El conflicto en Villa Mascardi y decenas de causas que no caen
Pese al acuerdo entre referentes del pueblo mapuche y el gobierno nacional en la mesa de diálogo, hay otras causas que involucran a privados que siguen su curso.
En el predio donde estaba el Hotel de Villa Mascardi, que fue demolido, se encuentra el "rewe" que levantó la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu. (foto archivo)
El acuerdo que funcionarios del gobierno nacional firmaron el 1 de junio pasado con dirigentes mapuches, que representaron a la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu, en una mesa de diálogo no clausuró el conflicto por las usurpaciones en Villa Mascardi. Desde el Gobierno rionegrino y propietarios afectados por los sucesivos hechos de violencia, que ocurrieron desde noviembre de 2017 hasta el 4 de octubre del año pasado, cuando se ejecutó el desalojo de la comunidad, salieron a criticarlo.
Se estima que hay 17 causas penales que se tramitan en la justicia provincial y no forman parte del acuerdo impulsado por Nación. Siguen su curso.
Desde el Ministerio Público Fiscal afirmaron que la fiscal jefa Betiana Cendón impulsa esas causas y no tiene en el horizonte proponer ningún acuerdo que libere de las imputaciones a los acusados de la comunidad, porque hay víctimas a la que se les tiene que dar una respuesta.
El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, y el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) Alejandro Marmoni, firmaron ese acuerdo en representación de Nación.
En el punto quinto, la Administración de Parques Nacionales se comprometió a desistir de seguir como querellante en las causas contra casi todos los integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu, imputados y procesados por las usurpaciones de dos predios de Parques.
El viernes, Parques Nacionales y las defensas de las mujeres y varones de la comunidad, que están imputados en esa causa, presentaron en el juzgado federal a cargo de Hugo Greca el acuerdo de conciliación en los términos del artículo 34 del Código Procesal Penal Federal, para que el magistrado lo homologue. El documento contempla las pautas del acuerdo alcanzado en la mesa de diálogo.
Desde el juzgado federal, a cargo de Greca, recordaron el jueves a Río Negro que el Código establece que tienen que presentar el acuerdo. Después, se le corre vista a la fiscalía federal y se convoca a una audiencia de conciliación. Adelantaron que el viernes próximo se hará la audiencia.
Explicaron que si están todos de acuerdo se cierra el proceso con un sobreseimiento. Todo se tiene que ratificar en la audiencia.
Hasta fines del año pasado, Parques y la fiscal federal interina de Bariloche Cándida Etchepare impulsaban la acusación por usurpación por despojo contra María Nahuel, sus hijos Juan Pablo Colhuan, Cristian Colhuan, Betiana Colhuan y Johana Colhuan, sus nueras Jessica Fernanda Bonnefoi, Luciana Martha Jaramillo y Romina Rosas, y Mayra Ayelén Tapia y Gonzalo Coña. Todos integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu. También miembros de la comunidad mapuche Colhuan Nahuel, que tiene personería jurídica desde hace más de una década y a la que el Estado le reconoció una fracción de tierra en el barrio Virgen Misionera de Bariloche. De hecho, varios de los imputados fijaban domicilio en ese barrio en las causas penales que se tramitan en la justicia federal y provincial.
Los 9 iban a ser juzgados por la primera usurpación de noviembre de 2017 de dos predios de Parques Nacionales en Villa Mascardi. Greca suspendió el juicio que debía comenzar en diciembre pasado por la mesa de diálogo convocada por Nación.
Pero hay otras causas. El 25 de octubre pasado, la entonces jueza federal María Silvina Domínguez, que había ordenado el desalojo de la comunidad de los predios usurpados, resolvió acumular las causas por las usurpaciones que se tramitaban en el juzgado federal de Bariloche.
El desalojo se dispuso tras el ataque con piedras y armas de fuego, según la teoría de la fiscalía, de encapuchados contra un grupo de gendarmes que custodiaban la propiedad La Cristalina. Durante el ataque, que ocurrió a finales de septiembre del 2022, incendiaron una casilla donde los gendarmes se resguardaban.
Domínguez procesó en ese momento con prisión preventiva por las usurpaciones por despojo del predio de la APN, en donde estaba el exhotel Mascardi, y del predio La Escondida, de María Giménez Tournier, esposa de Juan Grehan, a Betiana Colhuan, Martha Luciana Jaramillo y Romina Rosas.
Mientras que a María Celeste Ardaiz Guenumil la procesó con preventiva solo por la usurpación de La Escondida. Las cuatro fueron excarceladas esta semana tras un fallo de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal -que se dictó un día antes del acuerdo de la mesa de diálogo. Las 4 mujeres habían sido detenidas durante el desalojo.
En esa resolución, Domínguez revocó la falta de mérito que había dispuesto a finales de octubre del 2021 a favor de Matías Daniel Santana, Cristian Germán Colhuan, Yéssica Fernanda Bonnefoi y Juan Pablo Colhuan.
A los 4 los procesó con preventiva. Sin embargo, están prófugos de la justicia y desde finales de octubre hasta la fecha tienen orden de detención. A todos los procesados la jueza les trabó embargos sobre sus bienes por 10 y 5 millones de pesos.
