El STJ zanjó la discusión por los presos en comisaría: lapidario informe de un jefe policial de Río Negro
El máximo órgano judicial cuestionó la resolución de una jueza de Garantías que rechazó un habeas corpus colectivo. Internos del destacamento de Villa Regina viven hacinados y sin comida.
El comisario Gustavo Tripailao pateó el tablero con los presos en comisarías y firmó un lapidario informe que hizo eco en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) rionegrino. El tema está bastante discutido, aunque la última palabra suele ser de las autoridades policiales que disponen de los reos. El foco ahora está puesto en los detenidos de Villa Regina.
El caso llegó al STJ después del amparo interpuesto por la defensora penal Julieta Soler y el asesor letrado Javier Razzetto, en representación de un preso que está detenido en la Comisaría Quinta de Villa Regina. La defensa impulsó el habeas corpus por las condiciones de detención, aunque la jueza de garantías Claudia Lemunao lo rechazó. Después de esa resolución hubo una casación.
Los defensores penales consultados admitieron que el tema de los presos en comisarías viene “candente” y que, muchas veces, las autoridades policiales hacen la “vista gorda” a las condiciones de detención. Pero Tripailao pateó el tablero y aunque la jueza se llevó un tirón de orejas, Piccinini puso el foco en lo que están haciendo los tribunales con los detenidos.
Lemunao había minimizado el hacinamiento de presos en una Comisaría de Villa Regina y aseguró que son las condiciones que permite «el contexto socioeconómico». Tampoco le dio entidad a un lapidario informe sobre el establecimiento que redactó el propio comisario Tripailao. En el documento brindó detalles sobre las condiciones de detención que vulneran derechos básicos, entre ellos la falta de alimentación y baños.
En ese contexto el STJ rionegrino cuestionó la decisión de Lemunao y ordenó reenviar las actuaciones para que la magistrada garantice los derechos de los internos.
La jueza Picinini consignó que no puede soslayarse el tenor de la nota suscripta por la autoridad policial, que destaca la gravedad de la situación de las personas detenidas y puntualiza los diversos motivos de las «…condiciones inadecuadas para un alojamiento prolongado…» en dicha Comisaría, algunos de ellos constatables con las imágenes fotográficas acompañadas a la presentación inicial.
En el informe el comisario fue contundente. Aseguró que las celdas de la comisaría están acondicionadas para alojamiento temporal por un máximo de doce horas, que los empleados policiales que cumplen la función de cuarteleros no poseen capacitación penitenciaria. Agregó que no cuentan con un servicio de enfermería ni camas y colchones ignífugos. «Lo más grave aún es que no se cuenta con cupo para asegurar el racionamiento diario de las personas detenidas», puntualizó
A pesar de la evidencia, la jueza precisó que no «existe un agravamiento arbitrario, sino condiciones de detención que permite el contexto socio-económico». Más allá de la crisis, el Poder Judicial, sobre todo los jueces y juezas de ejecución, tiene como principal función garantizar derechos constitucionales. En todo caso es el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad, quien debe velar por los derechos de los ciudadanos.
Días atrás DIARIO RÍO NEGRO publicó un informe sobre la licitación de camas y frazadas para el Servicio Penitenciario. ¿Algunos irán a las comisarías? Si bien el gobierno utiliza las unidades policiales para alojar personas con prisión preventiva, la normativa prevé que esos espacios sólo pueden ser temporales. Sin embargo, por la falta de espacios en los penitenciarios hay muchos internos cumpliendo condenas en comisarías de la provincia.
Piccinini mencionó los estándares internacionales en la materia y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que imponen considerar a las personas privadas de la libertad como verdaderos sujetos de todos los derechos previstos en la Constitución Nacional. Recordó que los prisioneros son titulares de todos los derechos constitucionales, salvo las libertades que hayan sido constitucionalmente restringidas por procedimientos que satisfagan todos los requerimientos del debido proceso.
Mencionó la Constitución Nacional en su artículo que establece que las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo, los pactos internacionales y los principios básicos elaborados por las Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos. Con toda esa información, ordenó a la jueza de garantías tratar las condiciones de detención de los presos en la Comisaría de Villa Regina.
El fallo captó la atención de las autoridades policiales, de los defensores y de muchos jueces que están ordenando prisiones en unidades no aptas para el alojamiento de reos.
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