Diez años de la reforma que instauró el juicio por jurados en Neuquén
Un total de 1.328 personas participaron en los tribunales populares. Se realizaron 83 debates orales, un promedio de ocho anuales. Un proceso penal público y ágil que hoy se encuentra jaqueado por el propio Tribunal Superior de Justicia.
La primera audiencia que se realizó en Neuquén capital, en la vieja sala de calle Irigoyen. La fiscalía acusó a un hombre que cometió un crimen durante los festejos del Gauchito Gil. Foto Matías Subat.
-¿Estaba nerviosa?
–Muy nerviosa. Después me decían que esa audiencia fue vista por todos lados y que los mexicanos decían: «¿cómo la jueza va con los hombros al aire?» Se ve que ellos son muy rigurosos.
Ana Malvido llevaba puesta una solera estampada el 14 de enero de 2014. Le tocó trabajar durante la feria e inaugurar el nuevo código procesal penal de Neuquén: los conflictos de ahora en más en la provincia se resuelven en audiencias orales y públicas, que quedan filmadas.
La fiscalía es la encargada de investigar, armar un legajo y presentar prueba. La defensa puede hacer su descargo. Los jueces y las juezas escuchan lo que le piden, controlan que no se atropellen garantías, identifican la controversia y deciden inmediatamente frente al imputado y las víctimas.
El 8 de enero de 2014 había ocurrido un crimen en Plottier durante las celebraciones del Gauchito Gil, el venerado santo popular. En una sala llena de periodistas con celulares, fotógrafos y camarógrafos de pie que llegaban hasta la puerta, Malvido tuvo por formulado los cargos contra el imputado, pero le negó la prisión preventiva de dos meses que solicitaba el fiscal Maximiliano Breide Obeid. Conserva todavía el cuaderno donde anotó el caso. Se lo llevó a Córdoba, donde vive ahora, ya jubilada del Poder Judicial.
Aseguró que está conforme con no haber otorgado la detención. «Fijate ¿cómo termina esa causa? Condenado, las evidencias eran buenas», dijo. Efectivamente, el acusado fue juzgado y se le impuso nueve años de prisión en julio de 2014. La sentencia fue revisada por el Tribunal de Impugnación y la sala penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), y en 2015 comenzó a cumplir la pena.
Este será uno de los datos más sobresalientes del sistema, que hoy cumple una década de vigencia: la celeridad. «Fue un cambio trascendental, los operadores tuvimos que empezar a dar la cara en nuestras resoluciones«, afirmó.
Ese 14 de enero no sólo hubo audiencias en Neuquén capital. En Zapala, la entonces jueza de Garantías Patricia Lupica Cristo definió la continuidad de una prisión preventiva. Al igual que Malvido destacó el rol de la escuela de Capacitación, en especial Leticia Lorenzo, hoy magistrada del interior, que estuvo a cargo del entrenamiento. La Gallardo de la reforma.
Puntos flacos
¿Qué cambios legislativos se introdujeron en estos diez años? La ampliación de los supuestos sobre los que se dicta la prisión preventiva y la modificación de las condiciones que permiten el juicio directo para los casos de flagrancia, lo que inevitablemente repercutirá en la crisis carcelaria (ver aparte).
La publicidad de las audiencias, que es otro gran punto a favor del Código, no tuvo su correlato en la rendición de cuentas que debería dar el Poder Judicial. No hay un documento oficial con datos de toda la provincia, en el que se analice el impacto del sistema acusatorio vigente hace una década, y se examine la calidad de las respuestas penales. Poner en una solapa de una página web la cantidad de audiencias que se hicieron no es transparencia. Eso es un número suelto, no una explicación contextualizada a la altura de semejante transformación democrática.
Los únicos informes que se publican son los del Inecip, que señaló que en 2019 las y los jueces penales de Neuquén trabajaban 25 horas mensuales.
En 2023 el propio TSJ dañó de muerte al Código. Tres veces consecutivas declaró la inconstitucionalidad del artículo que establecía que el plazo máximo del proceso debía ser de tres años.
«Realmente teniendo la posibilidad de un Código modelo con plazos modelos, tal vez se debería revaluar esta postura. Los tres años eran un ancla», opinó Lupica Cristo, que luego de su paso por Zapala, se fue a Cutral Co y hoy es jueza del Tribunal de Impugnación.
