Denuncia contra Casadei: “Ni un peso del municipio se afectó a la Fiesta del Golfo”
El abogado del municipio explicó el procedimiento administrativo por el cual se radicó una demanda penal y vinculó la acusación a una cuestión política. El caso lo investigará un fiscal de Viedma.
Adrián Casadei, el intendente de San Antonio Oeste se defendió de la denuncia en su contra a través de su abogado. Foto: Archivo
La denuncia penal contra el intendente de San Antonio Oeste, Adrián Casadei, y dos funcionarios municipales por el presunto delito de administración fraudulenta por gastos de la Fiesta del Golfo impulsada por un dirigente opositor, fue considerada como una “acusación con tinte político” y desde la comuna se descartó que se hayan destinado recursos propios al evento tercerizado.
El abogado externo del municipio, Román Denari, respondió a diario RÍO NEGRO por la denuncia presentada por Fabio León, excandidato a intendente del partido Compromiso Ciudadano, quien el 17 de mayo radicó la denuncia en la Fiscalía para que se investiguen presuntos delitos de funcionarios en perjuicio del municipio acusando a Casadei, Matías Hermo (secretario General de Coordinación Institucional y Gobierno) y Nicolás Carassale (presidente de la Agencia de Turismo, Cultura y Deporte).
“Ni un peso del municipio se afectó a la Fiesta del Golfo. El compromiso de no destinar recursos propios a la fiesta por el contexto económico se cumplió”, afirmó Denari.
Fuentes del Ministerio Público Fiscal confirmaron a diario RÍO NEGRO que la denuncia radicada en San Antonio Oeste será investigada por un fiscal de Viedma debido a que por la magnitud de las tareas del representante del organismo en la localidad hay causas que se derivan a la capital provincial. El abogado municipal indicó que hasta el momento no fue formalizada la notificación al intendente y solo tomó conocimiento del caso por el estado público de la denuncia.
La denuncia señala la existencia de tres contrataciones directas por servicios de alojamientos para artistas que participaron de la 33° Edición del Fiesta Nacional del Golfo Azul que se realizó el 10, 11, 12 y 13 de febrero a través de una tercerización con la productora Stage Pro Rider SRL, según consta en el convenio firmado por el intendente Casadei en enero. Esas órdenes de compra tuvieron un monto superior a 1,6 millones de pesos.
El denunciante cuestionó que se haya contratado estos servicios desde el municipio cuando el contrato con la productora eximía a la comuna de cualquier gasto y solo mencionaba la prestación de limpieza y ordenamiento del tránsito. También incluyó en la demanda una presunta irregularidad ante el ingreso de un aporte de 10 millones de pesos de la empresa Alpat destinado a la organización del evento, que -según la denuncia- no cumplió con el procedimiento administrativo correspondiente al no aceptarse la “donación” mediante ordenanza.
Denari explicó que las tres contrataciones directas de alojamientos existieron por la “urgencia” de resolver un inconveniente días previos a la concreción de la fiesta y la llegada de los artistas. Indicó que fue solo una “gestión administrativa” del municipio, pero no se abonó con recursos del erario público.
Es más, señaló que hasta el momento se abonó de manera íntegra el servicio de uno de los complejos hoteleros, un pago parcial a otro y el tercero no se presentó a cobrar. “Ese dinero salió del aporte de Alpat”, precisó en alusión a los 10 millones de pesos destinados por la empresa para la fiesta y aclaró que “lo que sobra será restituido a la empresa” porque así lo establecería el procedimiento administrativo.
El abogado puntualizó que el expediente administrativo no se cerró, “resta la rendición final de cuentas” y allí surgirá efectivamente cuánto dinero de los 10 millones de Alpat se utilizaron para pagos del evento y cuánto se restituirá.
En un punto de la denuncia se menciona una observación del Tribunal de Cuentas respecto de la falta de aceptación del aporte de Alpat al municipio. Denari explicó que no es válido ese procedimiento en este caso porque son “fondos con un destino específico que no irá al erario público general”. Por eso, según el abogado, lo que no se utilice para cubrir los gastos de la fiesta se devolverá.
“Es forzado vincular en esta denuncia una observación del Tribunal de Cuentas que es una cuestión técnica, no dice que se afecta al erario público”, indicó el abogado que calificó que se trata de “una denuncia sin sustento”.
Denari insistió que mediante el convenio firmado con la productora Stage Pro Rider SRL es esta compañía la que se hizo cargo de los gastos de la fiesta en general, pero ante la falta de solución del alojamiento de artistas el municipio realizó la gestión. “Solo se aportó el capital humano, la buena voluntad y transparencia del municipio como un garante institucional al desarrollo de la fiesta”, explicó el abogado.
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