Estafa al Ipross: “Me cagaron la vida” y otras críticas entre las palabras finales ante el Tribunal de Impugnación

Los farmacéuticos de Roca y Allen insistieron en su inocencia ante los jueces que revisarán las condenas de primera instancia.

Los cuatro farmacéuticos condenados en primera instancia por la estafa al Ipross insistieron hoy en sus inocencias. Fue en el cierre de la audiencia que realizó durante tres jornadas el Tribunal de Impugnación, que ahora deberá confirmar o modificar las penas de hasta nueve años y medio de prisión fijadas en Roca hace dos meses. 

“No guardo rencor, pero tengo que decir que la fiscalía tuvo más voluntad por condenar que por encontrar la verdad”, sostuvo Rodolfo Mastandrea, quien busca evitar 8 años de cárcel por el perjuicio millonario que sufrió la obra social del Estado rionegrino. 

«Me cagaron la vida. Me tiraron a la basura más de 30 años de profesión”, reprochó luego Raúl Mascaró, profundizando sus críticas contra los funcionarios del Ministerio Público, pero principalmente contra los miembros del Colegio de Farmacéuticos que denunciaron el caso ante la Justicia, en el 2019. 

Con la palabra de ese profesional, que enfrenta el pedido de pena más leve, a 6 años y medio de prisión, concluyó la labor en el Alto Valle de los jueces Adrián Zimmermann, Miguel Cardella y Carlos Mussi, que aproximadamente en tres semanas harán conocer su fallo. 

Antes de Mascaró y de Mastandrea habían hablado Sandra Fasano y Fabio Caffaratti,  los dos farmacéuticos con penas más altas por los hechos ocurridos entre 2013 y 2019. 

“Quiero pedir al tribunal la revisión de la sentencia, porque soy inocente y se me está acusando y condenando por un trabajo y una responsabilidad y un trabajo que no hacía”, dijo la mujer condenada a 9 años y medio de prisión. 

Su colega, que en el cierre del juicio de mitad de año emitió un mensaje casi de resignación, hablando sobre la importancia de reconocer los errores y volver a empezar, esta vez se limitó a cuestiones formales. “Quiero hacer reserva del caso federal, por todo el derecho federal violado”, señaló el condenado a 8 años y medio de prisión. 

Caffaratti esta vez se limitó a cuestiones formales, haciendo reserva federal del caso. (Foto: Juan Thomes)

Cruces picantes entre defensores y acusadores

Antes de escuchar a los farmacéuticos, los jueces abrieron paso al último cruce entre los defensores y los acusadores. 

Allí se volvió a debatir sobre el rol del Ipross en el control de los pagos que hacía.  

“Rosbaco (representante de Fiscalía de Estado) habla de “ciertos descuidos” del Ipross. En verdad, acá no hubo descuidos. Hubo absoluta ausencia de auditorías. O por lo menos ausencia de auditoría idónea”, sostuvo Carlos Vila, abogado de Caffaratti. 

El defensor también ratificó que su cliente ofreció la reparación integral del daño, “prometiendo pagar lo que habían demandado en sede civil”.  

“Si el doctor Rosbaco quería otra plata, nos hubiese dicho”, lanzó en forma incisiva. 

Espeche hizo foco en la validez de las pericias que se tomaron como base para la sentencia del tribunal de juicio. Dijo que no hay constancia sobre la obtención legal de los datos para la pericia informática, porque “se rompió la cadena de custodia”. 

“Volvemos a estructurar una sentencia sobre el lodo. Hay irregularidades insalvables”, avanzó. 

La defensora de Fasano, Mastandrea y Mascaró hizo reserva recursiva para llegar más allá del Superior Tribunal de Justicia y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Dijo que el caso sería llevado “incluso ante tribunales internacionales”. 

Los jueces Cardella, Zimmermann y Mussi tienen el doble de plazo para resolver, por tratarse de una causa declarada como «compleja».


Palabras textuales de los farmacéuticos


Sandra Fasano:

«Le quiero pedir al tribunal la revisión de la sentencia, porque soy inocente y se me está acusando y condenando por un trabajo y una responsabilidad y un trabajo que no hacía. Fui contratada en el 2008 para realizar una evaluación farmacéutica técnica de las normas operativas que el Colegio celebraba».

«Jamás fui empleada ni auditora del Ipross. Y además, la empresa Preserfar realizaba auditorías en terreno. Jamás tuvimos una diferencia y me extraña que se ponga en duda la efectividad de la empresa cuando el convenio que hoy el Ipross tiene vigente usa a la empresa Preserfar para su validación y auditoría de recetas. No entiendo por qué en su momento no era confiable y ahora sí lo es». 

Rodolfo Mastandrea:

«Fui vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos, pero en ese entonces un grupo con muchas ansias de poder empezó a tomar las riendas del colegio Mi función quedó relegada a cuestiones formales».

«Se anuncia el armado de una comisión de investigación, yo me opuse y solicité una auditoría externa. Esa comisión ingresó al sistema, alteró claves y violó información de asociados. Mandé una carta documento y a partir de ahí empecé a tener problemas. Se me negó la entrada al colegio».

«La fiscalía basó toda su investigación en el informe de esa comisión. La fiscalía pasó a ser prácticamente una filial del Colegio de Farmacéuticos. Todo lo que decía el Colegio era palabra sagrada. Yo desconozco todo eso y no acepto de ninguna manera este juicio porque no reconozco esa forma de trabajar». 

«Llegué a esta provincia hace 35 años, me alejé de mi familia, pasé mucho frío en la Región Sur. Me gané el prestigio y el respeto de la gente de esas localidades. Luego tuve que venir a Roca por cuestiones de salud y todo eso se hizo trizas».  

«Yo no guardo rencor, pero tengo que decir que la fiscalía tuvo más voluntad por condenar que por encontrar la verdad. Lo único que busco es paz, tranquilidad y trabajo». 

Raúl Mascaró:

«Cuando en el Colegio se habló de hacer una denuncia porque podía haber irregularidades, yo voté que sí, que se haga, pero dejé claro que quería que no me investigue la comisión, porque eso surgió de alguien que tuvo las recetas guardadas y un día dijo “las encontré”». 

«Me sentí castigado desde el primer día. Socialmente, por salir en el diario, que nos griten en la calle, en la farmacia, que nos miren de reojo… el castigo económico, porque me imposibilitaron poder trabajar con la obra social con más afiliados de la provincia… Y un castigo profesional. Estuve 14 años en Buenos Aires, estudiando, capacitándome para poder llegar, para poder ser por primera vez elegido desde una provincia chiquita y ser presidente de la COFA. Ser vice de la federación panamericana del sur de farmacias. Eso se terminó porque el Colegio de Farmacéuticos pidió mi renuncia».  

«Yo quería que me investiguen los fiscales y no el Colegio. Y me cagaron la vida. Me tiraron a la basura más de 30 años de profesión, sin haber hecho nada. No tengo nada que no esté declarado, pago mis impuestos. Así que pido que revisen la sentencia, que es incoherente, que no tiene lógica, que no tiene sentido común». 


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