Escuelita VIII: Piden 25 años de condena y la devolución de la jubilación de privilegio del juez y el fiscal de la dictadura

La fiscalía pidió el «máximo de la pena posible» para el ex juez Pedro Duarte y el ex fiscal Víctor Ortiz, acusados de delitos de lesa humanidad, de haber sido parte del plan de secuestros, torturas y desapariciones forzadas en el Alto Valle. Exigió 25 años de condena por cada uno de los delitos por los que llegaron acusados a juicio y que dejen de percibir la jubilación de privilegio que cobran desde los 40 y 42 años.

Palazzani explicó que ni Duarte ni Ortiz tenían la edad ni la antigüedad en el cargo para jubilarse, pero echaron mano a una jubilación especial que dictó la dictadura en retirada, para los jueces y fiscales que fueron parte del régimen y tenían trabados sus nombramientos en democracia.

Los calificó de una «mácula vergonzante» por la continuidad del daño que dieron a los familiares de detenidos y desaparecidos a lo largo de 7 años de presentaciones y búsqueda de justicia en el fuero federal. Consideró que su colaboración fue esencial para que los grupos de tarea torturaran y secuestraran en la zona.

A Duarte, le pidió la inhabilitación perpetua y la pena máxima por prevaricato, un delito reservado en exclusiva para los jueces por actuación infiel o ilícita para los jueces.

En el caso de Ortiz lo acusó de 24 hechos y a Duarte de 25. Todas, causas en las que intervinieron con el fin de garantizar la impunidad, «lo que los transforma en cómplices, no en meros encubridores», sostuvo. Dijo que desde el inicio de los planteos de los padres y madres que se acercaban a denunciar, sabían de los secuestros, que eran ilegales y que los ejecutaban fuerzas de seguridad.

Sin vueltas, Palazzani dijo que cuando se defendieron, en más de 40 audiencias, fueron inverosimiles y poco creíbles. Destacó que sugestivamente, para seguir menoscabando a los familiares que aún persisten, aseguraron que las familias seguían presentando hábeas corpus cuando ya habían sido asesinados en Rawson los desaparecidos Javier Seminario, Miguel Pincheira, José Méndez y Carlos Cháves o que los familiares de Susana Mujica, Alicia Pifarré y Arlene Seguel (de los secuestros masivos en junio) insistían con hábeas corpus cuando ya estaban muertas.

«Salvo que ellos sepan algo, las sentencias a las que aludieron para decir que ya estaban muertas o ya habían sido asesinados, no lo dicen; no precisan el momento de la muerte de esos desaparecidos» en las condenas de las causas en las que se juzgó por homicidio, como el tramo Castelli o Taffarel, dijo.

Consulado luego en rueda de prensa, el fiscal agregó que «no sé de dónde sacaron eso, por ahí saben algo de lo que acá no se ha dicho, yo no lo encuentro, porque no lo dicen las sentencias», deslizó.

El fiscal explicó que los consideró autores de delitos de lesa humanidad pidió las penas máximas (25) para la omisión de promover la acción penal, privación ilegal de la libertad y prevaricato (en el caso de Duarte) en calidad de partícipes secundarios porque así fue instruído, aunque les podría caber la participación necesaria (que prevé perpetua) como ocurrió con otros jueces del país.

Ortiz: un fiscal con actuación sistemática y sostenida

El fiscal Palazzani inició el alegato por la mañana, en AMUC con una descripción de la imputación que le atribuye al ex fiscal Ortiz, de quien dijo que tuvo una participación «sistemática y sostenida, fundamental para que los hechos que se estaban perpetrando se realizaran y continuaran otros».

Recordó que antes de ser nombrado fiscal, fue secretario del juzgado Federal, por lo que algunos de los expedientes de los que se ocupó de cerrar, los conocía desde 1972, como el caso de Javier Seminario Ramos (desaparecido en noviembre de 1976).

