El Gobierno se niega a incorporar a la empleada que denunció por violencia sexual a un funcionario de Neuquén

Ernesto Seguel, exsubsecretario de Trabajo de Omar Gutiérrez, renunció en 2022 al cargo luego de que Silvana Cabezas, una trabajadora que dependía de su estructura, expusiera situaciones de acoso y abuso sexual en el ámbito laboral ante el exministro Abel Di Luca (hoy imputado en la megaestafa por planes sociales). Quien lo sucedió en el puesto fue Nelson Alegría. Según relató la mujer: «me impidió realizar las tareas que venía desempeñando y me dijo que me iba a hacer echar por denunciar a su amigo».

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En ese contexto fue que Silvana presentó una denuncia encuadrada en la ley 2786 de violencia de género ante el hostigamiento que sufría de Alegría. Pidió que se le asigne trabajo en función de sus conocimientos en la ciudad de Zapala, donde actualmente vive. Ella es técnica superior en Seguridad, Higiene y Control Ambiental Industrial.

Al mismo tiempo hizo una presentación ante la Oficina de Intervención en Violencia Laboral, un organismo creado por el protocolo que puso en marcha Gutiérrez ante el escándalo político.

El informe que hizo esta oficina expresó: «recomendamos a fin de no revictimizar a la trabajadora y con el fin de no incurrir en una nueva situación de violencia laboral y de género focalizando en sus recursos saludables de afrontamiento requeridos al deseo de volver a trabajar y una vez emitida el alta médica de su licencia médica psicológica, se arbitren los medios administrativos para su reincorporación laboral en la Delegación Regional centro de la localidad de Zapala, lugar de residencia de ella y su familia».

Fue por este motivo que el juez civil, Santiago Montórfano, manifestó que «se referencian indicadores compatibles a descalificación y obstrucción laboral» y por eso ordenó al ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Lucas Castelli, que «otorgue funciones efectivas conforme conocimientos técnicos y saberes de la Sra. Cabezas».

Lejos de acatar la medida, la fiscalía de Estado solicitó una revocatoria de esta decisión. Esto significa que la actual gestión de Rolando Figueroa resiste la reincorporación.

«Su designación finalizó con la gestión»

Raúl Gaitán, que desde 1999 ejerce el cargo de fiscal de Estado, planteó que el nombramiento de la trabajadora finalizó el 10 de diciembre de 2023, ya que era planta política.

«En atención a que el vínculo que generó la prestación de tareas se encuentra extinguido, la intervención del juez excede el marco de la ley 2786», sostuvo.

Y agregó que la ley «tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y por ello no pude ser invocada como medio para trastocar la modalidad de la relación de empleo público habida entre la actora y la Provincia».

En una segunda presentación, Gaitán llamó a Silvana como «Silvina» y afirmó: «se hace notar que la designación de la planta política es una facultad exclusiva de Sr. Gobernador, sobre la que no debiera existir injerencia de los otros poderes del estado».

Subrayó: «En esas condiciones, se advierte que no puede utilizarse este proceso para crear, a través de mandas judiciales, cargos en la planta política del Poder Ejecutivo».

Para la abogada de la denunciante, Angélica Acosta, esto es problemático por varios aspectos. En primer lugar, porque el gobierno no está cuestionando que los hechos existieron, por lo tanto los admite. Pero su respuesta -ante la violencia laboral que continuó luego de la salida de Seguel- es hacer cumplir la «represalia» anunciada por Alegría.

Indicó que esta «apelación» de una medida cautelar no es suspensiva, por lo tanto deberían asignarle funciones a la trabajadora, indistintamente de cómo siga el proceso.

Precisó que «nunca la notificaron de la baja a Silvana Cabezas y el decreto (que invocan) no decía que caducaba de pleno derecho. Ese decreto fue hecho a instancias y propuesta de una persona denunciada por violencia (Alegría). Jamás se podría haber dado esa baja, porque había una recomendación de una oficina del Estado que decía que había que darle continuidad laboral a Silvana».

El gobierno intenta escenificar un conflicto entre poderes, a raíz de una contratación circunstancial, cuando existe una denuncia de violencia de género laboral dentro del Estado, en la que se señalan a funcionarios de alto rango, que nunca tuvo seguimiento ni reparación para la víctima.

El origen justamente de esta causa fue que la mujer manifestó en 2022 que Seguel cometía «actos, comentarios, proposiciones y conductas con connotación sexual, no consentidas, que vulneraron mi integridad psico/física. Además, dicho acoso/abuso sexual se realizaba de manera expresa con la amenaza de causarme un perjuicio en caso de negativa. Expresamente Seguel me amenazaba con darme de baja del trabajo y/o no pasarme a planta permanente si no accedía».