El Gobierno denunció a la jueza Karina Andrade por liberar a los detenidos en la protesta del Congreso
La acusación incluye prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento.
Patricia Bullrich. Foto: archivo.
El Ejecutivo nacional presentó una denuncia contra la magistrada Karina Andrade, quien ordenó la liberación de 114 personas arrestadas durante las manifestaciones en el Congreso. La acusación incluye prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento.
En el marco de una nueva movilización en defensa de los jubilados, el Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, impulsó una acción judicial contra la jueza del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según el Gobierno, Andrade tomó una decisión irregular al liberar a los detenidos sin evaluar las pruebas ni consultar los antecedentes penales.
La denuncia fue presentada por Fernando Soto, abogado de la cartera de Seguridad, quien señaló que la jueza «intervino arbitrariamente en un procedimiento de flagrancia, que es competencia del Ministerio Público Fiscal, y tomó su decisión sin contar con los elementos de prueba necesarios». Además, se cuestionó el uso de un chat de WhatsApp para dictar la resolución, lo que, según la acusación, habría impedido el registro formal del procedimiento.
Desde el Ministerio de Seguridad afirmaron que «La resolución de la jueza Karina Andrade, que rápidamente dispuso la libertad de casi todos los detenidos, consistió en un grave incumplimiento a las normas penales en vigencia. Encima todo ello sin dejar registro oficial, sin la intervención de los representantes de las partes ni a las Personas Víctimas de los hechos cometidos, siendo que existen Leyes Locales y Nacionales que expresamente regulan los derechos de las víctimas».
Tirar piedras e incendiar patrulleros no es un reclamo legítimo, es delito», sostuvo el Ejecutivo
Por otro lado, destacaron que los hechos registrados durante la protesta del 12 de marzo, que incluyeron daños a bienes públicos y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, no pueden encuadrarse en el ejercicio legítimo del derecho a la manifestación. «Tirar piedras, incendiar patrulleros y destruir mobiliario urbano no son formas válidas de reclamo, sino delitos«, remarcaron desde el Ejecutivo.
«Lo resuelto por la Juez Andrade carece de fundamentos en los hechos y el derecho aplicable, pues omitiendo la aplicación de las normas antes mencionadas, sin declarar su inconstitucionalidad, resolvió en base a meros argumentos aplicados en abstracto y, lo que es más grave, sin siquiera haber visto las actuaciones, como surge del punto final donde dispone pedirlas a la fiscalía», expresaron.
En respuesta a la denuncia, la jueza Andrade defendió su accionar y aseguró que su fallo se basó en la protección del derecho a la protesta y la libertad de expresión, derechos garantizados por la Constitución Nacional. «Resolvimos con los elementos disponibles y conforme a la normativa vigente. La decisión no debe confundirse con la obligación del Estado de investigar los hechos delictivos«, sostuvo.
Esta es la segunda denuncia que el Gobierno presenta en relación con los disturbios en el Congreso. Días atrás, la administración libertaria había señalado al exlíder montonero Mario Firmenich y a los intendentes Fernando Espinoza y Federico Otermín como posibles responsables de los episodios de violencia, acusándolos de sedición, atentado contra el orden constitucional y asociación ilícita agravada.
Con información de Noticias Argentinas
