Estafa al Ipross: niegan que se haya intentado reparar el daño y piden confirmar las condenas a los farmacéuticos

Los cuatro farmacéuticos condenados por la estafa al Ipross y sus abogados defensores tendrán mañana la oportunidad de decir sus palabras finales antes de conocer el fallo del Tribunal de Impugnación, que resolverá si ratifica o modifica las condenas impuestas hace dos meses, en primera instancia. 

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Este miércoles fue el turno de las exposiciones del Ministerio Público Fiscal y de la Fiscalía de Estado, en su rol de querellante, cuyos representantes pidieron que se confirmen las penas impuestas a Sandra Fasano, Fabio Caffaratti, Rodolo Mastandrea y Raúl Mascaró. 

El tribunal de juicio que analizó sus conductas entre 2023 y 2024 determinó en julio que Fasano debía responder con nueve años y medio de prisión, Caffaratti con ocho años y medio, Mastandrea con ocho y Mascaró con seis años y medio, por el delito de estafas reiteradas agravadas en perjuicio de la administración pública, por hechos ocurridos entre 2013 y 2019, en concurso real. 

Tanto los fiscales, Teresa Giuffrida, Gastón Britos Rubiolo y Marcelo Ramos, como el abogado querellante, Federico Rosbaco, desacreditaron los planteos presentados el martes por los defensores, Patricia Espeche y Carlos Vila. 

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Rosbaco sostuvo que “la víctima no se ha opuesto a la reparación integral”, como había dicho Vila, porque “no se ofreció nunca una reparación integral”. 

“Hay un abismo entre la propuesta que alguna vez han cursado y la reparación integral”, sintetizó. 

Los errores del Ipross

También se insistió, como hicieron en el juicio, en que el Ipross pudo haber cometido errores en el control de los pagos reclamados por los farmacéuticos, pero de ninguna manera ello conduce a pensar que pudo existir algún tipo de responsabilidad en el perjuicio. 

“Estamos hablando de un volumen de 70.000 recetas mensuales. Esa es la complejidad que han aprovechado los imputados, para explotar las dificultades propias del sistema”, afirmó el querellante. 

Rosbaco citó un fallo de la Corte Suprema que indica que toda estafa necesita de un descuido de la víctima, pero que eso no hace posible desplazar la responsabilidad por el engaño. 

Por su parte, el fiscal Ramos repasó la profusa documentación que acreditó la utilización de datos de afiliados que no tenían epilepsia o diabetes, pero que aparecían como compradores de medicamentos o insumos para esas patologías.