El exjuez que irá a juicio por colaborar con la dictadura, no logró mermar al tribunal juzgador
La instrucción de los magistrados cómplices con la dictadura comenzó con las indagatorias en 2013 y concluyó el año pasado, con la elevación a juicio de la causa en la que un ex juez y un ex fiscal están acusados por delitos de lesa humanidad
El Tribunal Oral Federal rechazó la pretensión del ex juez Pedro Laurentino Duarte de apartar al juez federal Alejandro Silva del juicio que desentrañará la colaboración judicial con la dictadura en la región. La instrucción quedó cerrada el año pasado, luego de un largo proceso medidas que buscaron evitar la apertura del debate oral.
El juicio aún no tiene fecha de audiencias. Los organismos de Derechos Humanos que son querellantes y la fiscalía federal buscan la celeridad del inicio del proceso oral, debido a que la mayoría de los testimonios para esta causa, sobrepasan los 80 y 90 años.
Son los padres de los jóvenes que tenían 15, 17 y algunos hasta 30 años cuando en 1976 y 1977 desaparecían en secuestros ilegales de los grupos de tarea en su trabajo. en los secundarios, en la universidad, en la calle, o incursiones violentas en los hogares.
A más de 46 años de las desapariciones de sus hijos, quienes interponían los recursos legales, hoy están en etapa de tercera edad avanzada y son los que aún tienen los detalles que no están en los expedientes ni en los hábeas corpus, sobre cómo y quién les obstaculizó desde la sede judicial, la búsqueda y el hallazgo de sus seres queridos.
El juicio se realizará luego de que quedó en firme la acusación de que el ex juez Federal Pedro Laurentino Duarte y el fiscal Víctor Ortiz, colaboraban para que los secuestros, las torturas y las desapariciones forzadas se realizaran con impunidad.
El 3 de febrero pasado, los jueces federales rechazaron el planteo de recusación de Duarte y de Ortiz en contra del juez Alejandro Silva. El tribunal juzgador lo integrarán Silva y los jueces Simón Bracco y Luis Foglia, todos magistrados federales que no son de Neuquén, pero que ya intervinieron en juicios de lesa humanidad en Bahía Blanca y Patagonia sur.
Los imputados cuestionaron la imparcialidad de Silva, con argumentos de que intervino otros tribunales en los que se discutieron las desapariciones y torturas de detenidas y detenidos cuyos expedientes judiciales integran la prueba en este proceso en el que están acusados de prevaricato y negación de justicia.
El tribunal recordó que los mismos planteos ya fueron rechazados cuando intentaron recusar a los jueces de la Casación, que también intervinieron en todas las apelaciones que han tenido los 7 procesos penales desde 2006 hasta el 2021.
Aseguraron que la sospecha de parcialidad no tenía asidero legal ni técnico para apartar a Silva del tribunal juzgador.
Los magistrados acusados de integrar el plan sistemático de desaparición de personas comenzaron a ser indagados en 2015 en el juzgado federal de Neuquén, dos años después de que la querella de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación solicitó que se investigue la participación de los jueces de la región en el armado de los secuestros y tormentos arbitrarios en Neuquén y el Alto Valle.
La fiscalía federal y el abogado Marcelo Medrano insistieron en buscar las constantes de camino liberado en el tratamiento que se daban en los juzgados y fiscalías a las presentaciones judiciales de los familiares de detenidos por persecución política, incluso actuaciones judiciales que soslayaban evidentes ilícitos en torturas y muertes dudosas, tras los secuestros.
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