Escuelita VIII: «Mi hijo estuvo acá», dijo Inés Ragni a la jueza durante la inspección ocular
La inspección ocular en el lugar de Neuquén donde funcionó el centro clandestino “La Escuelita” mostró que el lugar que fue despejado el 2023 por un equipo de antropología, volvió a quedar como un descampado
La jueza federal María Paula Marisi le tomó declaraciones a los Ragni, en el predio donde funcionó el centro de torturas (foto Matías Subat)
La jueza María Paula Marisi y el juez Sebastián Foglia fueron al terreno donde funcionó el centro clandestino “La Escuelita”, en los fondos del Batallón de Ingenieros de Montaña, cedidos a la provincia de Neuquén el año pasado. Las bases que quedaron al descubierto luego del trabajo antropológico de mediciones, limpieza y colocación de estacas el año pasado, quedaron bajo los yuyos, aunque más visibles que en las anteriores pericias.
“Nos pusieron una calle acá y yo me preguntaba, estará ahi Oscar, abajo de ese cemento”, le dijo Inés Ragni al tribunal cuando la recorrida por el lugar, llegaba a su fin.
Ayer, a unos 1.000 metros del lugar donde se hizo la inspección, un grupo de soldados realizaba ejercicios de combate, en las inmediaciones de la laguna que algunos sobrevivientes referencian en sus testimonios, como cercana al lugar donde permanecían cautivos.
La jueza también pidió llegar a ese lugar. Primero escuchó los detalles del lugar en la voz de Raúl Radonich y David Lugones, luego hizo consultas a la directora de políticas de Memoria, Verdad y Justicia de la provincia, María Paz Plantey sobre el trabajo antropológico en el lugar y tras los testimonios de Lolín Rigoni, Oscar e Inés Ragni, dio por concluida la inspección.
La jueza Marisi le tomó juramento a Oscar Ragni y luego de unas preguntas, Ragni detalló que conoció bien el edificio (que luego fue utilizado como centro de torturas) entre el 51 y el 74, cuando trabajaba para la cantina o despensa que funcionaba en el interior del Batallón, como proveeduria para los soldados.
Detalló que la «cantina» era concesionada a los civiles y como empleados «se nos permitía circular dentro del cuartel», a diferencia del resto de la población. Ragni explicó que el edificio blanco fue primero fue un matadero para la provisión de alimentos a la tropa y luego fue acondicionado para una caballeriza, tras un cambio de comandante en la Sexta Brigada.
Agregó que alrededor de 1974, cuando los Ragni ya tenían almacén frente a la casa (ubicada a la misma altura del Batallón, pero del otro lado de las vías ferroviarias), algunos albañiles iban a comprar pan y fiambre a su local le contaron que estaban haciendo reformas allí, cerrando ventanas, poniendo ganchos para atar a los caballos «y luego los usaron para los desaparecidos», manifestó.
El 23 de diciembre de 1976 su hijo «faltó de la casa», tras el secuestro. Y cuando él preguntaba qué pasaba con «La Escuelita» le contestaban que «no era cierto» los dichos de que ahí había un lugar donde tenían a prisioneros políticos y que se les enseñaba a hablar.
Por su parte, Inés agregó que cuando lo enfrentó a Olea (Enrique Braulio, jefe del Batallón en 1976), en el primer juicio (2008) «me trató como se le antojó y me dijo que era mentirosa, él dijo que no sabía nada. Señora jueza, queremos saber qué pasó con mi hijo y con los que faltan, lo tenían acá», planteó en medio de su testimonio ayer, en el mismo predio en el que estuvo detenido clandestinamente su hijo.
Cuatro hectáreas de ese terreno fueron traspasadas a la provincia en 2023, para instalar allí un espacio de Memoria. Están ubicadas en Chaco y Lanin, la calle a la que se refería Inés, Madres de Plaza de Mayo de Neuquén. En 2018 se hizo la apertura, el Ejército cedió el espacio en el que se trazó la calle, para la continuidad vial desde La Sirena y la urbanización hacia Valentina.
La primera incursión al lugar de cautiverio fue en abril de 1984, que quedó documentado en foto y filmaciones. Luego el juez Rodolfo Rivarola realizó una inspección al lugar (cuando instruía la causa por los desaparecidos) en 1987 y ordenó «no innovar» para que se preservara como prueba judicial. En 1990 la vieja casona de color blanca fue derribada hasta los cimientos en el Batallón.
Hubo otras inspecciones oculares en 2014 y en 2017 (con tribunales constituídos con jueces de afuera de la jurisdicción) y el año pasado se realizaron las pericias antropológicas para delimitar el lugar que iba a ser cedido. Tras el trabajo del equipo antropológico, por primera vez quedó claramente a la vista, las bases de lo que fue el centro clandestino y la señalización del galpón contiguo donde se llevaban a cabo los interrogatorios bajo tortura y picana eléctrica. La maleza agreste crecida y la falta de mantenimiento de lo que se planteó como la zona intangible, impedían ayer ver el contorno de la edificación a simple vista.
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