Aseguró que la acusación de Onofre Mellado, quien dijo haberlo visto en la delegación del a Federal cuando lo interrogaban a los golpes, «fue la frutilla del postre, ya que la fiscalia logró, dijo «un sólido cuadro probatorio en su contra sobre su participación: «todo era impunidad», sintetizó.

Destacó que cuando el padre (Ricardo) y el hermano (Joaquín) de Alicia Pifarré le dijeron que Miquel Cancrini fue uno de los secuestradores, le aportaron datos de dónde trabajaba y vivía, Ortiz ya lo sabía porque era un oficial de enlace de la federal con el juzgado, firmaban juntos expedientes de instrucción, sin embargo sólo lo cito a «informativa» 3 años después de la desaparición de la joven artista.

Insistió en que Duarte y Ortiz actuaron en conjunto y que no era posible la actuación del uno sin el otro, para lograr la impunidad. Cuestionó que cuando rigió la ley de autoamnistía, se enviaron los expedientes (31 por los que se hizo este juicio) en los que «no hizo nada» en 7 años, a la justicia militar por las víctimas del terrorismo de Estado con los hábeas corpus «en los que no había pedido ninguna medida» útil, solo «las que eran inútiles» o de las que no se iba a obtener nada.

«Nos quiso hacer creer que se enteró de lo que ocurría en la dictadura cuando volvió la democracia, cuando tuvo los expedientes y nunca preguntó, nunca disentía ni apelaba las decisiones de Duarte, culpaba a los familiares y les imponía costas pero no los citaba, planchaba los expedientes, pedía incompetencias y sobreseía, les daban los nombres de los secuestradores, le aportaban testigos de secuestros, patentes de autos y no pedía medidas ni no leía ni los diarios ni escuchaba las radios donde se hablaba de los secuestros», describió.

Recordó que despachó sin respuestas y con justificaciones de la tortura a la comisión de la APDH que lo fue a ver en septiembre de 1976 cuando le informó que se torturaba a jóvenes al fondo del Batallón, en tanto describió la estrecha relación laboral que había con la delegación de la federal, por donde pasaron interrogatorios de tortura «Orlando Nano Balbo, Onofre Mellado, Eduardo Buamscha, los hermanos Pailos, Orlando Cancio, Javier Seminario Ramos, Alicia Figueira de Murphy, Darío Altomaro, Susana Mujica, Alicia Pifarré, Cecilia Vecchi (desaparecidas las tres), Lucio Espíndola, Carlos Kristensen, Francisco Ledesma, María Cristina Lucca, Luis Almarza, Juan Isidro López, María Cristina Parente, Néstor Sáez, Alicia Villaverde, Pedro Justo Rodríguez, enumeró mientras el público quedó apabullado por la descripción.

Que devuelvan el privilegio

Para Palazzani, el ex fiscal Ortiz y el ex juez Duarte deberían devolver las jubilaciones que perciben desde los 42 y 47 años, otorgada por Reynaldo Bignone «para los jueces y fiscales colaboradores de la dictadura a los que no le renovaban sus cargos.

Para fines del año pasado, se estimaba que los imputados tenían una jubilación cercana a los 8 millones de pesos, por lo que el cálculo actualizado sería de entre 15 y 20 millones por mes.

«Como reparación, pedimos que hagan el cálculo y que se lo exijan» para la devolución y que continúen percibiendo la jubilación ordinaria para jueces, aclaró el fiscal general.

«Estos son delitos de escritorio, los expedientes estaban ahí, en el despacho, arrumbados y otra medida de reparación es señalar el lugar: pedimos que el juzgado se señalice como lugar donde se cometieron delitos de lesa humanidad», destacó.

Otra petición al Tribunal fue que se envíe la sentencia al Colegio de Abogados donde tuvieran actuación profesional, para que se deje signado en sus legajos que cometieron delitos de lesa humanidad.