Escuelita VIII: los argumentos del ex juez no impresionaron a la acusación
La APDH consieró que la primera parte de la indagatoria de Duarte no fue relevante con relación a los testimonios que se escucharon en el juicio.
Para la APDH, la primera parte de la indagatoria del ex juez federal Pedro Duarte, fue una dilación. «Veremos qué tiene para decir cuando llegue a explicar su actuación desde agosto de 1976, cuando lo designan juez», dijo el presidente de la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén (APDH), Walter Pérez.
El público se presentó masivamente en la sala de audiencias de AMUC el jueves por la tarde, luego de varias jornadas anteriores en mayo y junio en las que expresamente dejaron vacía la sala. Consideraron que no hubo revelaciones importantes y solo llamó la atención un entredicho entre magistrados sobre cuándo se reanudará la indagatoria que el propio Duarte dejó en pausa.
«Ortíz era un funcionario del poder judicial durante la dictadura, no tiene demasiado sentido lo que dijo, ni argumento. Lo mismo que Duarte», expresó Pérez en referencia a la escueta exposición del ex fiscal federal.
El juicio buscará establecer el rol que tuvo el juzgado federal de Neuquén (en el rol del ex juez y el ex fiscal federal) durante las desapariciones, torturas y el funcionamiento del circuito de persecución política a partir del golpe de Estado de 1976.
Para la APDH como querellante, fue «un engranaje del sistema represivo, para que pudiera cerrar el círculo. Imposible que no supieran», explicó Pérez. Durante casi dos horas, el ex juez Duarte intentó explicar que desde el 1 de enero de 1976 ya no estaba vinculado a la auditoria (asesoría legal) del Comando para justificar su alejamiento o participación del procedimiento golpista en Neuquén.
«Acá se lo juzga por lo que hizo a partir de agosto de 1976, cuando era juez. Es una contradicción que asuma como juez y que exprese tantas aclaraciones de que no estaba vinculado con la dictadura, creemos que nos va a tener con detalles y demás que serán una dilación, pero no vemos nada que agregue al proceso judicial», planteó Pérez.
El querellante Marcelo Medrano detalló que en las indagatorias durante instrucción «siempre analizó casos en particular y se detiene en fechas y cuestiones formales, no así del conocimiento que pudiera tener en lo que sucedía en dictadura, una defensa formal en relación con los expedientes que tramitó sin explicaciones sobre el conocimiento en temas genéricos de la actuación que prestó el poder judicial en dictadura, en su persona. No sabemos cómo continuará, si se detendrá en casos puntuales y si abordará lo que se trajo como prueba en este juicio», sostuvo.
La indagatoria continuaría el 29 de julio, aunque el juez que presidió el debate, Alejandro Silva, explicó que estará sujeto a lo que definan con el resto del tribunal, la jueza María Paula Marisi (de la jurisdicción de Mendoza) y el juez Sebastián Foglia (Bahía Blanca).
Aunque las testimoniales de la acusación finalizaron, el ex fiscal Ortiz pidió que se presente -nuevamente- del testigo Onofre Mellado.
La centralidad de ese testimonio es que lo ubicó en la delegación de la federal durante una sesión de torturas. «Ortiz buscó descalificar testigos y no habló de lo central: no tiene sentido sus dichos de carecer de vinculaciones con la jefatura del Comando o con la dictadura en la región, el era el fiscal, en semejante función (con intervenciones en los habeas corpus por desapariciones y secuestros) no tiene sentido decir que se enteró» de lo que ocurría cuando regresó la democracia, cerró Pérez.
Tras 7 meses de debate, el juicio estaría en condiciones de alegatos en cuanto finalice la indagatoria que el ex juez dejó en pausa. Estaban previstas 2 jornadas para ejercer su defensa y se desconocía si solicitará un plazo mayor. Ninguno de los dos ex magistrados, aceptará preguntas según lo adelantaron las defensas. Ambos imputados despidieron a la defensa técnica en los primeros días del debate y son defendidos por el equipo del ministerio público.
En el caso de Ortiz, en la última jornada acercó una fotografía de época para contrarrestar una descripción de uno de los testigos, al que calificó de «mentiroso». En el caso de Duarte, fueron intensos los reclamos en contra de las pruebas logradas en instrucción por parte del juez Gustavo Villanueva (a quien recusó sin éxito en varias oportunidades) y las pericias rechazadas por varios escritos en los que está estampada su firma.
De los 8 tramos de juicio por los delitos de lesa humanidad que se desarrollaron en la región, éste es el único que tiene a civiles como acusados.
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