Además, Domínguez (que se jubiló a principios de este año) sobreseyó parcialmente a Débora Vera y a Florencia Melo que habían sido detenidas durante el desalojo e imputadas por las usurpaciones del exHotel Mascardi y La Escondida respectivamente. Y ordenó su liberación en octubre.
La fiscal Etchepare pidió en ese momento a Domínguez que declare en rebeldía y ordene la detención de Matías Daniel Santana, Ariel Adalberto Quiroga, Yessica Fernanda Bonnefoi, Cristian Germán Colhuan y Luca Ariel Dade Vera para que comparezcan para ser indagados por usurpaciones en Villa Mascardi.
Según la investigación de la fiscalía, Santana es la pareja de Betiana Colhuan, Quiroga es el esposo de María Celeste Ardaiz Guenumil y Cristian Colhuan es pareja de Bonnefoi. Domínguez les dictó en esa resolución de octubre la falta de mérito por el hecho del ataque a los gendarmes, porque no había pruebas para procesarlos o sobreseerlos. Por eso, todos seguían vinculados a esa causa acumulada a la de las usurpaciones. Todo indica que esta causa también se caería por el acuerdo.
Grehan afirmó que su esposa, que es querellante en la causa, no fue convocada en ningún momento para consultarla y descartó que avalen el acuerdo para dejar sin efecto la causa por la usurpación y destrucción de su propiedad.
Otra causa por la usurpación del predio de la Unión Personal Superior del Gas también fue elevada a juicio. El único imputado es Juan Pablo Colhuan, porque fue la única persona que el casero agredido en mayo del 2020 identificó.
La víctima declaró en la justicia que tuvo que retirarse de la vivienda donde vivía, junto con su mujer y su hijastra, tras ser amenazado por cuatro hombres encapuchados, que portaban un arma corta y un arma larga, armas blancas y boleadoras. La cabaña donde el casero y su familia vivía fue incendiada. Se desconoce si esta causa es parte del acuerdo alcanzado en la mesa de diálogo, porque el afectado o víctima es una entidad privada porque las instalaciones y el predio usurpado pertenecía a un sindicato.
Las causas que siguen su curso en la justicia provincial
Hay alrededor de 17 causas penales que se tramitan en la justicia provincial que no son parte del acuerdo impulsado por Nación. Y que siguen su curso.
Desde el Ministerio Público Fiscal informaron esta semana que ya están listas para el juicio la causa por la usurpación del predio del Obispado de San Isidro, donde hay 7 imputados, entre ellas, mujeres de la comunidad. También, la causa en la que está imputado Juan Pablo Colhuan por las lesiones sufridas por un empleado de la Policía de Río Negro está a las puertas del juicio. El hecho ocurrió el 6 de febrero del 2020 a las 17 en inmediaciones de la estación de servicio YPF en Villa Mascardi, cuando Colhuan se resistió a identificarse y golpeó al policía con una piedra en la cabeza.
En la causa por las lesiones y amenazas contra Diego Frutos, propietario de un lote en Villa Mascardi, que también estuvo usurpado y fue destruido, están imputados Juan Pablo y Cristian Colhuan, que están prófugos de la justicia y con orden de detención desde el año pasado.
La Corte Suprema de Justicia de Nación declaró el 23 de mayo último inadmisible el recurso de queja que había presentado la defensa de los dos imputados, que pretendían que la causa pasara de la justicia provincial al fuero federal. El tercer imputado por la agresión y lesiones a Frutos es Carlos Cullaqueo Mallea.
En la fiscalía de Bariloche afirmaron que la fiscal jefe Betiana Cendón impulsa esas causas. Recordaron que hay otras en trámite por las usurpaciones y daños de propiedades particulares, como de la comisión de fomento de Villa Mascardi, robos y amenazas a particulares que siguen en la etapa de investigación.
“De ninguna manera lo convalidaremos”
Juan Grehan y su esposa María Giménez Tournier son los dueños de la Escondida, que fue usurpada a finales de enero del 2028 por miembros de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu.
El predio lo recuperaron tras el desalojo del 4 de octubre pasado. Pero quedó casi todo destruido.
Grehan recordó que la causa donde su esposa es querellante se acumuló al expediente 16149/2022, que fue iniciado por el ataque a los gendarmes del 25 de septiembre del 2022. Dijo que esa es una de las 2 causas citadas en el “acuerdo” de la mesa de diálogo.
Señaló que como damnificados no fueron consultados en ningún momento por Nación. “¿Están dispuestos a prestar consentimiento a ese acuerdo en la audiencia que se haga para validarlo ante el juez correspondiente?”, le preguntó Río Negro. “De ninguna manera”, respondió Grehan.
Planteó que si una de las partes se opone el acuerdo “debería caerse”. Sostuvo que entiende que todos tienen que estar de acuerdo (Parques Nacionales, fiscalía y querella). “Como también entiendo que aunque las partes todas lo acepten, el juez no puede homologarlo porque en este caso hubo violencia grave sobre las personas, lo cual el artículo 34 del Código Procesal Penal de la Nación menciona que es un impedimento”, sostuvo.
“Esto además de lo disparatada que es toda la situación, es de ciencia ficción”, opinó. “Adicionalmente, el único compromiso que asumen los delincuentes es inscribirse , con lo cual haciendo eso no habría luego manera de que se incumpla por parte de ellos. Todo lo demás son obligaciones para el Estado. Inaudito”, concluyó Grehan.
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