Denuncian ante el Consejo de la Magistratura a los fiscales de la causa por la estafa al Ipross
Tres de los condenados reclaman que se investigue su actuación en el expediente que se prolongó durante 5 años.
Tres fiscales que intervinieron en la causa por la estafa al Ipross fueron denunciados en el Consejo de la Magistratura. Foto: Archivo/Andrés Maripe
Los condenados en la causa por la estafa al Ipross denunciaron ante el Consejo de la Magistratura de Río Negro a tres fiscales de Roca que intervinieron en el caso, por presuntas irregularidades en su desempeño en el expediente penal que llevó 5 años.
La denuncia es contra los fiscales de Roca Teresa Giuffrida (jefa), Gastón Britos Rubiolo y Marcelo Ramos y lleva la firma de los farmacéuticos Rodolfo Mastandrea y Raúl Mascaró, y la auditora del Colegio de Farmacéuticos de Río Negro, Sandra Fasano, los tres condenados, con penas de hasta 9 años y medio en el caso de la mujer.
La presentación formal se realizó esta semana con una profusa fundamentación de los motivos y causales que llevaron a esta denuncia y esperan que sea incluida en el temario de la próxima reunión del Consejo de la Magistratura en la Segunda Circunscripción Judicial que se prevé para el 25 y 26 de este mes.
Los denunciantes fueron condenados en julio por delitos de estafa, con diversos grados de responsabilidad y penas distintas, junto al farmacéutico Claudio Caffaratti. Todos permanecen con prisión domiciliaria con tobillera electrónica y fueron inhabilitados por 6 años para ejercer su profesión, además de exigirles el pago de una multa. En el fuero civil se sigue otra causa por la recuperación del dinero de la estafa.
Qué dice la denuncia contra los fiscales de Roca
Tres meses después de las condenas, ahora tres de los involucrados se presentaron ante la Magistratura a la que solicitaron la investigación contra los fiscales por “incumplimiento” del Código Procesal Penal y la Ley Orgánica del Ministerio Público al señalar que tuvieron una tarea “cuasi tercerizada o llevada a cabo mediante la labor de privados, en vulneración de principios procesales, legalidad, debido proceso, estado de inocencia, afectación patrimonial”.
Señalaron que los fiscales tomaron como propia la investigación realizada por una comisión del Colegio de Farmacéuticos de Río Negro y que tanto ese organismo, como funcionarios públicos de la obra social provincial no fueron parte de la investigación.
En este punto insistieron en una delegación de funciones a particulares que tienen “intereses económicos, empresariales y comerciales” y apuntaron a una “persecución desmedida”.
A los consejeros pidieron que se “analice y constate la legalidad y modalidad del accionar del Ministerio Público Fiscal” el que consideran que “relegó su actividad de investigar” prevista en la normativa.
Una investigación «direccionada»
Para los denunciantes los fiscales instruyeron una “investigación parcializada y bien direccionada por el propio Colegio de Farmacéuticos” que replicó las “deficiencias y engaños producto de los intereses particulares” que a su entender motivaron esta investigación que se prolongó durante 5 años hasta llegar a juicio oral que se concretó en Roca.
“Se ha configurado las mayores tropelías informáticas, absoluta violación del debido proceso, de los derechos y garantías constitucionales”, señalaron en la presentación, en la que hablaron de “aberraciones cometidas” como la introducción al juicio elementos que “debieron ser excluidos en virtud de su ilegal procedencia y por groseros errores en su obtención como en violación de cadenas de custodias”.
En otro apartado, señalaron que no se siguió la línea investigativa de un faltante de dinero con orden de secuestro en junio de 2019 y puesto a disposición del juez de Garantías en diciembre de ese año por un monto menor a la liquidación enviada por el Colegio de Farmacéuticos.
Además, cuestionaron que se les impuso medidas cautelares desde junio de 2019, con embargos, y “se los sometió al escarnio público”.
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