«Transcurrido los diez años hubo un proceso importante de contrarreforma del Código. Ahora, ¿ese proceso es absolutamente negativo? No. La contrarreforma lo que demuestra justamente son las prácticas más difíciles de erradicar y por lo tanto las prácticas que son más difíciles de sostener», agregó la jueza de Garantías de Zapala, Carolina González.
Planteó que esa «frescura» de los «plazos legales que nos hacían tener una disciplina del litigio» -nunca un proceso podía extenderse más de tres años- está «debilitada».
El plazo es el tiempo de la ciudadanía: son los días de encierro que pasa una persona esperando saber si va a ser enjuiciada o las horas que corren hasta que pueda declarar como testigo.
La gema
Lo mejor que trajo el nuevo Código: en una década 1.328 personas participaron como jurados populares en Neuquén (ver aparte). Fueron sorteadas, seleccionadas y llegaron a las audiencias para deliberar con desconocidos y tomar una decisión, en función de la prueba que habían visto y oído. Se hicieron en promedio ocho juicios anuales. Ni siquiera se frenó durante la pandemia por covid-19. En 2020 se logró realizar uno: el del femicidio de Cielo López, en el recinto de la Legislatura.
«A mí me impacta la emoción que siente el ciudadano, que al principio cuando es seleccionado opone todo tipo de resistencia para ser jurado, pero cuando termina y después de haber experimentado a veces largas jornadas y semanas de juicio terminan fascinados, esa es la palabra», indicó la jueza de Garantías de Neuquén, Carina Álvarez.
Contó que más de una vez cuando terminó el juicio se acercó a charlar con los jurados.
«Ya dado el veredicto, antes de que venga el taxi a buscarlos, voy a hablar con ellos y con las partes: con el fiscal, con el defensor, y le pido que me cuenten su experiencia. Me han dicho «ahora sabemos lo que es estar en sus zapatos», manifestó. Señaló que en todos los casos, si a ella le hubiera tocado resolver lo habría hecho en el mismo sentido que el tribunal popular.
En una ocasión un hombre dejó una amenaza en el baño. Fue en 2022. «Para el jurado: voten bien», escribió en una de las paredes, y en otra «sabemos dónde viven». La fiscalía detectó que había sido un jurado y le formuló cargos. Su torpeza tuvo un costo altísimo: debió hacerse el juicio de nuevo.
La única circunscripción judicial a la que los jurados populares no llegaron fue la quinta, que abarca el norte de la provincia. Si avanza la investigación por el femicidio de Carina Barros en Buta Ranquil habrá una primera vez en 2024.
La fiscal del caso de Chos Malal, Natalia Rivera, que asumió en 2022 subrayó: «la quinta ya está más que en condiciones de llevar adelante un juicio por jurados». Marcó las diferencias que existen a la hora de producir prueba en el territorio en el que ella trabaja. «Yo cuando tengo un caso me lleva tres horas de camino de tierra para llegar al lugar del hecho. Hay una diferencia geográfica. En cuanto a los recursos no en todos los lugares hay señal de celular. Vos en Neuquén capital tenes una cámara al lado de la otra, tenes una tecnología diferente», describió.
También el vínculo que se establece en la comunidad. «Yo al supermercado voy al mismo supermercado que va todo el mundo, en el horario que va todo el mundo. Esto pasa con las personas en todo el interior, no solamente Chos Malal. Mi papá es criancero, yo hago el arreo y me ven en todos lados», sumó.
Femicidio de Agostina Gisfman
La deuda pendiente es ampliar la competencia
En diez años se realizaron en Neuquén 83 juicios por jurados, de acuerdo a los datos publicados por la fiscalía. Esto incluye desde el primero, que se hizo en abril de 2014, hasta noviembre de 2023.
Fueron juzgadas 120 personas: 108 varones y 12 mujeres. De ese total el 87,5% declaradas culpables y más de la mitad con veredictos unánimes. En el 56,19% de los casos los 12 integrantes del jurado consideraron que el o la acusada era responsable del hecho. Las resoluciones por mayoría -que deben juntar al menos 8 de los 12 votos en pugna- representaron el 43,8%.
