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En Río Negro, el Poder Judicial requirió una suba del 90% y abrió el debate del presupuesto 2025

El gobierno provincial elevará esta semana el proyecto de recursos y de gastos del Estado rionegrino para el año próximo.

Hacienda concluye el presupuesto de Río Negro para el 2025, que el gobierno provincial remitirá en lo queda de la semana a la Legislatura. Un punto de debate ya se abrió con la propuesta del Superior Tribunal de Justicia para su Poder aunque se anticipan correcciones por parte del Ejecutivo porque las partidas requeridas superan “montos pactados”.

Según el mandato constitucional, la administración provincial debe elevar el proyecto anual antes del 30 de noviembre del año previo.

Ayer, la cartera de Gabriel Sánchez ultimaba esa iniciativa y se preveía su traspaso al gobernador Alberto Weretilneck para su repaso final, especialmente en fondos para obras y asignaciones ministeriales aún en análisis.

Cruces judiciales

$ 211.799
Millones es el presupuesto que el STJ requirió a la Legislatura para el funcionamiento de su Poder en el 2025.

$ 111.000
Millones es la estimación de los desembolsos proyectados para el 2024. A octubre, el monto fue de 86.335 millones.

La Legislatura finaliza su período ordinario con noviembre y, en principio, la sesión de tratamiento del presupuesto se enmarcará en un llamado extraordinario fijado por el mandatario. Esta votación se prevé para la segunda quincena de diciembre.

A octubre, el Estado rionegrino ejecutó más de 1,4 billones de pesos y estaría por encima de los 1,8 billones al completar el año, significando un 56% superior al presupuesto aprobado y un 10% del último vigente.

La confección de las partidas para el 2025 tuvo su base en los gastos realizados en el 2024, con los registros de agosto. Con esos números y sus estimaciones anuales, Hacienda estableció pautas, entre ellas, límites en los aumentos que propongan las áreas . Sus requerimientos no podían superar el 18%, basándose que ese porcentaje es el cálculo inflacionario del año que el gobierno de Javier Milei estableció en su presupuesto nacional.

La conformación de la previsión para Personal quedó en Hacienda pero, igualmente, su variación se mantendría en ese mismo porcentaje.

El STJ habría logrado un guarismo superior para su presupuesto, a partir de reuniones previas con Sánchez y sus técnicos. “Pero, ese porcentaje no se respeto”, explican funcionarios del Ejecutivo cuando conocieron la Acordada. Los jueces dejaron -obviamente- ese ajuste a sus pares de los otros Poderes.

El STJ, que preside Sergio Ceci, formalizó la Acordada N° 22, con su presupuesto anual. Foto: Marcelo Ochoa.


La propuesta judicial prevé un presupuesto de 211.799 millones, que equivale a un incremento del 90% de los desembolsos calculados para el 2024, el cual, superará los 111.000 millones.

Hasta octubre, las erogaciones salariales concentraron casi el 95% de las ejecuciones del Poder Judicial. Para el 2025, esa partida se fijó en 182.500 millones, que constituye un 86% del total. Los pagos por haberes en el presente ejercicio superarían los 106.000 millones.


La Legislatura tratará el próximo presupuesto en sesión extraordinaria, que deberá convocar el gobernador, y se será en la segunda quincena de diciembre.


En la acordada N° 22, el STJ formaliza su presupuesto y explica su elaboración con los aportes de las “diferentes áreas del Poder”, con prioridades fijadas “en forma prudente y moderada, optimizando los recursos materiales y humanos de manera eficiente ”.

En relación al Personal, el tribunal se alude a la cobertura de vacantes originadas por “ascensos o renuncias”, como también, “de los nuevos organismos creados por ley”. Advierte que el STJ no dispondrá de “designación del personal de ninguna jerarquía, ni procederá a la implementación de ningún organismo” si no se “cuenta previamente con la correspondiente asignación presupuestaria especifica”. Este párrafo se anticipa al recorte que el Ejecutivo aplicará a su partida salarial, que después convalida la Legislatura.

Otra previsión en revisión habitual recae en las construcciones, con una disminución legislativa y, después, con las ejecuciones presupuestarias.

La lista de obras repite la “continuidad de la Ciudad Judicial de Cipolletti”, como también, entre otras, reitera las construcciones de los complejos de El Bolsón y de San Antonio; las ejecuciones en los Juzgados de Paz de Huergo, Sierra Colorada, Valcheta, Conesa y Dina Huapi.


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