Definen si va a juicio la causa por la explosión en la escuela de Aguada San Roque
Ocurrió el 29 de junio de 2021. En el hecho murieron la docente Mónica Jara, y los trabajadores Nicolás Francés y Mariano Spinedi. Mañana comenzará la audiencia de control de acusación en Cutral Co.
La explosión en la escuela de Aguada San Roque dejó tres víctimas fatales. Foto: archivo Florencia Salto.
La causa por la explosión en la escuela N°144 de Aguada San Roque se encamina a una etapa de definiciones. El martes y el miércoles se realizará la audiencia de control de acusación en Cutral Co. Es la instancia previa al juicio.
El 29 de junio de 2021 el gasista matriculado Nicolás Francés estaba junto a Mariano Spinedi, su sobrino. Realizaban la verificación del funcionamiento de calefactores y se les unió la maestra Mónica Jara -en su primer día de trabajo- en el albergue de las niñas, cuando hubo una deflagración e incendio.
Tanto Francés como Spinedi fallecieron en el acto y la docente, que logró salir por una ventana, murió trece días después en Mendoza, donde había sido trasladada.
En la formulación de cargos, la fiscalía planteó que el hecho ocurrió por una fuga de gas en la instalación, en un niple de transición que fue roscado a un accesorio de tipo ‘T’, ubicado en el entretecho del baño de mujeres, situado a escasos metros del albergue para niñas. Eso generó una mezcla potencialmente explosiva que resultó la causa exclusiva y originante de la deflagración que produce el incendio.
Hay nueve imputados entre funcionarios de Obras Públicas, Educación, los responsables de la empresa y contratistas. A lo largo de este tiempo, tanto la fiscalía como las querellas -que representan a las familias y al gremio docente ATEN-solicitaron que sea declarada «causa compleja» y esto les permitió continuar recopilando pruebas y someterlas a análisis.
«Esta etapa que se está transitando es muy importante y decisiva. Se materializará la audiencia de control de acusación, donde los acusadores vamos a explicar y proponer nuestra acusación, teoría del caso y de las pruebas que nos queramos valer para argumentar y sostener, en el eventual juicio», explicó el fiscal jefe Gastón Liotard.
Lo mismo harán las defensas por lo que lo se estima serán dos jornadas largas. Para Liotard, una vez superada esta audiencia, se estima que se puede llegar a juicio en agosto próximo.
«Es una causa que genera una alta conmoción, naturalmente porque fallecieron tres personas. Desde las acusaciones hay distintos niveles de responsabilidad, causalidad en la responsabilidad e imputaciones que se les ha realizado a cada una de estas personas», subrayó.
Liotard sostuvo que hay dos de los nueve imputados –Diego Bulgheroni y Eduardo Afione relacionados a la construcción- que solicitaron acceder a la suspensión de juicio a prueba. Ese pedido no fue avalado por el juez de Garantías, Mario Tommasi, que intervino en la audiencia y les dio la razón a la fiscalía y querellas.
La fiscalía se opone a esa petición por más de un motivo. El primero es por la pena en expectativa que solicitarán ante un tribunal colegiado, y que hipotéticamente le pudiera corresponder a los responsables, supera los años que se permite para una suspensión de juicio a prueba.
Otro motivo es la tutela judicial efectiva para las víctimas y sus familiares. Aseguró el fiscal que esto implica «que sepan qué pasó, se descubra la verdad y se ventile. El lugar y la circunstancia más adecuada y llana es un juicio, que si se hace la suspensión de juicio a prueba, esa instancia no se cumpliría».
En la audiencia de control de acusación se resolverá sobre la cantidad de testigos -un centenar- y pericias a presentar como las de explosión de gas, la deflagración, los teléfonos celulares, las comunicaciones, las contables en relación a los pagos indebidos que se hicieron.
El gremio ATEN, que es querellante, a través del abogado Darío Kosovsky dijo antes de esta audiencia en una entrevista radial, que se impulsó que la causa sea compleja «y que no se quede en la explosión. Nuestra intención es probar que hubo corrupción».
Especificó que las penas en expectativa son varias porque los delitos son distintos, pero van -en el caso de encontrarse culpables- desde un «mínimo de seis meses a cinco años, y en los concursos reales hasta 11 años de prisión».
Este martes, a las 9, en la Oficina judicial de Cutral Co se empezará a desarrollar la audiencia. ATEN convocó a movilizarse como parte de las actividades previstas para esta semana, dentro del paro de 72 horas que llevan adelante.
Los acusados
De los diez imputados iniciales a esta instancia quedan nueve. Son funcionarios y los constructores.
La fiscalía planteó que al momento de realizar la obra de ampliación en la escuela se contrató a la empresa Arte Construcciones S.R.L por la subsecretaría de Obras Públicas, en agosto de 2019. A su vez, se subcontrató a un maestro mayor de obras de modo irregular que a su vez tomó al gasista Nicolás Francés, una de las víctimas de la explosión.
Después de 552 días del inicio de obra, el 12 de mayo de 2021, la subsecretaría de Obras Públicas emitió un certificado de «final de obra» que constató un avance de la construcción del cien por ciento. Sin embargo, el 29 de junio de ese año, los trabajos no estaban terminados.
Así fue que la fiscalía imputó a Héctor Villanueva, socio gerente de Arte Construcciones SRL; por el delito de estrago culposo agravado en calidad de autor, en concurso real con administración infiel en perjuicio de la administración pública como partícipe necesario.
Eduardo Afione, maestro mayor de obras, llega imputado como autor del delito de estrago culposo agravado. Diego Bulgheroni, arquitecto, representante técnico por la empresa, está acusado de estrago culposo agravado en calidad de autor en concurso real con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en carácter de partícipe.
En cuanto a los funcionarios, están imputados Raúl Capdevilla, director provincial de Obras Contratadas de la secretaría de Obras Públicas, por estrago culposo agravado en concurso real con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en carácter de autor.
Carlos Córdoba, director de Obras Contratadas dependiente de la secretaría de Obras Públicas, por estrago culposo agravado en concurso real con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en carácter de coautor.
Roberto Deza, subsecretario de Obras Públicas, como coautor de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Sergio Percat fue acusado de estrago culposo agravado, en concurso real con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en carácter de coautor, en concurso real con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en concurso con falsificación ideológica de documento público.
A Fabio Antonio Luna, director general de la Modalidad Rural del CPE; y Patricia Delia Cressatti, directora provincial de Nivel Primario se les atribuyó el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público y homicidio culposo (en perjuicio de Mónica jara), en concurso ideal y en carácter de autores.
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