Estafa al Ipross: dos imputadas admitieron su responsabilidad y acordaron prisión en suspenso
Las expropietarias de una farmacia de Roca sellaron esta mañana un acuerdo con el Ministerio Público Fiscal y con la Fiscalía de Estado.
Marcela Gil Marianela Guidi, junto a sus abogados, Darío Sujonitzky y Oscar Mutchinick, en la audiencia de esta mañana en Roca. (Foto: Juan Thomes)
Dos expropietarias de farmacias, imputadas en la causa penal por la millonaria estafa al Ipross, admitieron hoy su responsabilidad en los hechos y acordaron una pena de tres años de prisión en suspenso, en el marco de un proceso de juicio abreviado.
La audiencia realizada esta mañana en Roca tuvo como protagonistas a Marcela Gil y a Marianela Guidi, quienes formaban parte del grupo de siete acusados por la defraudación a la obra social del Estado rionegrino. Ambas fueron dueñas de la farmacia Farmacentro hasta el 2018, precisamente el lugar donde se revelaron las maniobras irregulares, a partir de un hallazgo casual de los nuevos responsables de ese comercio.
Esas recetas que se encontraban en una caja de zapatos activaron a principios del 2019 una investigación -primero interna y luego llevada a la Justicia- que tiene hoy cerca del juicio oral y público a cuatro farmacéuticos: Fabio Caffaratti, Rodolfo Mastandrea, Raúl Mascaró y Sandra Fasano, esta última exauditora del Colegio de Farmacéuticos de Río Negro.
Guidi y Gil decidieron evitar esa instancia final del proceso y a través de sus abogados defensores impulsaron un acuerdo con el Ministerio Público Fiscal y con la Fiscalía de Estado (querellante), reconociendo la autoría del delito de estafa reiterada, agravada por haber sido cometida contra la administración pública.
La audiencia fue llevada adelante por el juez Maximiliano Camarda, quien pasada las 10 de la mañana declaró la admisibilidad formal del acuerdo, previendo la lectura de la sentencia definitiva para el 29 de septiembre.
Además de la pena de prisión de ejecución condicional, las imputadas deberán cumplir una serie de pautas, entre las que se encuentran la imposibilidad de desempeñarse en comercios de rubro farmacéutico y la prohibición de establecer vínculos de compra o venta de servicios o bienes con el Estado.
Por otra parte, durante el término de tres años deberán fijar domicilio, el que no podrán variar sin autorización del juzgado, solicitar autorización para salir del país y presentarse ante el Instituto de Asistencia a Presos y Liberados cada dos meses.
Los argumentos para el acuerdo en juicio abreviado
Durante su exposición, la fiscal jefa Teresa Giuffrida detalló los diferentes aspectos que se tuvieron en cuenta para solicitar la pena de tres años de prisión de ejecución condicional.
En ese sentido, mencionó que las imputadas no son farmacéuticas y que no forman parte de la organización del Colegio de Farmacéuticos.
Otro aspecto importante -especialmente para la Fiscalía de Estado- es que Guidi y Gil cerrarían con este acuerdo la causa penal, pero seguirán ligadas al proceso contencioso administrativo, donde el Ipross busca recuperar los 67 millones de pesos pagados entre 2013 y 2019 a las farmacias de Roca denunciadas.
Sobre ese aspecto, hay que recordar que los montos del perjuicio asignado a las exdueñas de Farmacentro era mucho menor al del resto de los acusados, sumando 3,2 millones de pesos. La facturación irregular atribuida a Caffaratti (Farmacia Tucumán) es por 31,6 millones, en tanto que Mastandrea (Araucana) habría sumado 17,6 millones; y Mascaró (Santa Teresita) 14 millones a partir de los delitos imputados.
Desde Fiscalía de Estado prestaron acuerdo para el juicio abreviado de hoy, pero pidieron que se mantenga la inhibición general de bienes sobre Guidi y Gil, hasta tanto queden firmes las inhibiciones generales de bienes que tramitan en el juicio contencioso administrativo.
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