Desmayos, ataques de pánico y licencias psiquiátricas: las denuncias contra la jueza de Familia de Roca
Comenzó el juicio político contra Moira Revsin quien hizo una extensa defensa de su trabajo. Aseguró que no hubo maltrato ni hostigamiento en su juzgado.
La titular de la Unidad Procesal 11 enfrentó un jury por hechos ocurridos hasta 2021. Su defensor insistió en tomar en cuenta el actual clima laboral "armonioso". (Foto: Juan Thomes)
El límite que separa la exigencia del maltrato será el primer escollo que deberá sortear el Consejo de la Magistratura para determinar si Moira Revsin incurrió en “desarreglos de conducta y mal desempeño” en su función como jueza del juzgado de Familia de Roca. Esa imputación contempla una serie de graves denuncias que fueron relatadas por el secretario Guido Main quien leyó la requisitoria a juicio que envió el procurador Jorge Crespo.
El trasfondo del juicio político contra una jueza de Familia de Roca
Del texto se desprenden las declaraciones de gran parte del staff del juzgado que acusó a Revsin por maltrato, hostigamiento, atropello, acoso, persecución y hostilidad continua, entre otras recriminaciones al desempeño de la magistrada con su equipo de trabajo.
Muchas empleadas señalaron que el costo psíquico de ese maltrato llegó al límite del desmayo, ataques de pánico, largos y costosos tratamientos psicológicos y psiquiátricos. Incluso una de ellas relató que su psicóloga la recomendó “no volver a trabajar en el juzgado”.
El contexto es más o menos así: entre 2017 y 2021 varias empleadas del juzgado denunciaron a la jueza y las actuaciones derivaron en el Consejo de la Magistratura que inició un sumario que posteriormente se trasladó a la procuración. Con las investigaciones de un sumariante y una auditoria, Jorge Crespo impulsó la causa al juicio político que comenzó hoy.
El jury inició con una serie de planteos preliminares. El primer pedido que hizo el defensor de Revsin, Justo Emilio Epifanio, fue solicitar la caducidad del proceso por los plazos vencidos. Sin embargo, el tribunal falló a favor de Crespo que hizo un alegato pedagógico de los tiempos procesales. Dijo algo así como que los plazos son “ordenatorios” y si bien reconoció cierto atraso en los informes, manifestó que es un “error conceptual” considerar que hay tiempos estrictos y cerrados para el proceso de investigación.
El defensor también hizo un planteo sobre la negativa del Consejo a aceptar una pericia sociológica de las denunciantes. Esas decisión, entiende, impacta sobre los medios de prueba. El tribunal tampoco hizo lugar a ese reclamo.
En su alegato, Epifanio deslizó un eje central de defensa, que luego desarrolló Revsin, sobre las exigencias que tiene un juzgado, especialmente del fuero de Familia. Atribuyó implícitamente que la necesidad de celeridad del proceso de justicia y la demanda social requerían respuestas más rápidas y eficientes.
Revsin: «Defensa ciega»
El primer testimonio fue el de la propia Revsin que en el preludio de una extensa declaración confirmó que las denuncias no fueron precisadas en tiempo y lugar y que eso generó grandes dificultades para ejercer su derecho a defensa.
“Se me impide realizar una defensa concreta y me ponen en la obligación de defenderme de hechos que no se sabe si existieron porque no se informan ni se describen. Se habla de hostigamiento y maltrato, pero no se dice en qué consistió, en que momento y de qué manera (…) en definitiva, obliga a una defensa ciega que es violatoria de las garantías constitucionales”.
Luego retomó el concepto de exigencia ante la necesidad de brindar un “mejor servicio de justicia”. En ese sentido acentuó en la necesidad de que el lenguaje claro en las resoluciones es clave para evitar dilaciones en el proceso de justicia. Justamente el principal reclamo de la ciudadanía. Pero no solo eso, el retraso en sentencias fue la primera denuncia que recibió como magistrada en 2016. Un año más tarde el juez –recientemente jubilado- Gustavo Martínez la sancionó económicamente por la misma situación.
Las imputaciones fueron la antesala de una lluvia de acusaciones por maltrato y persecución que precisamente, a juzgar por las declaraciones, estaban vinculadas con las exigencias de la jueza para acelerar el proceso de justicia.
Del relato de Revsin queda claro que esa exigencia era en pos de mejorar el funcionamiento del juzgado, mientras que para las denunciantes fue un atropello, acoso y persecución permanente. Es lo que deberá dilucidar el Consejo de la Magistratura en estos tres días de debate y definir si la magistrada incurrió en alguna falta sancionable.
El tribunal del juicio político está integrado por el Presidente del Superior Tribunal de Justicia y del Consejo de la Magistratura, Sergio Ceci; los legisladores Marcelo Szczygol y Juan Murillo Ongaro; la legisladora Marcela González Abdala; las consejeras abogadas Marina Luna y Daiana Reynoso; el consejero abogado Federico Diorio y el juez por el fuero Laboral Victorio Gerometta.
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