Estafa al Ipross: el millonario y repentino acuerdo que busca uno de los farmacéuticos imputados
El inicio del juicio por el fraude a la obra social de Río Negro volvió a postergarse. Pero en la breve audiencia de ayer se reveló la estrategia de uno de los tres acusados.
La audiencia inicial del juicio por la estafa al Ipross tenía previstas siete horas de debate, pero duró apenas unos minutos. Fue el tiempo que demandó conocer oficialmente el diagnóstico sobre el estado de salud del abogado defensor de uno de los farmacéuticos acusados. Cuando se certificó que seguía en terapia intensiva, el tribunal a cargo del proceso reprogramó todo y fijó al 8 de junio como nueva fecha de arranque.
Pero en esos escasos minutos no sólo hubo análisis médico. El breve tiempo ocupado en el subsuelo de los tribunales provinciales de Roca fue suficiente para revelar la estrategia de ese imputado y se entendió por qué necesitaba tener al lado a su representante legal titular.
Ayer se confirmó que Fabio Caffaratti buscará un acuerdo con la fiscalía y la querella, para resolver su situación procesal en un juicio abreviado, evitando así dos cosas: la exposición que significa un juicio que durará al menos tres meses, pero sobre todas las cosas, un pedido de condena que podría llegar hasta los 11 años de prisión efectiva.
Según pudo conocer RÍO NEGRO de fuentes calificadas, la intención del farmacéutico roquense es aceptar su responsabilidad sobre los hechos que le atribuyen, a cambio de una pena de prisión que ronde el mínimo de tres años y de una reparación económica millonaria para el Estado rionegrino.
La estrategia se conoció ayer por doble vía. Primero, la abogada Patricia Espeche explicó en declaraciones radiales que su renuncia a la defensa de Caffaratti tenía que ver con ese camino elegido por el farmacéutico, considerando que era “respetable” pero que no lo compartía.
Espeche, que representa a los otros dos imputados, Rodolfo Mastandrea y Raúl Mascaró, ubicó a Caffaratti como “una de las personas asustadas” por la Fiscalía, recordando que dos exdueñas de farmacias -Marcela Gil y Marianela Guidi- aceptaron el año pasado sus responsabilidades en un proceso alternativo y ya cumplen una pena de tres años de prisión en suspenso.
El segundo adelanto de la estrategia de Caffaratti lo hizo el co-defensor, Rubens Vila, mientras se debatía si el juicio podía empezar o no. Ante una mención explícita sobre la posibilidad de un acuerdo con el Ministerio Público Fiscal y con la querella (Fiscalía de Estado), el abogado fue interrumpido por los fiscales y segundos después el juez Oscar Gatti le aclaró que el juicio aún no estaba abierto y por lo tanto no era momento para ese tipo de planteos.
Ahora bien, para que exista un juicio abreviado tiene que darse una plena conformidad de las partes y allí se encuentra el principal desafío para el farmacéutico, que está acusado por más de 100 hechos de estafa, en diversas modalidades, cometidos entre los años 2013 y 2019.
RÍO NEGRO dialogó ayer con diversas fuentes relacionadas con la causa y pudo saber que la idea inicial de la defensa de Caffaratti fue aceptar una pena de prisión y ofrecer una reparación por una cifra que iría entre los 40 y 50 millones de pesos.
Cabe recordar que la cifra del perjuicio estimada en forma inicial fue de 75 millones de pesos, pero ese monto no tiene actualización por inflación.
“Difícil. Porque ese monto no se acerca mínimamente al valor actualizado del perjuicio (NdR: en noviembre del año pasado en una audiencia se informó que superaba los $ 800 millones), pero sobre todo porque se trata de una causa con alto impacto social. Estamos hablando de personas acusadas por quedarse con fondos destinados a la salud de miles de afiliados. No hubo muestras hasta acá de parte de los fiscales de querer tomar ese camino y cuesta creer que pueda ocurrir ahora”, evaluó ayer un funcionario judicial consultado.
Ese sendero aludido tiene que ver con lo expresado por los fiscales Teresa Giuffrida y Gastón Britos Rubiolo a lo largo de la etapa preliminar del proceso, advirtiendo en más de una oportunidad que -si bien los delitos eran los mismos o similares- la situación de Caffaratti, Mastandrea y Mascaró no era igual a la del resto de los investigados, por la cantidad de hechos que les imputan y porque el beneficio económico que habrían logrado fue muy superior.
Ipross: con abogado privado o defensor oficial, el 8 de junio empieza
El juicio por la estafa al Ipross tenía que empezar el martes 16. Se postergó hasta ayer. Y finalmente se pasó todo para el 8 de junio, cuando arrancará sí o sí, según se desprende de la resolución que firmaron ayer los jueces Oscar Gatti, Laura Pérez y Luciano Garrido.
Los magistrados consideraron válido el planteo del farmacéutico Fabio Caffaratti, quien manifestó su intención de ser asistido por el abogado Carlos Vila, internado desde la semana pasada, cuando se descompensó en el juicio por la muerte de Facundo Castillo, en Cipolletti.
Pero al mismo tiempo advirtieron que tres semanas es tiempo más que suficiente para que el imputado resuelva quién será su defensor, en caso de que Vila no pueda asumir esa tarea.
Los jueces definieron que ese día deberá comenzar el juicio con su actual defensor particular, si así lo permite su estado de salud, más un co-defensor de su confianza “a fin de cubrir cualquier tipo de eventualidad a lo largo de todo el juicio”, todo ello “bajo apercibimiento de designarle un defensor oficial”.
Antes de tomar la decisión de aplazar el inicio, el tribunal tomó declaración -por vía telefónica- al jefe de la terapia intensiva del Sanatorio Juan XXIII, Marcelo Cabana, quien detalló el diagnóstico sobre la salud del abogado y excamarista roquense.
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