Destituyen al juez Villegas de Neuquén por haber ejercido acoso laboral hacia una funcionaria
Por unanimidad el jurado de enjuiciamiento consideró que estaba acreditado el mal desempeño en sus funciones.
Sebastián Villegas es el primer juez de la provincia de Neuquén en ser expulsado del Poder Judicial por haber acosado sexualmente, en el ámbito laboral, y maltratado a una funcionaria que trabajaba en su juzgado. Así lo consideró el jurado de enjuiciamiento que hoy lo destituyó por unanimidad del cargo.
El tribunal estuvo integrado por los jueces del Tribunal Superior de Justicia Evaldo Moya, Alfredo Elosú Larumbe y Germán Busamia, la diputada María Laura Du Plessis (MPN) y su par Sergio Fernández Novoa (Frente de Todos), y los abogados Nicolás Lupetrone y Simón Julio César Hadad.
El juez fue acusado por mal desempeño en sus funciones. Este es un proceso de carácter político. Lo que se discute es si los hechos existieron y si fue así qué tipo de castigo debe imponerse al denunciado. Hay dos posibles sanciones: una suspensión o la remoción del cargo.
Villegas juró el 7 de junio de 2016. Se desempeña actualmente como juez civil de Rincón de los Sauces.
La fiscalía le reprochó haber tenido un trato inadecuado con quien cumplía el rol de prosecretaria, María Soledad Garayo, entre 2017 y 2019. Enumeró una serie de episodios, por ejemplo que el magistrado le preguntaba si tenía novio, si le gustaba alguien del juzgado, hacía comentarios acerca de que ella practicaba «pole dance» (baile del caño) y la ropa que usaba.
Cuando la denunciante puso un límite, la relación viró y comenzaron las descalificaciones. Esto trajo un deterioro marcado de su salud física y emocional.
Moya, que es el presidente del jurado y autor del voto al que adhiere el resto, manifestó que estaba probado el acoso laboral ejercido por el magistrado que constó de dos etapas: la de «seducción» y la de «represalias u hostigamiento».
Una de las situaciones más grave que relató la fiscalía fue que Villegas esperó a Garayo a la salida del juzgado, le dijo que la iba a llevar al hotel en el que se hospedaba en su auto y en el camino cambió el recorrido y la trasladó hacia el cerro «La Cruz», sin su consentimiento.
«No es decisiva la ausencia de testigos presenciales, en tanto el hecho puede ser reconstruido a partir de diversos elementos probatorios, como ocurre en el caso», aseguró Moya.
Agregó: «cabe recordar que “en este tipo de hechos donde el acosador busca arteramente el momento indicado para hostigar a su víctima, el accionar desplegado no suele llevarse a cabo a la vista de todos, por el contrario “las sombras” suelen ser su arena».
En el fallo también destacó la relación de desigualdad entre ambos: él era la máxima autoridad del juzgado y ella una funcionaria recién ingresada al Poder Judicial.
«La visión a través de estereotipos sexuales que cosifican a las mujeres y que suponen que a ellas, por ejemplo, les gustan los piropos o que se halague su cuerpo, subyacen en los comentarios que realizó el magistrado frente a otra funcionaria, en cuanto a la imagen, vestimenta y físico» de Garayo, dijo Moya.
Indicó que la defensa, que ejerció Iris Sandoval, «se ha limitado a atacar a la víctima». El vocal aprovechó a aclarar que la prueba que fue cuestionada -un médico que desconoció su firma en un documento- fue desistida en el jury y no se valoró para tomar esta resolución.
Mencionó las dificultades del magistrado para ejercer su liderazgo. «Algunos integrantes del juzgado señalaron de manera coincidente que el juez después de algún hecho puntual que considera desleal, no los saludaba, u ordenaba que fueran a Mesa de Entradas», afirmó Moya.
Añadió: «También señalaron que solía referirse en términos despectivos hacia el personal, remarcando que eran todos “vagos” o “burros”, generando de esa forma malestar en el grupo. Creo que podemos coincidir en que, de un juez que conduce un grupo humano, se espera, como mínimo, que sea respetuoso con su equipo de trabajo«.
Lupetrone hizo un voto aparte, que coincide parcialmente con el de Moya. Sumó un aspecto y es que el juez nunca se preocupó por el estado de salud de la funcionaria (que sufrió ataques de pánico) se mantuvo indiferente, y omitió cualquier tipo de ayuda.
La sanción
Moya evaluó que merece la más grave sanción, que es perder el puesto de juez, ya que sostuvo «no pudo -o supo- conservar mínimamente las exigencias éticas que demanda la función para un cargo de la magnitud que le fuera confiado».
En aquella época, Villegas tenía bajo su responsabilidad el fuero de Familia, donde tramitan las denuncias por violencia de género. Planteó que más aún «debió cumplir una función transformadora de los valores patriarcales, mediante declaraciones y acciones inequívocas de condena de la violencia contra la mujer. Ha quedado en evidencia que la conducta del Dr. Villegas se encuentra en las antípodas de este modelo de juez».
Cómo sigue el caso
La defensa tiene la posibilidad de apelar la sentencia ante la sala penal del Tribunal Superior de Justicia.
El último funcionario judicial en ser expulsado fue el exfiscal Ricardo Videla de Chos Malal, por su intervención en las denuncias previas al doble femicidio de Carina y Valentina Apablaza, en Las Ovejas.
Lo que se definió entonces es que la destitución debe ser inmediata, y no esperar a que la resolución quede firme.
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