cada hecho tuvo una modalidad distinta y eso revela que era un accionar preparado”.
“Esto estaba estudiado. No fue algo improvisado. Requería una organización”, enfatizó la jefa del equipo que investigó el caso.
En desarrollo.
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