Escuelita VIII: se conoce el veredicto por los funcionarios judiciales de Neuquén en la dictadura
El 5 de diciembre fue el último cruce de acusadores y defensas en el juicio por delitos de lesa humanidad. El veredicto será el martes por culpabilidad o absolución.
El lugar del juicio, avenida Argentina al 1600, se llena de pancartas para las audiencias (foto Matías Subat)
El Tribunal Oral Federal de Neuquén dará a conocer el martes el veredicto del octavo juicio por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en Neuquén, el único que se desarrolló contra funcionarios judiciales por su responsabilidad en los secuestros, torturas y desapariciones forzadas durante la dictadura en la región.
El fallo deberá definir sobre dos hipótesis contrapuestas: los funcionarios judiciales que asumieron en 1976 no pudieron hacer nada para contrarrestar a la dictadura en el Alto Valle, o fueron nombrados en el único juzgado federal de Neuquén por el Comando, para secuestrar y desaparecer a los contrarios al régimen militar sin palos en la rueda.
Se trata del octavo y tal vez el último juzgamiento por los crímenes de la dictadura ya que, si bien hay casos instruidos y elevados a juicio, no quedan responsables en condiciones de ser llevados al proceso.
Oscar Reinhold, en prisión domiciliaria, con condena firme y acusado en todos los tramos como uno de los jefes que perpetró el plan criminal en la región, fue declarado inhábil este año.
El juicio a los jueces sería el último en el que se ventilen la persecución política en el Alto Valle, con muy pocos testigos de los hechos del Terrorismo de Estado.
“Es una oportunidad histórica para que los jueces de la democracia, le brinden a la sociedad neuquina, una sentencia que estamos esperando: si Duarte y Ortiz fueron como decían Noemí (Labrune) y Oscar (Ragni), personeros del régimen”, dijo el fiscal federal Miguel Palazzani al término de los alegatos y de los cruces legales del final de juicio por delitos de lesa humanidad.
El último cruce de abogados, con argumentos técnicos para lograr la condena o la absolución del exjuez Pedro Duarte y el exfiscal Víctor Ortiz fue el 5 de diciembre. Las audiencias empezaron en octubre de 2023 en el salón de AMUC, donde se hicieron siete juicios anteriores por delitos de lesa humanidad, ninguno a civiles o a funcionarios judiciales.
La audiencia terminó con la certeza de que hay dos alternativas contrapuestas para la sentencia: o considera que el juzgado federal de Neuquén fue parte de la persecución política en el Alto Valle y son responsables por las desapariciones, tormentos y secuestros; o eran jueces que no supieron hasta 1985 qué hacían los grupos de tarea en la zona, pese a que intervinieron en más de 31 expedientes de habeas corpus con las descripciones de los familiares.
El martes 17 a las 9 se escucharán las palabras finales de los imputados. El juez Alejandro Silva aclaró que no era una nueva instancia de indagatoria (hubo siete audiencias durante el juicio de los acusados) a pesar de que los acusados, que son abogados y fueron juez, secretario y fiscal, conocen los detalles del proceso.
El 5 de diciembre la defensa pública resolvió las dúplicas por videoconferencia.
Los abogados Eduardo Peralta, María Laura Irastorza, Gabriela Labat y Celia Delgado insistieron en que Duarte y Ortiz no podían ser condenados por delitos de lesa humanidad.
A pesar de los argumentos rebatidos por la fiscalía y las querellas, las abogadas insistieron que no se acreditó que los funcionarios judiciales fueron parte del plan criminal. Replicaron que, para la fiscalía, cualquier delito entre el 76 y el 83, podría ser causal de lesa humanidad.
El querellante Marcelo Medrano contó 38 inconsistencias del planteo de las defensas: citas falaces sobre la prueba que tanto la fiscalía como las querellas presentaron a lo largo del juicio.
“Las acusaciones armamos un relato coherente sobre qué sucedía en la dictadura y cómo esas conductas deberán ser juzgadas y quiénes son los responsables”, dijo Medrano.
Las defensoras plantearon incongruencias de la fiscalía y que por eso Duarte y Ortiz debieron extenderse para defenderse de todo lo posible.
La fiscalía contestó que Duarte y Ortiz declararon en 33 audiencias indagatorias “porque apostaban a la impunidad” y a retrasar el juicio y no porque desconocieran los hechos de los que se les acusaba. Desde la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Ciro Annichiarico, replicó que las defensas de Duarte y Ortiz no trajeron prueba adversa, sino que refutaban las pruebas de los acusadores con “negativas ingeniosas”.
