En Neuquén, piden la absolución de un juez y un fiscal de la dictadura, Pedro Duarte y Víctor Ortiz
El final de alegato de la defensa pública será el 22, por la mañana. Se programaron otras dos audiencias en diciembre. Duarte y Ortiz siguen el juicio por videoconferencia
Las defensoras María Laura Irastorza, Celia Delgado, Alejandra Vidales, Gabriela Labat y el defensor Eduardo Peralta conforman el equipo federal de la defensa oficial ( foto Matías Subat)
El equipo de defensoras públicas del ex fiscal Víctor Ortiz y el de defensores oficiales de Pedro Duarte alternaron sus alegatos en el juicio «Escuelita» con la meta de lograr la absolución de los funcionarios judiciales acusados de ser parte de la dictadura militar en la región. Defensoras y defensores de los ex jueces de la dictadura, le plantearon al Tribunal Oral Federal, la inocencia de los funcionarios judiciales respecto a las desapariciones forzadas y el conocimiento de las torturas.
El 22 de noviembre se fijó la próxima audiencia a partir de las 9 y en esa mañana, las abogadas de la defensa estimaron que ese día finalizarían los planteos.
Se estableció que el juicio seguirá el 5 (por la tarde) y el 17 de diciembre. No se volvió a hablar sobre la posibilidad de un veredicto antes del inicio de la feria judicial, como se estimaba a mediados de año. La sala de audiencias del octavo juicio se mostró nuevamente despoblada de público.
Pedro Duarte y Víctor Ortiz están acusados de integrar en 1976 los grupos de tarea de la dictadura, en el rol de dar la cobertura judicial para que los crímenes de torturas, secuestros y desapariciones forzadas se llevaran a cabo y continuaran con impunidad. Más de 30 expedientes de hábeas corpus presentados por las madres y los padres de los desaparecidos y sobrevivientes de las cárceles de la dictadura en la región, forman parte de la prueba.
El Defensor Eduardo Peralta comparó que Duarte y Ortiz «no eran (Guillermo) Madueño ni (Otilio) Romano», en clara alusión a los jueces de la dictadura de Bahía y de Mendoza que conocían los centros clandestinos y fueron acusados de ser parte del entramado de las torturas y desapariciones forzadas en sus jurisdicciones.
El equipo de la defensa también buscó desacreditar en la jornada de alegatos del miércoles los testimonios que fueron compareciendo en este año de juicio: aseguraron que el testigo que vio a Ortiz en el centro clandestino de la delegación federal tuvo diferentes dichos en las declaraciones e inclusive contrarrestó su versión con declaraciones de Oscar Ragni en la causa, con citas que lo desacreditarían.
Las abogadas relativizaron el testimonio de Noemí Labrune sobre el encuentro que la dirigente de la APDH dijo que mantuvo con Ortiz donde le informó de la existencia de un lugar donde se torturaba jóvenes detrás del Batallón: incluyeron otras declaraciones con contradicciones y sostuvieron que el encuentro no se produjo, según les dijo Ortiz.
También hablaron en forma despectiva sobre los abogados que trabajaron en los lugares luego ocupados por Duarte y Ortiz y plantearon, por ejemplo, que una de las testigos de cargo, la jueza Beatriz Cozzi de Cerazzo (suspendida en el juzgado antes de la asunción de Duarte), debió haber sido imputada igual que Duarte y Ortiz, si viviera.
No ahorraron críticas y responsabilidades sobre la actuación de Oscar Massei y Marcelo Otharán con alusiones de que tuvieron actuaciones judiciales similares a las de sus defendidos, en tanto no hubo alusiones al juez Carlos Arias, que sufrió un atentado en 1975, tuvo un hijo (el diputado Carlos Arias) que fue víctima del terrorismo de Estado en el tiempo analizado en el juicio y que dejó vacante el lugar que luego ocupó Duarte.
La tercera jornada de alegatos defensistas se llevó a cabo ayer. La Defensa oficial volvió a cuestionar el tiempo de ocurrido y planteó la prescripción de los delitos por los que se hizo este juicio a lo largo del año.
Sostuvieron que la omisión de persecución penal y el prevaricato, que son las figuras que se le endilgaron en el procesamiento a Duarte y Ortiz, no pueden ser delitos de lesa humanidad por su levedad, ya que la categoría está reservada para crímenes aberrantes.
