Denuncia por violencia de género a un funcionario de Neuquén: «el accionar que tuvo la secretaría de Riesgos fue ilegal»

La primera vez que una empleada de la secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos de Neuquén contó en la oficina que su jefe, Carlos Alberto Della Cha, había ejercido violencia sexual fue en una reunión privada, con las máximas autoridades del área. «Se me aseguró que mi identidad sería protegida y que no se tomarían medidas que pudieran perjudicarme», dijo. Finalmente se enteró que sus compañeros de trabajo estaban al tanto, ya que el escrito había sido cargado a la plataforma GDE (el sistema de gestión documental que tiene el Estado), y se compartía por Whatsapp.

«Todo el accionar que tuvo la secretaría de Riesgos fue ilegal», sostuvo la abogada Angélica Acosta, que representa a ambas denunciantes, respecto de la intervención administrativa en el caso. Señaló que jamás debieron subir «a un sistema público» como el GDE un caso tan grave «revictimizándola», haciéndola pasar «un calvario mayor».

Un dato relevante: esta secretaría tiene a su cargo la Línea 148 y el dispositivo de atención a varones que ejercían violencia.

En total fueron dos las trabajadoras que describieron situaciones de hostigamiento y acoso cometidas por Della Cha. Ambas debieron tomarse licencia psicológica. Pese a que pidieron ser trasladadas a otra dependencia, hasta ahora no se concretó. El martes pasado lo ordenó directamente un juez laboral: le solicitó al gobierno de Rolando Figueroa que a la brevedad lo haga «bajo apercibimiento de desobediencia a una orden judicial».

«Me parece interesante esta sentencia porque todo lo que hizo la administración estuvo mal. El juez las escuchó, valoró su palabra», manifestó Acosta. Subrayó que la secretaría «las expuso» e hizo notar la «asimetría de poder».

Uno de los puntos de la resolución incluye la obligación del Estado de brindar una capacitación en Ley Micaela y en la Convención 190 de la OIT a todo el personal de la secretaría de Emergencias. Es una decisión que el magistrado toma de oficio. Fija un plazo para la presentación de temario y la fecha.

Acosta indicó que el gobierno «aún guarda silencia sobre dónde las va a reubicar». «Ellas necesitan la seguridad, la tranquilidad, de estar continuando su vida laboral libre de violencia, ellas quieren trabajar», enfatizó.

Mencionó que todavía no saben si se le inició el sumario administrativo a Della Cha –que perdió su cargo político– ni tuvieron notificación alguna de la Oficina de Violencia Laboral.

Barabini planteó que le darán «prioridad»

La Ley Micaela establece la capacitación obligatoria en violencia de género para todas las personas que se desempeñen en la función pública, cualquiera sea su nivel y jerarquía, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Fue sancionada en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, y lleva el nombre de Micaela García, una joven entrerriana de 21 años que fue víctima de femicidio, en junio de 2017.

En la provincia la autoridad de aplicación es la subsecretaría de las Mujeres, que conduce Lorena Barabini.

Consultada por Diario RÍO NEGRO, la funcionaria afirmó que estaba al tanto de la resolución judicial en este caso, y que acompañaron a las áreas que estuvieron junto a las denunciantes, como el Centro de Atención a las Víctimas.

En cuanto a si el personal de esta dependencia recibió la formación, aseguró: «con Riesgo hemos tenido algunas instancias de talleres, pero no con la secretaría completa».

Agregó: «vamos a poner en prioridad una instancia específica (para esta estructura) pero está dentro de todas las áreas con las que venimos articulando».