El Impuesto a las Ganancias comienza su recorrido por la Justicia: en qué se basan los reclamos
El impuesto a las Ganancias vuelve a los tribunales, cuestionado por su impacto en salarios y derechos.
Impuesto a las ganancias.
El regreso del impuesto a las Ganancias en los salarios desató múltiples reclamos judiciales que cuestionan su constitucionalidad. Gremios y asociaciones demandan al Estado, argumentando que el impuesto afecta derechos laborales y salariales consagrados.
Los recursos colectivos plantean la inconstitucionalidad del Título V de la ley 27.743 y del decreto reglamentario 625/24, cuestionando tanto su aprobación como su aplicación.
En este contexto, varios sindicatos y asociaciones de trabajadores presentaron demandas, argumentando que el impuesto afecta derechos consagrados en la Constitución Nacional, lo que llevó a la Justicia a intervenir en estos casos, informó el medio El Cronista.
Impuesto a las Ganancias: la reintroducción del impuesto y las deducciones actualizadas por el IPC
Desde que el impuesto a las Ganancias volvió a aplicarse sobre los salarios, las tablas de deducciones personales y los cálculos de retención se actualizan trimestralmente en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Esto genera un impacto inmediato en los trabajadores que, anteriormente, estaban exentos de pagar el tributo debido a la eliminación de la cuarta categoría del impuesto en octubre de 2023 bajo la Ley 27.725.
Los reclamos no se hicieron esperar, especialmente entre los gremios que ven afectado el poder adquisitivo de sus afiliados. Los argumentos principales incluyen la violación de principios constitucionales como el de progresividad y no regresividad, así como la vulneración de la intangibilidad salarial, que impide que el salario de los trabajadores sea reducido.
Impuesto a las Ganancias: los primeros reclamos ante la Justicia
Uno de los principales focos de conflicto surgió en el Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal de La Plata 2, donde la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires presentaron una demanda contra el Estado Nacional.
Esta acción busca declarar inconstitucionales varios artículos del Título V de la ley 27.743, argumentando que, si bien la ley fue aprobada por ambas cámaras del Congreso, el Título relacionado con el impuesto a las Ganancias no obtuvo el respaldo del Senado.
El reclamo se centra en tres puntos fundamentales:
–Violación del principio de progresividad y no regresividad: Se argumenta que el impuesto ahora alcanza a trabajadores que previamente habían quedado excluidos.
-Gravamen a jubilados: Afecta nuevamente a los jubilados, quienes habían sido eximidos del tributo.
-Incumplimiento de la intangibilidad salarial: Este principio, respaldado por la Constitución Nacional, protege el salario de cualquier reducción indebida.
Ante estos argumentos, la Justicia aceptó tramitar la acción como un proceso colectivo, en lugar de tratarse como un reclamo individual. Esta resolución significa que la demanda afecta a todos los trabajadores representados por el sindicato y no solo a aquellos que iniciaron el proceso. El tribunal decidió procesar el reclamo mediante un juicio sumarísimo, agilizando el tratamiento judicial.
Impuesto a las Ganancias: la Justicia Federal de Resistencia y el caso de los bancarios
En paralelo, el Juzgado Federal de Resistencia, Chaco, dictó una medida cautelar suspendiendo la retención del impuesto a las Ganancias sobre los empleados de bancos en la provincia. Esta decisión se tomó en el marco de un amparo colectivo presentado por la Asociación Bancaria Seccional Resistencia.
Al igual que en el caso de La Plata, los trabajadores bancarios argumentan que el impuesto afecta directamente sus condiciones de vida, y no se trata de una cuestión meramente tributaria.
El reclamo apunta a la nulidad de la Ley 27.743 o, en su defecto, a la inconstitucionalidad del Capítulo V, que restablece el impuesto a los salarios. Los trabajadores bancarios de la provincia del Chaco sostienen que este tributo, que había sido eliminado en 2023, no solo perjudica sus salarios, sino que además viola el principio de igualdad ante la ley, al establecer un trato desigual respecto de otros trabajadores.
Impuesto a las Ganancias: el regreso polémico de la ley 27.743
El conflicto en torno a la ley 27.743 radica en la reintroducción de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, eliminada apenas 10 meses antes por la Ley 27.725. En esa oportunidad, se había determinado que los salarios inferiores a $1.770.000 mensuales estarían exentos del impuesto, beneficiando a más de 800.000 trabajadores en relación de dependencia.
El Impuesto a las Ganancias alcanzará a casi 3.000 agentes del Poder Ejecutivo en Río Negro
Sin embargo, la nueva legislación, cuestionada por los gremios, restablece el impuesto a una mayor cantidad de trabajadores, ampliando la base de conceptos gravados.
Uno de los aspectos más controvertidos es la inclusión de elementos que antes estaban exentos, como el aguinaldo, viáticos, bonificaciones especiales, horas extras, entre otros. Según los gremios, esto agrava aún más la situación de los empleados, quienes ahora ven afectados sus ingresos por conceptos que, en muchos casos, no forman parte de su salario básico.
Impuesto a las Ganancias: ¿Impuesto confiscatorio?
Uno de los argumentos más fuertes en los reclamos judiciales es que el impuesto, en su actual configuración, tiene un carácter confiscatorio. Los sindicatos alegan que las deducciones salariales que produce el impuesto exceden los límites de la razonabilidad, impactando de manera directa en el poder adquisitivo de los trabajadores.
Esto, a su vez, incrementa la vulnerabilidad de los empleados y reduce su calidad de vida, en un contexto de creciente desigualdad social en el país.
Otro punto de conflicto es la exención que otorga la ley 27.743 a ciertos grupos de trabajadores, como los petroleros, quienes no están sujetos al pago del impuesto a las Ganancias. Los gremios denuncian que este trato desigual es injustificado, ya que los trabajadores de pozo están en igualdad de condiciones que el resto de los empleados del país.
La Constitución Nacional establece que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, por lo que cualquier diferenciación sin un fundamento sólido es vista como una violación de este principio.
Comentarios