En la primera y segunda jornada de alegatos se ocuparon también de enrostrar los errores de la investigación, de los acusadores en su imputaciones y problemas formales (nulidades) por los cuales le pidieron al Tribunal la absolución tanto de Duarte como de Ortiz, por considerar que fueron acusados de hechos en la indagatoria que luego en la elevación a juicio y en los alegatos de la acusación, cambiaron.
Como lo adelantó Duarte, cuestionaron fuertemente la instrucción del juez Gustavo Villanueva y la modalidad de las testimoniales que luego fueron base de la acusación.
La defensora Celia Delgado planteó que las 33 indagatorias que planteó Duarte para ejercer su defensa no fueron actos dilatorios – como lo enrostraron desde las querellas- sino que la fiscalía había ejercido una acusación tan difusa, que tenía que defenderse de todo.
El defensor y las defensoras aseguraron que Duarte y Ortiz no actuaban en «tandem» como lo planteó la fiscalía y las querellas. Insistieron en que no sabían de los centros clandestinos, de los secuestros y de los desaparecidos y que su investigación fue «exhaustiva» por la cantidad de informes que solicitaban sobre el paradero de las personas que se secuestraban.
La defensora Alejandra Vidales calificó de «falacia argumentativa» de la fiscalía y las querellas, en cuanto a que se conocían las acciones del Terrorismo de Estado. Enrostró la censura y autocensura de la prensa regional y nacional evitó que los secuestros y desaparecidos tomaran estado público. «Ninguno de los diarios habló del golpe militar y las tapas decían total normalidad», dijo.
A contramano de lo que planteó la fiscalía de que Duarte fue un militar que puso la dictadura en el juzgado para dar cobertura a los crímenes, Peralta sostuvo que el ex juez de la dictadura era un civil al momento de asumir el juzgado federal de Neuquén, porque había renunciado a ser auditor del Ejército cuatro meses antes del golpe para dedicarse a la actividad privada.
Era Duarte el que investigaba
«Ortiz nunca rechazó un hábeas corpus y hasta pidió el cambio en el expediente a privación ilegal de la libertad», dijo Gabriela Labat respecto a la actuación en los expedientes de los desaparecidos, por parte del fiscal Ortiz.
La defensora dejó en claro que en 1976 al que le correspondía investigar era al juez (Duarte) y que era ilegal en ese tiempo que el fiscal dispusiera allanamientos o llamara a declarar los militares, como parte de su actuación. «No hubo omisión, hubo una exhaustiva investigación» insistieron las defensoras Labat y Alejandra Vidales y explicaron que el problema fue, que las respuestas a los pedidos, eran negativas.
Ortiz está acusado de 24 hechos de omisión de persecución penal y ser partícipe de 8 secuestros, con un total de 19 víctimas que lo imputan. Las defensoras del ex fiscal Ortiz se despegaron del ex juez y sostuvieron que «el verdadero protagonista, el que llevaba la investigación, era el juez el que tenía amplias facultades; los dictámenes del fiscal en este tiempo no eran vinculantes, la actuación del fiscal, era secundaria» sostuvo Labat.
Igualmente se sumaron a la plataforma de argumentaciones realizada por el defensor de Duarte y consideraron que las acciones estaban prescriptas, que las acusaciones de la fiscalía eran infundadas y que no había cobertura del accionar delictivo de los grupos de tarea en la región. Luego caso por caso, detallaron todos los infructuosos pedidos de informes que hizo Ortiz cuando los familiares de los cautivos solicitaban la intervención en el único juzgado federal de la zona.
Llamativamente Vidales describió el caso del desaparecido José Delineo Méndez, secuestrado durante el operativo Cutral Co, como «un soldado que estaba bajo bandera y que fue llevado al Batallón aparentemente por una falta de armamento». Reconoció que sus familiares lograron ubicarlo en Neuquén y que lo vieron por última vez en octubre de 1976 en la cárcel de Rawson, antes de que desapareciera cuando nuevamente lo fue a buscar el Ejército. «Hubo actividad, pidió el cambio (en el expediente de hábeas corpus) a privación ilegal cuando la familia le informó que estaba detenido», argumentó en favor de Ortiz.
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