Cuatro referentes gremiales y sociales llegan a juicio por privación ilegítima de la libertad, en Roca
Miguel Báez, Romeo Aguiar, Claudia Reyes y Zulma Dávila podrían ser condenados a penas que van desde los 2 a los 6 años de prisión. Los hechos ocurrieron en el 2019 y la víctima resultó ser Miriam Saigg, extitular de Desarrollo Social de Nación.
En 2019 los manifestantes cercaron el domicilio particular de la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social de la Nación. (foto: archivo)
Los hechos ocurridos en el año 2019, cuando la extitular del área de Desarrollo Social de la Nación, Miriam Saigg, sufrió el asedio no sólo en su lugar de trabajo sino también en su domicilio particular por parte de distintas organizaciones sociales y gremiales, llegarán a juicio en los próximos meses. Se trata de Claudia Reyes, Zulma Dávila, Romeo Aguiar y Miguel Báez a quienes se les imputan los delitos de «privación ilegitima de la libertad mediante amenazas» que tienen una pena que va desde los 2 a los 6 años de prisión.
Si bien todavía no hay fecha de juicio, se sabe que el Juez Federal Alejandro Silva tendrá a su cargo el proceso que ya está en la etapa de ofrecimiento de pruebas. Si embargo las fuentes consultadas por Río Negro explicaron que todavía no hay una fecha establecida para el comienzo de las audiencias que se realizarán en los tribunales de calle San Martín y España, en Roca.
¿Qué les imputan?
Según la investigación del Ministerio Público Fiscal (MPF), los cuatro dirigentes -entre los que se encuentra el hijo del secretario adjunto de ATE Nacional Rodolfo Aguiar- en septiembre de 2019 «de manera conjunta y coordinada entre sí y a su vez en conjunto con la participación de aproximadamente 60 personas integrantes de las agrupaciones sociales CTA de Río Negro, M.A.P. (Movimiento de Acción Popular), M.P. (Resistencia Alta Barda) y la Agrupación ODEL, dirigidos y bajo las órdenes de los imputados mencionados en primer término, se constituyeron en la puerta de la vivienda habitada por la Lic. Edit Miriam Saigg, Coordinadora local del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación».
Una vez en el lugar colocaron «maderas, palos, cubiertas a las que prendieron fuego, carteles con frases intimidantes, banderas alusivas a las agrupaciones que representaban, instalándose en el lugar, mediante un acampe, donde tocaron bombos, arrojaron huevos a la vivienda e insultaron a los gritos a la Sra. Saigg, impidiéndole a la mencionada funcionaria movilizarse libremente».
El fiscal explicó en el acta de procesamiento que la confinaron a estar en su vivienda al menos durante dos horas y durante ese lapso le impidieron salir. «Le efectuaron exigencias y pedidos, haciéndole manifestaciones amenazantes tales como las que realizó Miguel Ángel Báez: ‘Si Miriam Saigg no sale a dar respuestas, nos vamos a quedar los días que sea necesario y vamos a tomar medidas de fuerza, vamos a hacer un acampe y le vamos a llenar de huevazos la casa’«.
Otra de las que intervino -según el MPF- fue la dirigente Claudia Reyes: «Salí vieja hija de puta (…) que la gente tiene hambre (…) que nunca nos das pelota (…) nos debes dos mil módulos alimentarios para darle a la gente (…) sino que renuncie (…)”.
«Mañana vamos a convocar a más gente y vamos a meter presión hasta que renuncie Miriam Saigg o nos den en 48 o 78 horas los planes sociales para las 500 familias”, fue otra de las frases que lanzaron en medio del acto. Por ese entonces le exigían d2000 módulos alimentarios y los planes sociales para 500 familias.
«Profirieron gritos amenazantes y a cercar con su presencia física el domicilio particular de la Sra. Saigg, asustando, infundiendo temor tanto a la mencionada funcionaria como a los vecinos de la misma afectando la circulación peatonal y vehicular en la zona, como asi también la salud de los vecinos provocándoles temor a sufrir daños personales y en sus bienes, por peligro de incendio, humo, gases y golpes», detalló la fiscalía.
De los cuatro dirigentes, sólo Báez se encuentra detenido en una comisaría de Roca ya que fue condenado en tres causas en las que estuvo involucrado como principal referente de ODEL: el violento ingreso al municipio de Roca, el abuso sexual a una integrantes de su organización y por instigar los hechos ocurridos en las instalaciones del diario Río Negro en marzo del año pasado.
A todos se les imputa el delito de privación ilegítima de la libertad mediante amenazas (art. 142, inc. 1° del C.P.), por el cual deberán responder en calidad de coautores (art. 45 del CP). Las condenas podrían ir desde los 2 a los 6 años de prisión.
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