En medio de la crisis carcelaria de Neuquén piden reformar el Código para endurecer la prisión preventiva
El PRO presentó un proyecto que suma una nueva causal de detención: la reiterancia. Si una persona es investigada por más de un delito, sin condena firme, podrá ser encarcelada. Para la defensa pública significa un avance sobre el principio de inocencia.
En 2016 se aprobó la primera reforma que ampliaba los supuestos para dictar prisiones preventivas. Foto Matías Subat.
La Legislatura de Neuquén declaró la emergencia carcelaria -ante la sobrepoblación y las condiciones de hacinamiento- y la jueza de Ejecución Penal, Raquel Gass, confirmó hace exactamente dos días que las unidades deben seguir cerradas para el ingreso de nuevos detenidos. En este contexto, el bloque del PRO presentó un proyecto de ley para reformar (una vez más) el Código Procesal Penal e incluir una nueva causal que justifique las prisiones preventivas: la reiterancia.
La iniciativa fue girada a la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, donde se discutirá.
Primero, un poco de historia. El Código Procesal Penal, que instauró el sistema acusatorio e incorporó el juicio por jurados para delitos graves en la provincia, entró en vigencia hace diez años. Allí estableció que una persona puede ser detenida preventivamente (sin una condena firme) cuando la fiscalía pruebe (y la jueza o juez de Garantías convalide) que hay riesgo de que se fugue u obstaculice la investigación.
Es tan excepcional como medida que se puso un plazo: no puede extenderse por más de un año (aunque ha habido reinterpretaciones).
Apenas dos años después, en 2016, se modificó el Código, y se sumó una razón para dictar las prisiones: cuando el acusado o acusada en libertad ponga en riesgo la integridad de la víctima o de su familia. Un año después se comprobó que este cambio no tuvo gran impacto: los jueces y las juezas siguen evaluando en general los mismos peligros: si pueden fugarse o entorpecer.
Este proyecto busca que se agregue la causal de la reiterancia. Esto es, si una persona «posee una o más causas penales en trámite, por delitos cuya pena sea de prisión, aun cuando en las mismas no se haya dictado condena en su contra«, la fiscalía puede solicitar su detención.
Traducido: con una investigación abierta que tenga un acusado o acusada, o sea la sospecha de que cometió un delito, esa ya es razón suficiente para que se le dicte prisión preventiva.
Es distinto a la reincidencia, que es cuando una persona que haya cumplido la pena, total o parcial en encierro, vuelve a cometer un delito. Hay un antecedente condenatorio.
Para determinar la reiterancia se considerará, entre otros aspectos, «la existencia de conductas que transgredan la ley en más de una ocasión sin que mediare condena previa», cuando haya «pruebas suficientes» y se pueda «inferir como probable una participación punible del imputado».
Quedan excluidas las imputaciones por delitos culposos o cuando la acusación provenga de «hechos cometidos en el ejercicio de la libertad de expresión, o en ejercicio del derecho a peticionar ante las autoridades, salvo que causare lesiones a las personas o daños a la propiedad».
El principio de inocencia termina en una «entelequia»
Uno de los firmantes del proyecto es el diputado Damián Canuto. «Sabemos que existen muchos casos donde hay una conducta repetida en algunos sujetos que tiene sucesivos antecedentes penales, y que sin embargo por las garantías del sistema, a pesar de darse en un periodo de tiempo corto, esas personas son imputadas por un delito pero no son detenidas. Entonces salen y reiteran su conducta», aseguró.
Planteó que es una «herramienta positiva» para la fiscalía. Consultado por RIO NEGRO dijo que no había conversado personalmente con referentes del ministerio público. Tampoco brindó precisiones sobre si estaban solicitando estas detenciones, y los jueces y juezas las estaban negando.
El cuestionamiento más ostensible es que la propuesta avanza sobre el principio de inocencia. Respecto de ese punto, el legislador respondió: «convengamos que la realidad social que se vive siempre se enfrenta con ese principio, que es un dogma del derecho penal, pero que también termina siendo una entelequia, si se lo piensa cuando uno lo confronta con los hechos. El principio de inocencia existe como una garantía de que yo tenga un debido proceso para el caso que se me impute. Ahora que una persona se presuma inocente no significa que lo sea, hasta tanto se termine la culpabilidad, la inocencia se presume».
Mencionó: «si yo tengo hechos comprobados, visibles, manifiestos de una persona que se reitera en su conducta, que sin embargo mientras no haya condena firme sigue siendo presuntamente inocente, eso no significa que yo deje librado a la suerte a que esa persona siga deambulando por la calle, asaltando con un arma a las personas».
Para Canuto el proyecto no contradice la declaración de emergencia carcelaria, de la que él mismo participó. «Son dos cosas distintas, una cosa es que vos tengas un problema de una crisis carcelaria, la que vos tenes que resolver, ampliando la capacidad y las condiciones de detención que eso es real, que es un problema, que si se quiere es político, que lleva tiempo y esfuerzo, y recursos. Ahora la otra es que vos no detengas a los culpables o a los sospechosos porque no tenes donde detenerlos, justamente. Eso sería una contradicción del sistema», indicó.
Dificultad constitucional
Según las estadísticas de la defensa pública, actualmente hay en toda la provincia 734 personas detenidas, de la cuales el 16% cumplen prisiones preventivas.
La defensora de Ejecución Penal, Luciana Petraglia, explicó que la reiterancia como causal para detenciones cautelares «tiene una dificultad constitucional más severa que es la violación del principio de inocencia».
«Los fiscales tendrían que probar que tienen muchas causas para fundamentar un riesgo procesal, cuando en realidad que tengan muchas causas no necesariamente significa que no se va a someter a un proceso penal en su contra», remarcó.
Enfatizó en que en esto diez años aumentó la población carcelaria en el 215%.
«Si eso significara per se una disminución de las conductas delictivas de las personas en la provincia de Neuquén, hoy los legisladores no estarían presentando este proyecto argumentando que va a subsanar problemas relacionados con la seguridad. Hay argumentos ahí para revisar cuidadosamente. Por que siempre que hay argumentos relacionados con la puerta giratoria o con la disminución de la delincuencia, tiende a ver modificaciones procesales de endurecimiento de las penas, de la ley de Ejecución Penal o de ampliación de los supuestos de prisión preventiva. Ojo con esos argumentos que se invocan genericamente», subrayó.
Para Petraglia hay una tensión entre el reconomiento del Estado de las condiciones inhumanas de detención y habilitar un mecanismo para «facilitar la imposición de medidas cautelares».
El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, confirmó que la población carcelaria aumentará entre un 10 y un 15% anual, a partir de que el Poder Judicial de la provincia asuma la investigación y juzgamiento de la venta minorista de drogas, que hasta ahora estaba en manos de la justicia federal. Los casos de «narcomenudeo», oficialmente, engordarán las cárceles.
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