Estafa al Ipross: la audiencia que empezó hace 19 días terminó con un aval a la reformulación de cargos
La nueva evidencia presentada por los fiscales fue admitida y el caso se acerca al control de acusación previo al juicio.
El pedido de la fiscal jefa Giuffrida y del fiscal Britos Rubiolo (der.) fue avalado por la jueza, a partir de jurisprudencia del Tribunal de Impugnación y del STJ. (Archivo: Juan Thomes)
Los farmacéuticos acusados por la estafa al Ipross empezaron la semana con el pie izquierdo. La jueza de garantías Natalia González finalmente dio por reformulados los cargos contra los siete imputados, que ahora están más cerca de un juicio por el millonario perjuicio que sufrió la obra social del Estado rionegrino.
Recién esta mañana pudo terminar la audiencia que había comenzado el 24 de agosto, cuando los fiscales Teresa Giuffrida y Gastón Britos Rubiolo presentaron nueva evidencia sobre los hechos ocurridos entre el 2013 y el 2019 en farmacias de Roca y de Allen.
Luego de aquella jornada, la defensa de los cuatro principales implicados planteó un pedido de sobreseimiento para sus asistidos, además de recusar a la jueza González, asegurando que no garantizaba la imparcialidad necesaria para el proceso.
La magistrada rechazó ese intento de apartarla, decisión que fue ratificada más tarde por la jueza María Gadano.
Así se llegó al viernes pasado, cuando se debatió durante más de 90 minutos si la defensa podía recurrir la resolución de confirmación para la jueza González.
Todo pasó entonces a la mañana de hoy lunes, cuando se conoció al fin la decisión de la magistrada sobre los elementos probatorios incorporados al legajo por el Ministerio Público Fiscal.
Cabe recordar que Giuffrida y Britos Rubiolo clasificaron las maniobras delictivas en cuatro modalidades diferentes, ya que se detectaron cargas de recetas con valores modificados, utilización de recetas anuladas y generación de recetas ficticias. Por otra parte, se aseguró que en el área de Auditoría del Colegio de Farmacéuticos se modificaron recetas ya validadas, agregando medicamentos del rubro epilepsia o diabetes que nunca fueron vendidos por las farmacias investigadas.
Junto a eso, los fiscales sumaron al legajo más de 300 testimonios, la mayoría de ellos de afiliados al Ipross que respondieron preguntas sobre sus tratamientos o compras realizadas en las farmacias involucradas en la investigación.
La jueza González basó su resolución en jurisprudencia del Tribunal de Impugnación y del Superior Tribunal de Justicia, a partir de tres causas en las que se determinó que no hay impedimentos para reformular los cargos en un proceso penal.
De hecho, resaltó que “si la fiscalía no hubiera realizado esta reformulación, ahí sí estaría afectando el derecho de defensa, porque los acusados se verían sorprendidos en la audiencia de control de acusación con estos nuevos hechos”.
González consideró acreditado que el Ministerio Público Fiscal obtuvo nueva evidencia luego de la formulación de cargos inicial de febrero del 2020 y por eso resulta válido que ahora se avance en la reformulación solicitada.
Cómo sigue la causa
Con la definición de este lunes, el próximo paso para los fiscales será la solicitud de la audiencia de control de acusación, donde deberán ajustarse los hechos imputados a cada acusado, como también la prueba que se presentará en el juicio.
De todas maneras, la defensa de los principales acusados seguirá planteando oposiciones. Fuentes judiciales indicaron que un primer planteo habría sido presentado hoy mismo, considerando que González no podía resolver sobre la reformulación cuando todavía no estaba firme el rechazo a su recusación.
Cabe recordar que inicialmente se fijó al 30 de septiembre como límite para la etapa de investigación, aunque los funcionarios judiciales consultados advirtieron que esa fecha no es absolutamente rígida, a partir de todos los planteos realizados por la defensa.
Los acusados y los montos atribuidos
La causa tiene involucrados a cuatro farmacéuticos: Fabio Caffaratti, Rodolfo Mastandrea, Raúl Mascaró y Sandra Fasano. Los tres primeros son dueños de farmacias y la cuarta involucrada fue auditora del Colegio de Farmacéuticos hasta que se descubrieron las irregularidades.
Además están acusadas Marianela Guidi y Marcela Gil, expropietarias de una farmacia en el centro de Roca, y Cecilia Balladini, exesposa de Caffaratti.
El delito imputado es estafa reiterada, agravada por haber sido cometida contra la administración pública, considerando que los hechos se cometieron en concurso real.
El perjuicio para la obra social fue estimado por los fiscales en 67.127.513,84 pesos. Sobre ese total, la facturación irregular de 31,6 millones fue atribuida a Caffaratti (Farmacia Tucumán), en tanto que Mastandrea (Araucana) habría sumado 17,6 millones; y Mascaró (Santa Teresita) 14 millones. Finalmente, Guidi y Gil (propietarias hasta el año 2018 de la farmacia Farmacentro) deberían responder por la facturación de 3,2 millones de pesos.
La acusación también consignó que 6,2 millones del perjuicio se generaron en la farmacia Fasano de Allen, cuyo titular, Hugo Fasano, falleció y está fuera del proceso.
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