El caso de los 7.800 euros que desaparecieron de una caja fuerte de una cooperativa y una absolución confirmada 

Un depósito de 7.800 euros que desapareció de una caja fuerte de la cooperativa Coopetel de El Bolsón. Una empleada de la tesorería que aseguró haberlos entregado en septiembre de 2019 a la entonces secretaria del Consejo de Administración de la entidad, Moira Lorena Karpyza, que negó que eso sucediera. La fiscalía investigó el caso. Pero las pruebas que presentó en el juicio no fueron contundentes y el juez de Bariloche Sergio Pichetto absolvió a la exsecretaria. 

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La fiscalía y la querella (Coopetel) impugnaron esa sentencia que Pichetto dictó el 9 de abril pasado. Sin embargo, los jueces del Tribunal de Impugnación de la Provincia desestimaron los recursos y, en consecuencia, la absolución sigue en pie. A todo esto, el dinero nunca apareció. 

La audiencia ante los jueces del TIP se hizo el 6 de junio pasado. El fiscal de El Bolsón Francisco Arrien recordó que el hecho atribuido a la mujer ocurrió la primera quincena de septiembre de 2019, sin poder precisar la fecha exacta, pero ubicable en los días de lunes a viernes, en horario administrativo, en la oficina de tesorería de la sede de Coopetel,ubicada en la calle Juez Fernández 429 de El Bolsón. 

Según la fiscalía, Karpyza le requirió, en su carácter de secretaria del Consejo de Administración de Coopetel, a la jefa de Tesorería, Lía Salamida, 7.800 euros que estaban guardados en la caja fuerte en carácter de depósito de garantía de los contratos de locación suscriptos por la cooperativa y un particular. 

La secretaria pidió ese depósito con el argumento de que los necesitaba para la negociación de los contratos respectivos que ya habían finalizado. Pero los tomó sin firmar ningún recibo y abusó de la confianza de Salamida que le entregó el dinero. 

En febrero de 2021, el tesorero de Coopetel Lucas Sebrie constató que los 7.800 euros no estaban en la caja fuerte, y que a su vez, no existía constancia alguna de la entrega del dinero y se desconocía el destino de esa plata. Por eso, hizo la denuncia penal por parte del Consejo de Administración de Coopetel.  

Para el fiscal, el accionar de Karpyza al apropiarse del dinero para provecho propio o de terceros, aprovechando su condición de secretaria del Consejo de Administración de Coopetel, configuró el delito de administración fraudulenta. Sin embargo, el juez Pichetto concluyó que ni la fiscalía ni la querella probaron que la mujer haya cometido el delito. Y la absolvió.

Arrien impugnó la sentencia absolutoria por arbitraria. Criticó la falta de rigor en la evaluación del testimonio de Salamida y la omisión de evidencia relevante como un chat que indicaría que la empleada de la Tesorería le entregó el dinero a Karpyza.  

Destacó que Salamida es una testigo creíble, pero que el juez no analizó adecuadamente los indicios que apoyaban la acusación. Arrien solicitó la revocación de la sentencia y la declaración de culpabilidad de Karpyza por administración fraudulenta. 

La apoderada legal de Coopetel, que es querellante en la causa, recordó que, entre septiembre de 2019 y febrero de 2021, cuando finalmente se detectó el faltante de euros en la caja fuerte de la tesorería, la institución no funcionó de manera normal por la pandemia. Alegó que debido a esos factores, nadie notó ni requirió los euros faltantes en ese período. Dijo que solo cuando se consultó al equipo legal por temas pendientes, se percataron del problema.  

El defensor particular Sebastián Arrondo solicitó que se confirme la sentencia absolutoria. Planteó que no se violaron garantías constitucionales y que no hubo arbitrariedad en la valoración de las pruebas.  

Karpyza reiteró en la audiencia ante los jueces del TIP que sentía que el fiscal basó desde el primero momento su investigación “en una mentira”. “Estoy absolutamente segura de mi situación y realmente creo que cualquier cosa que pueda decir no va a incriminarme porque realmente en ningún momento la señora Lía Salamida a mí me entregó un sobre con euros, esa situación no existió”, aseguró.  

Zimmermann dijo en su voto que la impugnación carecía “de chances de prosperar pues sólo se expusieron diferencias subjetivas con lo resuelto por el sentenciante, quien analizó la totalidad de la prueba y la valoró conforme a la sana crítica racional de forma seria, concreta y objetiva”. 

“En línea con lo sostenido por el Juez de Juicio, y en sentido contrario a la pretensión del recurrente, la credibilidad de la testigo única señora Salamida tiene baja fiabilidad, y por varios motivos”, advirtió. 

Indicó que la testigo “no dio explicaciones serias ni razonables sobre un hecho tan excepcional y único en su vida profesional, incluso contrariando su debida diligencia y obligación que siempre realizaba (hacer recibo) incluso por montos de dinero ínfimo”, según declararon empleados de Coopetel en el juicio.  La fiscalía nunca imputó a la empleada.

El juez del TIP sostuvo que la explicación de “confianza” con la imputada “carece de todo asidero, tanto que las personas que conocían su forma de trabajar (por Salamida) tildaron el hecho como inverosímil”.  

Además, observó que “no haber comentando nada a nadie, ni siquiera a los empleados de la tesorería, antes, durante o inmediatamente después de haber realizado ese hecho que fue un hito en su vida profesional por el cual se “liberaba” del tremendo peso de la responsabilidad de tener esos euros en la caja fuerte, denota aún más la incredibilidad de su relato”. 

“Por lo expuesto cabe concluir que la Fiscalía pone de manifiesto su discrepancia subjetiva con la solución adoptada, estrategia argumental que no satisface la exigencia de exponer una crítica prolija de la sentencia impugnada rebatiendo todos los fundamentos en que se apoya el Juez de Juicio para arribar a las conclusiones que lo agravian”, sostuvo Zimmermann. Custet Llambí y Mussi adhirieron al voto.