Dudas y suspicacias por el operativo en Zapala contra un funcionario judicial federal
Se realizó a principios de junio, supuestamente después de una larga investigación. Pero todos los involucrados son viejos conocidos de la policía y la justicia, y quedaron en libertad de inmediato. ¿Hubo algo más?
Parte de los elementos secuestrados, exhibidos por la policía. (Gentileza)
El miércoles 7 de junio pasado, la policía de Neuquén informó con despliegue sobre un operativo antidrogas en Zapala y la «aprehensión» de tres personas, uno de ellos funcionario del juzgado federal de la ciudad. A diez días de aquel procedimiento, cada vez genera más dudas el telón de fondo sobre el cual se montó este escenario.
La noticia tuvo un inevitable rebote en los medios. Uno de los tres involucrados era, además de funcionario judicial, hermano de la fiscal federal de la ciudad y secretario de prensa del gremio de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación. Todos recuperaron la libertad a las pocas horas.
Entre muchos otros detalles, nunca se informó la cantidad de droga secuestrada en los dos allanamientos realizados.
La cantidad, lo que nunca se informa
El viernes pasado, el comisario mayor Dante Catalán, jefe de Antinarcóticos de la Policía de Neuquén, dijo a una una consulta de Diario RÍO NEGRO que «la cantidad fue mínima, no considerable». Se excusó de dar más datos, pero agregó que «alcanzó como elemento de prueba».
Una «cantidad mínima» puede ser considerada para consumo personal, que no está penado. El narcotráfico exige otro volumen.
La hoguera en la plaza pública
Valeria Quaranta es médica especializada en consumos problemáticos de sustancias psicoactivas, y expareja del funcionario judicial involucrado en este caso. A los 3 días del operativo policial, publicó una extensa carta de lectores en la cual afirmó: «he sido testigo de una de las actuaciones más negligentes, contra derecho, antiética, estigmatizante, y de características más perversas que me haya tocado ver».
«Dentro del mismísimo ámbito judicial -continuó- un compañero en complicada situación de consumo, en tratamiento de recuperación, es apartado de sus tareas, desatendido por sus jefes, señalado por sus compañeros, investigado, allanado, humillado, imputado y expuesto públicamente. Hoy tenemos a nuestra justicia poniendo en la hoguera, en la plaza pública, a su propia gente por estar enferma y vulnerable».
En un breve diálogo con RÍO NEGRO, Quaranta dijo que «el consumo no es un delito». Se excusó de dar detalles sobre la situación familiar, por el impacto que causó este episodio.
Tampoco quiso hablar la hermana, la fiscal federal de Zapala Karina Stagnaro. Por razones obvias desconocía la investigación en marcha, que manejaron el juez federal Hugo Greca y el fiscal Matías Zanona, ambos de Roca.
El fuero no es ajeno a la familia judicial; la fiscal y su hermano son hijos de un antiguo secretario civil del juzgado de Zapala.
De licencia desde noviembre
Hay otro dato relevante que hasta ahora no se dijo: el funcionario judicial estaba de licencia desde noviembre del año pasado.
Si bien trabajaba en la secretaría penal del juzgado federal, no tenía a su cargo ninguna causa vinculada con drogas. La exjueza federal Silvina Domínguez, quien fue su jefa hasta que se jubiló meses atrás, dijo que desconocía su problema de adicciones aunque le consta que pedía licencias psicológicas.
Tres meses
El caso tiene más detalles extraños. Según se informó la investigación policial demandó tres meses, pero quienes vendían droga son dos hermanos más que conocidos en el ambiente del narcomenudeo de Zapala. No es la primera vez que los imputan.
Su vivienda fue allanada, y allí encontraron marihuana y cocaína «en cantidades mínimas», según el comisario mayor Catalán. El comunicado oficial de la Policía dice que era «la boca de expendio». Un quiosco. El mayorista nunca cae.
El comunicado oficial de la Policía agrega: «En proceso de la investigación es que se logra comprobar que un funcionario de la secretaria penal del Juzgado Federal de Zapala, quien a su vez es secretario de prensa del gremio de empleados judiciales tenía vínculo con los sujetos que comercializaban droga a la ciudadanía».
«Tenía vínculo» es una expresión bastante ambigua. Muchas de las fuentes consultadas dijeron a este medio que el vínculo era como comprador para consumo personal. Y ese es un problema de salud pública, no de seguridad.
Lo cortés no quita lo obligatorio
Una fuente que podría aclarar las dudas es el defensor público del funcionario, Eduardo Peralta. Respondió por whatsapp una consulta de este diario: «No es por descortés pero no suelo hablar con la prensa».
La cortesía se agradece, pero no es imprescindible. Lo obligatorio es que un funcionario público brinde información que no le pertenece a él ni al periodista que le pregunta, sino a la opinión pública, máxime en una causa de relevancia.
Por otro lado, una persona imputada y en estas circunstancias, se encuentra en situación de extrema vulnerabilidad. ¿Si no habla su defensor, quién lo hará por él?
La especulación del gremio
El otro sector que está impactado por el caso es el gremio Unión de Empleados Judiciales de Nación. El imputado era su secretario de prensa, si bien se encontraba alejado de la función por la prolongada licencia.
Puertas adentro, los sindicalistas no pueden dejar de asociar el escándalo que rodeó la noticia con la sesión del Consejo de la Magistratura del 26 de abril pasado en la cual, a instancias de la representante gremial Rocío Herrera, se logró que no pase a archivo la denuncia por presunto acoso y maltrato laboral contra el mismo juez federal que ordenó el operativo y la detención del funcionario-gremialista.
Como se puede apreciar, todo el caso está rodeado por suspicacias. Mucho ruido, mucha difusión, poca sustancia, vendedores de poca monta, consumidores que deben ser asistidos por salud pública y en cambio son expuestos por la policía y la justicia… hay bastante trabajo por delante.
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