El dramático tormento que ocurrió en la celda 20 del penal de Bariloche
El fiscal César Lanfranchi relató las agresiones brutales que tres internos le causaron el 12 de agosto del 2023 a dos compañeros de celda. Pero solo los acusó por lesiones leves y amenazas. El juez admitió los cargos y habilitó la investigación del caso.
El hecho que el fiscal le atribuye a los tres imputados ocurrió el 12 de agosto del año pasado. (foto de archivo)
Apenas el celador cerró la reja y se alejó, en el interior de la celda 20 se escuchó: “¡Vos no te vas a ir a ningún lado, acá el que manda en el celda soy yo”.
Franco Martín Seguel no estaba dispuesto a que nadie lo desafiara ese 12 de agosto del 2023 en esas cuatro paredes de cemento. Elcio Rojas había pedido al celador que lo cambiaran de celda. Era uno de los cinco internos que convivían en ese reducido espacio del superpoblado penal 3 de Bariloche.
Seguel enfureció. Y resolvió, junto a Jonathan Ignacio Almonacid y Carlos Iván Castro Maldonado, darle un escarmiento brutal a Rojas y a Gerardo Hueche.
El fiscal César Lanfranchi relató ante el juez de garantías Juan Pablo Laurence las violentas agresiones y las lesiones que sufrieron los internos. La audiencia de formulación de cargos, que se hizo el 9 de agosto último.
Sostuvo que el 12 de agosto del 2023, entre las 9 y las 18, en el interior de la celda 20, Seguel, Almonacid y Castro Maldonado, en convergencia intencional y previo reparto de roles, amenazaron y agredieron físicamente a los dos internos.
Contó que Rojas había pedido al celador cambiarse de celda, pero le dijeron que no. Cuando el celador se marchó, Seguel y Almonacid comenzaron a aplicarle golpes de puños en el rostro a Rojas y en distintas partes del cuerpo con palos y a cortarlo con un elemento cortopunzante, posiblemente, un hierro e construcción.
El detalle del tormento
El fiscal indicó que Rojas intentó defenderse y Castro Maldonado lo agarró de atrás y lo ahorcó para inmovilizarlo. Después, “lo sentaron al denunciante en una silla y lo quemaron con un fuelle”. Lanfranchi explicó que es una herramienta que usan para calentarse en la celda.
“Lo quemaron en su mejilla derecha y en sus manos”, señaló. También, en otras partes del cuerpo. “Seguel y Almonacid comenzaron a filmar con sus celulares, mientras lo golpeaban y obligaron a Rojas que con su celular llamara a su familia para pedirle plata sin contar lo que estaba sucediendo”, afirmó el fiscal.
Minutos después, fueron por Hueche. Dijo que los imputados lo atacaron con golpes de puño y con palos lo agredieron en distintas partes del cuerpo. “Luego, lo llevaron a la cocina, que se encentra en la celda. Ahí Castro Maldonado le pasó electricidad con cables por los brazos”, sostuvo Lanfranchi.
“Con hierros de construcción pincharon a Hueche en la pierna y en el cuello. Castro Maldonado lo lesionó en la pierna derecha arriba de un tatuaje y Almonacid intentó cortarle la cara con un cuchillo de mesa”, advirtió.
Contó que Seguel tomó el celular de Hueche y comenzó a hacer llamadas y a enviar mensajes a la familia de Hueche, que estaba en Ingeniero Jacobacci. “Le exigía que le depositen 80 mil pesos, sino le iban a cortar la oreja y le iban a hacer un cierre en la panza”, aseguró Lanfranchi.
Las lesiones que sufrieron los dos internos
En la acusación, el fiscal mencionó las quemaduras y numerosas heridas que sufrieron los dos internos durante el tomento al que fueron sometidos en la celda 20.
Consignó que Rojas presentó quemaduras tipo A y AB en ambos dorsos de las manos, quemaduras en cara lateral derecho, en el maxilar inferior y cuello, quemadura en maxilar inferior izquierdo y edema. Además, sufrió heridas cortantes: seis lesiones puntiformes en el muslo derecho, doce quemaduras en la pierna izquierda, heridas cortantes en ambos brazos, traumatismos en ambos brazos y quemaduras en las rodillas.
El fiscal reveló que Hueche sufrió quemaduras tipo AB en los dorsos de ambas manos, herida cortante en el pliegue del dedo pulgar de la mano derecha, ocho heridas punzo-cortantes en el brazo derecho, cinco lesiones puntiformes en el brazo derecho, tres heridas punzocortantes en el antebrazo derecho, tres heridas punzocortantes en el dorso de la mano izquierda.
