El laberinto judicial que desencadenó la suspensión del juicio por el crimen de Facundo Castillo
La estrategia de la defensa, un gris jurídico y la parcial respuesta del presidente del foro de Cipolletti definieron la suspensión del debate que estaba fijado para comenzar el lunes. Mañana iban a seleccionar la jurado: también se postergó.
Esta tarde recordarán a Facundo Castillo en la plaza de su barrio en Neuquén. Foto: Florencia Salto
El laberinto procesal y los vericuetos jurídicos formaron parte de la inesperada suspensión del juicio por el crimen de Facundo Castillo, en Cipolletti. Sin embargo, también se debe poner el foco en la estrategia de la defensa y en la decisión del presidente del foro de jueces que omitió un detalle crucial para la dilación del debate.
Mañana viernes estaba prevista la audiencia de selección del jurado popular que tenía la gran responsabilidad de decidir sobre la culpabilidad o inocencia de Ramiro Gutiérrez, acusado del homicidio de Facundo y de otras cinco tentativas más. Era el paso previo para el inicio del debate el lunes próximo: todo se suspendió hoy. La postergación implica volver a tomar contacto con las 60 personas preseleccionadas hace un par de semanas, con todos los recursos del Estado que eso conlleva.
¿Pero qué pasó? ¿Cómo es posible suspender la selección de jurado y un juicio horas antes de su inicio? Fue un recurso de los defensores Martín Segovia y Carlos Vila que obligó a la jueza Florencia Caruso a postergar el proceso hasta que el Poder Judicial de Río Negro deje firme el planteo.
En limpio: los abogados recusaron a la magistrada con el argumento que había sido mal designada por la Oficina Judicial. La recusación fue objetiva, no subjetiva, se aclaró. Y estuvo justificada por un artículo del código de procedimientos. Según la defensa Caruso no podía ser la jueza técnica en el debate ya que fue la magistrada a cargo del control de acusación. Esa decisión surge de un artículo del código y es el que se ha utilizado en todos los juicios por jurados ya realizados en la provincia.
Otro apartado del código plantea que el juez o jueza del juicio se debe sortear junto con la preselección de los 60 jurados. Es decir que hay dos artículos que se contraponen en algún punto y dejan un gris jurídico que hasta el momento no se había utilizado.
Tras el planteo, el viernes 31 de marzo el presidente del foro de la Cuarta Circunscripción Guillermo Merlo confirmó a Caruso como la jueza del proceso, pero no resolvió la cuestión de la inconstitucionalidad del recurso, y no se expidió sobre el efecto suspensivo del proceso.
Por eso, Florencia Caruso suspendió todo el proceso hasta que se resuelva el recurso. Es que los defensores adelantaron en la génesis del debate que iban a recurrir ante el Tribunal de Impugnación la decisión de Merlo. Para evitar un posible problema mayor, la magistrada postergó el inicio del juicio.
Incluso a los letrados les queda otro recurso en la provincia que es el Superior Tribunal de Justicia antes de ir a la Corte Suprema.
Críticas al presidente del foro de jueces
La decisión de Merlo fue criticada por el fiscal jefe Santiago Marquez Gauna, quien aseguró que el nobel juez lo limitó en su labor y no le dio traslado en esa audiencia donde se trató la recusación de Caruso.
Se quejó el fiscal jefe porque no lo dejó litigar sobre el tratamiento de la inconstitucionalidad y el efecto suspensivo. “El doctor Merlo fue claro, no nos dio tratado al planteo de inconstitucionalidad. Lo contesté y me cortó y me dijo que solo estaba para controlar la legalidad, lo dijo así y limitó la actuación del Ministerio Público Fiscal”, lanzó con ímpetu el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna, uno de los mejores litigantes de la circunscripción.
Además indicó que el planteo no debía tener efecto suspensivo y que hasta tanto no se defina, Caruso era la jueza natural del proceso y debía continuar. Sin embargo el artículo 226 es claro sobre ese punto: “Las decisiones judiciales no serán ejecutadas durante el plazo para impugnar y mientras tramite la instancia de control, salvo disposición expresa en contrario”. En derecho el efecto suspensivo implica que la decisión no se ejecuta hasta que quede firme (luego de tramitar todos los recursos).
¿Qué buscan los defensores?
Caruso abrió la audiencia de hoy consultando a la defensa si iban a recurrir la decisión de Merlo. Ante la respuesta afirmativa, y tras una ida y vueltas de las partes dijo que no tenía sentido seguir el proceso si era justamente a ella a quien habían recusado y la medida aún no estaba firme. Los abogados de
Gutiérrez tienen, por supuesto, el derecho a ejercer la defensa de su cliente y si algo han demostrado en este proceso es su afán de discutirlo todo, literalmente. Está claro que la estrategia de Vila y Segovia es estirar el inicio del debate. Incluso a pesar de que Gutiérrez se encuentra con prisión preventiva desde fines de 2021. Tal vez el objetivo final sea lograr un acuerdo abreviado porque si algo es seguro es que no quieren un juicio por jurados. Fue lo primero que plantearon al inicio del control de acusación: pretendían un juicio abreviado por ocho años.
Caruso en varias oportunidades les pidió actuar de buena fe para no dilatar el proceso. ¿Cómo sigue todo ahora? La defensa va a llevar el planteo al Tribunal de Impugnación, luego pude ir hasta el STJ y también tienen la chances de ir a la Corte Suprema, pero ya con la resolución del Tribunal de Impugnación cesaría el efecto suspensivo, que dejó abierto Merlo.
El juez fue el último en incorporarse al foro y su designación estuvo muy reñida. Se cuestionó su corta edad y su escasa experiencia como fiscal. Ahora nuevamente recibió planteos por aceptar la presidencia del foro de jueces que demanda la resolución de este tipo de trámites administrativos, sinuosos y hasta marañosos jurídicamente. Sobre todo con un defensor como el exjuez Carlos Vila que incluso ganó en la Corte Suprema su propia destitución.
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