Los veredictos de no culpabilidad fueron muy pocos: el 12,5%. Este dato va de la mano con un aspecto central de la reforma: no todos los casos van a jurado, sólo aquellos en los que la fiscalía pida una pena mayor a los 15 años.
Todas las entrevistadas coinciden en que ya es momento de ampliar la competencia.
«El juicio por jurados es una escuela pedagógica de justicia donde las comunidades necesitarían que ese juicio sea por jurado, para visibilizar los problemas que las están atravesando», dijo la jueza de Garantías de Zapala, Carolina González.
Desde su discusión en la Legislatura se pensó que este modelo debía alcanzar, por ejemplo, a los delitos que se cometen contra la administración pública. Si esto se habilitara, la causa conocida como «planes sociales» iría a jurado popular.
Para la jueza del Tribunal de Impugnación, Patricia Lupica Cristo, tendría que extenderse aún más el límite. «En una primera fase la implementación del juicio por jurados, como estuvo regulada, para mí estuvieron perfectamente contemplado todos los aspectos, pero ya a diez años de tener el funcionamiento y el impacto positivo que tiene en todos los operadores del sistema, yo creo que previo a hacer un estudio por supuesto de ver cuánto puede soportar el sistema, creo que el paso siguiente es ampliar la competencia. Ampliar los delitos, al menos en todos los juicios que sean criminales, que tengan una pena mayor a tres años», aseguró.
También propuso sumar más cantidad de recusaciones sin causa para las partes durante la selección del jurado, para reforzar la imparcialidad, e ir a un sistema que condene solo por veredictos unánimes. Este último punto es un reclamo que ha sostenido históricamente la defensa pública.
Más personas detenidas en menos tiempo: la crisis carcelaria
En 2014 la curva de la población carcelaria en Neuquén era descendente. Desde que se puso en marcha el Código creció un 10% cada año, indicó Luciana Petraglia, defensora de Ejecución Penal.
En su opinión cuando se realizó la reforma no se planificó de qué forma el Estado iba a garantizar condiciones dignas de detención y acceso a los derechos básicos de las personas privadas de la libertad. Neuquén además no tiene un servicio penitenciario: es la policía la que tiene asignada esa función.
Actualmente la provincia atraviesa una crisis aguda: el Poder Judicial resolvió prohibir nuevos ingresos por la sobrepoblación carcelaria, que también alcanza a las comisarías. Esto se agravará este año ya que la última modificación aprobada en 2023 por la Legislatura permite veloces condenas a prisión para delitos menores, lo que se conoce como juicio directo.
«Tenemos un sistema que provoca más personas encarceladas en menos tiempo, sin posibilidad real de generar un sistema de efectivo reconocimiento de derechos de esas personas. En realidad encarcelas personas más rápidamente, pero no podes cumplir con los objetivos constitucionales de la ejecución de la pena: el acceso a la educación, el acceso a la salud, el acceso a la progresividad del régimen penitenciario», afirmó la defensora.
Petraglia aseguró que esto incluye la situación de la Unidad 16 de mujeres. «Está al límite, durante muchísimos años hubo plazas de sobra. Tenemos dos mujeres con niños encarcelados, ni hablar del colectivo LGBTIQ+. Si encarcelan a alguna persona del colectivo no sabríamos bien cómo va a ejecutar la pena esa persona, porque no está el sistema penitenciario pensado para el colectivo«, señaló.
El gobierno de Rolando Figueroa deberá dar una respuesta concreta en febrero. Es el plazo máximo que le impuso la jueza de Ejecución Penal, Raquel Gass, para que solucione, por ejemplo, la falta de sistema contra incendios en la Unidad 11, donde están encerradas 263 personas en un espacio para 256.
¿Cuáles fueron los cambios positivos que trajo el Código? La inmediación. «Antes un condenado no veía a un juez nunca», respondió Petraglia. «Hoy efectivamente en ejecución que pidas una audiencia, te la fijen y tengas un juez que te escuche, que escuche a todas las partes, a todos los testigos, a la víctima y que dé una resolución fue lo mejor que nos pudo haber pasado», remarcó.
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