Además, sufrió dos heridas punzocortante en el antebrazo izquierdo, herida punzocortante en la región clavicular izquierdo, herida cortante en la región posterior izquierda del cuello, herida cortante en el pabellón auricular izquierdo, dos heridas punzocortantes en la mejilla izquierda, cinco heridas punzocortantes en la caderas izquierda.
El fiscal comentó que Hueche recibió siete heridas en la región externa del muslo izquierda, una herida punzocortante en el muslo derecho, diez heridas punzocortantes en la pierna derecha y once heridas punzocortantes en la tetilla derecha.
La calificación legal
El fiscal acusó a Seguel, Almonacid y Castro Maldonado como coautores de lesiones leves, amenazas agravadas y de privación ilegítima de la libertad, en concurso real.
Explicó que los acusaba de privación ilegitima de la libertad porque los dos internos agredidos no podían escapar porque estaban “bajo el dominio y la voluntad de los imputados”. Aclaró que era una acusación provisoria que podía cambiar durante la investigación.
El fiscal sostuvo la acusación con la denuncia penal que hizo Rojas, las entrevistas que la jueza de Ejecución Penal de Bariloche, Sandra Ragusa, les hizo a los dos agredidos.
El informe del médico forense que certificó las múltiples lesiones. Los audios de WhatsApp enviados a los familiares de los denunciantes. También, contaba con los informes del penal 3, el acta de procedimiento, de la requisa y secuestro que se hizo el 12 de agosto del 2023.
Y mencionó que la madre de Hueche había denunciado ese día en la comisaría de Ingeniero Jacobacci lo que estaba sucediendo en el penal y de los pedidos de dinero que le hacían a modo de extorsión para no lesionar a su hijo. Contaba además con el informe del Gabinete de Criminalística. El fiscal solicitó cuatro meses para avanzar con la investigación.
Los cuestionamientos de los defensores
La defensora oficial Natalia Araya, que asistió a Almonacid en la audiencia, no se opuso a la formulación de cargos ni al plazo de la investigación. Pero cuestionó la calificación legal de privación ilegítima de la libertad, porque recordó que estaban dentro de un establecimiento penitenciario y no podían disponer de su libertad.
El defensor particular Alejandro Pschunder, que asistió a Seguel, adhirió al plante de Araya. “No puede haber privación ilegítima de la libertad cuando la celda está cerrada”, sostuvo. También, objetó que los tres imputados se habían puesto de acuerdo para agredir y amenazar a sus dos compañeros de celda, como acusó el fiscal.
«Todos sabemos que hay situaciones de convivencia y en esas situaciones de convivencia tenemos que investigar situaciones anteriores, que son personas condenadas, que son violentas, que también reaccionan», recordó Pschuder.
«Las requisas se hicieron de forma posterior al hecho, así que no sabemos si esos elementos requisados les pertenecen o no a los imputados o no son elementos que ellos utilizaron y lo que hubo allí fue una riña dentro del penal», planteó el defensor. «Mi cliente (por Seguel) fue agredido brutalmente en el penal donde corrió peligro de vida. Estuvo en terapia intensiva. Con una lanza lo apuñalaron», destacó.
«Son situaciones que suceden en los penales. Más aún en un penal que está superpoblado, que viola la ley, que viola la Convención de los Derechos Humanos, que no se dan las condiciones en el penal para que puedan estar como bien dice la Constitución, que las cárceles serán limpias, sanas y para reeducar», lamentó Pschunder.
El defensor particular Manuel Mansilla no cuestionó los cargos ni la calificación. Como defensor de Castro Maldonado, adelantó que tienen otra versión de los hechos. Lo mismo afirmaron Araya y Pschunder.
El juez admitió los cargos contra los tres imputados, pero solo aceptó las lesiones leves y las amenazas agravadas planteadas por el fiscal. Excluyó el agravante de la privación ilegal de la libertad.
“Si bien se relatan cuestiones que podrían llevar a ameritar esa calificación, me parece que hay que ahondar en la investigación para saber si el tipo penal se ajusta a lo que narra el fiscal”, sostuvo. Destacó que esto “es provisorio, puede llegar a modificarse”. Y habilitó la investigación hasta el 9 de diciembre del 2024. La fiscalía no pidió medidas cautelares; los tres imputados ya están presos en el penal porque cumplen condenas por otros delitos.
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