“Las imputaciones fueron claras: se trató de lo que no hicieron cuando debían actuar, por eso el prevaricato y la omisión: fueron parte del plan criminal con otros actos que causaron sufrimiento y se constituyen en delitos de lesa humanidad”, dijo Annichiarico.
La APDH se atacó los reclamos de juzgamiento “en plazo razonable” que hizo la defensa y le recordaron a los jueces los dos años con más de 40 recursos presentados que atrasaron el inicio del juicio.
“Se tergiversa con descontextualización, hubo un sesgo grave, pedimos que se rechacen las nulidades por falaces: se imputaron delitos de lesa humanidad respetando todas las garantías”, planteó Medrano.
Agregó que la defensa mintió al falsear el testimonio de la dirigente Noemí Labrune contra Duarte y Ortiz.
Desde el Ceprodh, Natalia Hormazábal aclaró que la causa comenzó en 2013 y los que reclamaban justicia hace más de 48 años fueron los familiares, que fallecieron sin poder conocer el veredicto.
“El planteo de genocidio no fue una introducción nueva, lo dijimos antes y en este juicio: se buscó la eliminación del sector obrero. Con distintos roles, ellos fueron parte de un plan: pedimos que el tribunal recoja la verdad histórica”, blandieron.
La huella de Madres y Padres en los expedientes judiciales
El padre de Cecilia, Adolfo Vecchi, también judicializó la desaparición de su hija en manos de los grupos de tarea. La búsqueda de 15 personas desaparecidas en el juzgado federal, incluyó los agregados de Oscar Metz, que sumó al expediente de secuestro en Cutral Co de su hijo Raúl la versión de que su nuera Graciela Romero tuvo a un bebé en abril en el centro clandestino. Todo fue parte de la prueba que presentó la fiscalía, por 23 casos.
El padre de Arlene Seguel, José Elizalde, aportó testigos y las patentes de los autos de los secuestradores, en tanto Ricardo Pifarré, le dio al juzgado federal el apellido de uno de los secuestradores, Miguel Cancrini (agente Federal), cuando se llevaron a su hija Alicia, de la casa.
“Estos funcionarios, en lugar de administrar justicia, lesionaron gravemente los derechos de quienes clamaban por ella”, denunciaron en 1984 Noemí Labrune y Oscar Ragni para bloquear los nombramientos de Pedro Duarte y Víctor Ortiz en el Congreso.
El tribunal y las partes del juicio
El tribunal que definirá la absolución o condena de Pedro Laurentino Duarte yVíctor Ortiz está presidido por una mujer, por primera vez en los juicios de Neuquén: María Paula Marisi, quien ya actuó en juicios de lesa humanidad en Mendoza y en San Luis.
Los otros integrantes del tribunal son Alejandro Silva, de General Roca, y Sebastián Foglia, de Bahía Blanca. Es la primera vez en ocho juicios que los procesados no son de los grupos de tarea ni jerarcas de la represión en la región.
Aunque se ventiló la actuación del juzgado federal como la responsabilidad civil en la dictadura de la región o de los funcionarios judiciales, la fiscalía insistió con que es el único caso del país de un militar nombrado en el juzgado (porque Duarte era mayor y auditor en el Ejército antes de asumir como juez) para la impunidad del plan criminal de secuestros, desapariciones, violaciones, homicidios y apropiaciones de bebés.
Duarte era el juez y Ortiz el fiscal del único juzgado federal en el Alto Valle que recibía la demanda de justicia de los familiares de detenidos-desaparecidos.
Se los acusa de prevaricato, en el caso de Duarte (actuación ilícita de un juez) y a ambos de omisión de persecución penal (no investigar), de privación ilegal de la libertad en 23 casos como participes secundarios de los secuestros torturas y desapariciones forzadas.
Las querellas sostienen que la participación fue necesaria (penas perpetuas) para el desarrollo del plan criminal de la dictadura en la región o el genocidio, que fue el planteo del Ceprodh.
Integran la fiscalía Miguel Palazzani, Gabriela Shumacher, David Maestre y Juan José Cendagorta.
Natalia Hormazábal y Mariana Derni son la querella de Inés y Oscar Ragni y Marcelo Medrano y Bruno Vadalá la de la APDH, mientras que Ciro Annichiarico representó la querella de Nación.
El equipo de la defensa pública de Duarte fue integrado por Eduardo Peralta, María Laura Irastorza y la de Ortiz, por Celia Delgado, Gabriela Labat y Alejandra Vidales.
El Tribunal Oral Federal de Neuquén dará a conocer el martes el veredicto del octavo juicio por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en Neuquén, el único que se desarrolló contra funcionarios judiciales por su responsabilidad en los secuestros, torturas y desapariciones forzadas durante la dictadura en la región.
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