Denuncian a un juez y dos fiscales por «despojo territorial» en una causa mapuche en Bariloche
El coordinador del Parlamento Mapuche denunció al juez Marcelo Alvarez Melinger y los fiscales Betiana Cendon y Tomás Soto ante el Consejo de la Magistratura por la causa Buenuleo.
Ocho personas que integran la comunidad Buenuleo y referentes mapuches de otras comunidades, están imputados por el delito de usurpación. Archivo
Orlando Carriqueo, coordinador del Parlamento del Pueblo Mapuche, denunció al juez de Garantías, Marcelo Álvarez Melinger, la fiscal Jefa Betiana Cendón y el fiscal Tomás Soto ante el Consejo de la Magistratura de Río Negro. La acusación está vinculada a la causa que se sigue contra varios integrantes de la comunidad Buenuleo por usurpación del predio al pié del cerro Ventana, al sur de Bariloche.
El referente resaltó que «en el marco de las distintas irregularidades que se están dando en la justicia de Río Negro, hemos tomado la decisión a pedido de las comunidades -y específicamente de la Lof Buenuelo- de impulsar una denuncia del juez y fiscales que actúan con una clara parcialidad, no aplican el derecho indígena y avanzan sin resolver presentaciones de la defensa«.
«Intentan que prevalezca el derecho a la propiedad indígena por sobre el derecho al territorio comunitario y además, hay un relevamiento territorial concluido», indicó Carriqueo a RÍO NEGRO.
Consideró que «estas anomalías que se dan en este juicio en particular son una línea política que sigue la justicia de Río Negro. Tenemos que buscar herramientas judiciales y políticas que pongan freno al despojo territorial que lleva adelante la justicia de Río Negro».
En la denuncia, Carriqueo especifica que «la causa conlleva un tiempo de sucesivas audiencias y hemos podido observar un claro incumplimiento al ordenamiento jurídico nacional y supranacional».
Recuerda también que durante la audiencia judicial del 6 de mayo, Cendon y Soto solicitaron al juez Gregor Joos «un tiempo prudente a fin de lograr un acuerdo entre las partes». El magistrado accedió y dispuso un plazo hasta el primero de agosto.
Carriqueo se refirió al artículo 14 del Código de Rito de la Ley 5020 que establece que «los jueces y fiscales procurarán la solución del conflicto primario surgido a consecuencia del hecho, a fin de contribuir a restablecer la armonía entre sus protagonistas y la paz social«.
Pero en la denuncia a los funcionarios del Poder Judicial, se cuestiona el tiempo transcurrido «sin ningún tipo de acción» en el que «no hubo siquiera un intento de reunir a las partes para resolver el conflicto». En este sentido, considera que «la decisión de elevar a juicio la causa fue tomada, sin analizar el artículo 14 en el Código de Rito, ni fundamentar la decisión de abandonar la línea de resolución de conflicto».
Carriqueo consideró que «nunca se tuvo en cuenta la pertenencia étnica o cultural y llevar adelante cualquier acción de este tipo, sin atender a la forma de vinculación del pueblo mapuche, constituye una negación por parte de los funcionarios a reconocer la pertenencia de las personas a su pueblo y a su cultura y constituye un caso de discriminación«.
En las audiencias, insistió, nunca se intentó llegar a un acuerdo entre las partes: «Los funcionarios no intentaron solucionar el conflicto y esto tampoco fue exigido por parte de Álvarez Melinger».
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