Denuncian encubrimiento entre la policía y el hospital de Fernández Oro por un caso de abuso policial

Un hombre que estaba detenido en la comisaría local sufrió la fractura de dos costillas y varias lesiones graves. El defensor oficial responsabilizó a los agentes pero también apuntó contra profesionales de salud.

El sistema de salud pública de Fernández Oro quedó en el ojo de la tormenta tras una grave acusación contra efectivos policiales de la Comisaría 26. Según la denuncia se tejió un encubrimiento entre las autoridades de la fuerza y del personal médico en favor de agentes policiales que abusaron de su posición de poder y golpearon salvajemente a un interno: tanto lo violentaron que le fracturaron dos costillas y le generaron graves lesiones en su cuerpo.


El defensor oficial Marcelo Caraballo impulsó un habeas corpus a pedido del padre de la víctima. Contó que la «salvaje agresión» fue en respuesta a los gritos del detenido quien estaba sufriendo un ataque de ansiedad por su abstinencia al consumo de cocaína.

La respuesta de los funcionarios públicos a una demanda de salud mental fue la violencia y los golpes. Agregó que el caso incluye no solo una presunta violencia institucional, sino una deliberada omisión de información y ocultamiento de las lesiones que sufrió el detenido.


La denuncia detalla que el 15 de septiembre, luego de una visita familiar, el detenido experimentó un episodio de abstinencia que lo llevó a gritar, lo que desató una violenta respuesta de parte de los oficiales de guardia. H. H. H. I. declaró que el jefe de la guardia, junto con otros efectivos, ingresaron a su celda y lo golpearon hasta provocarle fracturas en las costillas y lesiones faciales.


Tras la agresión, el detenido fue trasladado al hospital de Fernández Oro para ser atendido, donde, según su relato, un médico le confirmó la existencia de fracturas. Sin embargo, los registros iniciales del hospital y el informe policial no incluyeron información completa sobre las lesiones, lo que, para la defensa, refuerza la sospecha de un intento de encubrimiento por parte de las autoridades.

La jueza pidió investigar posibles falsificación de documentos


La jueza de Garantías Amorina Sánchez solicitó de inmediato informes médicos y policiales. Sin embargo, el expediente muestra respuestas contradictorias y fragmentadas de ambas instituciones. El jefe de la comisaría 26 envió informes en los que se omiten detalles clave sobre el estado de salud del detenido y los traslados al hospital.

Por su parte, el hospital de Fernández Oro solo remitió una descripción básica de los síntomas, negando inicialmente la existencia de fracturas o lesiones significativas. La jueza destacó estas irregularidades y ordenó que el detenido sea trasladado a otra unidad policial, para asegurar su integridad como primera medida.


Un elemento clave en el expediente son las distintas versiones del hospital sobre la condición física de H. H. H. I. La doctora que atendió inicialmente al detenido el 15 de septiembre, informó “parámetros vitales normales” y no constató fracturas en los registros que envió a la justicia.


No obstante, el defensor presentó informes médicos de fecha 18 de septiembre, cuando una doctora distinta le realizó otra radiografía y confirmó la fractura de costilla.

La defensa expuso que la versión inicial omitida, la cual minimizó las lesiones, contribuyó a que el detenido regresará a la comisaría sin recibir la atención médica adecuada, y que este ocultamiento de la gravedad del caso por parte del hospital y de la policía evidencia un posible intento de encubrimiento.


La jueza además del traslado acompañó su resolución con una orden para que el fiscal interviniente inicie una investigación en profundidad sobre posibles delitos de abuso de autoridad, vejaciones, apremios ilegales, incumplimiento del deber de denunciar y falsificación de documentos públicos.


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