Estafa al Ipross: de la recusación a los jueces a un picante cruce con un abogado que ofertó 70 millones
La cesura del juicio, para definir la pena a los cuatro farmacéuticos, tuvo ayer una larga demora. El tribunal fue ratificado.
Los defensores Patricia Espeche y Carlos Vila buscaron ayer que se aparte a los jueces Oscar Gatti, Laura Pérez y Luciano Garrido. (Foto: Juan Thomes)
El camino hacia la definición de la pena para los cuatro farmacéuticos condenados por la estafa al Ipross tuvo ayer un obstáculo importante: las defensas recusaron al tribunal y la segunda jornada en la cesura del juicio quedó paralizada durante varias horas.
Los abogados Patricia Espeche y Carlos Vila, representantes de Sandra Fasano, Raúl Mascaró, Rodolfo Mastandrea y Fabio Caffaratti, ingresaron durante la madrugada un escrito en el que pidieron que se aparte a los jueces que llevan adelante el proceso, advirtiendo que la imparcialidad quedó afectada de manera insalvable durante la audiencia inicial del martes.
Los magistrados Oscar Gatti, Laura Pérez y Luciano Garrido rechazaron ese planteo y ante un recurso de revisión, tuvo que intervenir el juez Julio Martínez Vivot.
Espeche fue la más enfática al momento de presentar argumentos, cuestionando principalmente la incorporación como prueba de las pericias que actualizaron el monto del perjuicio cometido contra el Ipross.
La abogada planteó que la difusión de esos datos forma parte de una distorsión deliberada, que busca justificar un pedido de prisión elevado para sus defendidos. Por eso avanzó contra los jueces, que en el debate del martes habilitaron la presentación de esos números.
Espeche dijo que el procedimiento se había tornado “peligroso” y que le generaba “una sospecha de desviación que es tremenda”.
“Es tremendo que tenga que plantear una situación tan grosera. Es una desilusión, pero este tribunal no puede continuar al frente de este juicio. Oxigene este proceso, si no, no hay justicia”, le pidió a Martínez Vivot.
Vila, defensor de Caffaratti, dio la razón a la fiscalía y a la querella, quienes advirtieron que las partes no objetaron las pruebas en la instancia correspondiente, que fue una audiencia previa a la cesura. “Grave error de las defensas y me hago cargo”, dijo el abogado, generando cierta sorpresa del lado de los condenados.
No obstante, sostuvo que esa omisión no oculta que “existe una actividad procesal defectuosa”, concluyendo que “no sólo al juez revisor le corresponde analizar las pruebas sino a todos los jueces, cuando estamos hablando de la viabilidad de la prueba”.
“Se ha traído a proceso prueba que hace a una actividad procesal que hace imposible la utilización en juicio”, sostuvo Vila sobre los montos actualizados que presentó ayer el perito contable del Poder Judicial, Gastón Lenher.
A diferencia de Espeche, Vila dijo que no creía afectada la imparcialidad del tribunal, pero sí entendió que “hay una violación al principio de igualdad de armas”.
Federico Rosbaco, representante de la Fiscalía de Estado (querellante), consideró “absurdos” los planteos de Espeche, porque “la pericia no indexa ninguna deuda”.
“Es un grosero desconocimiento del derecho”, dijo sobre su colega.
Luego, la fiscal jefa Teresa Giuffrida profundizó afirmando que no hay razones para apartar a los jueces del tribunal, porque contestaron de manera fundada y conforme a derecho todos los planteos de las defensas.
Finalmente, el juez Martínez Vivot resolvió rechazar el pedido de recusación, considerando que “los jueces de juicio no han actuado con parcialidad”, porque las incidencias reprochadas “ya habían sido resueltas en la audiencia de control de prueba de la cesura”.
De esa manera, la lista de 22 testigos propuesta por las defensas recién comenzó a desplegarse durante la tarde, previéndose continuar hoy, fecha que originalmente se pensó para los alegatos.
Una negociación que no prosperó
No fue sólo la recusación a los jueces demoró los tiempos en la audiencia de ayer. La declaración de Rubens Vila también fue extensa.
A pesar de haber representado en una parte del proceso a uno de los imputados, el abogado declaró ayer como testigo. Lo propuso su hermano, Carlos Vila, defensor de Fabio Caffaratti.
Y en esa condición, describió que viajó varias veces a Viedma para ofrecer al Procurador General, Jorge Crespo, y a la Fiscalía de Estado un acuerdo, para que el farmacéutico tenga un juicio abreviado, aceptando una condena de tres años de prisión en suspenso, igual que las exdueñas de farmacias Marcela Gil y Marianela Guidi.
La diferencia que marcó Vila fue que esa propuesta era “superadora”, porque incluyó una reparación dineraria por 70 millones de pesos.
El abogado contó que le fue imposible avanzar y se mostró en desacuerdo con esa postura de los acusadores y de la querella, porque -afirmó- se estaba ofreciendo un monto que cubría el total del perjuicio sufrido por el Ipross.
A partir de ahí se produjo un intenso intercambio con el representante de Fiscalía de Estado, Federico Rosbaco, sobre el rol de ese abogado en la negociación y sobre los parámetros para calcular el monto a restituir a la obra social y los intereses.
Comentarios