Crisis carcelaria, la otra herencia que recibirá Rolando Figueroa con el nuevo gobierno de Neuquén
La superpoblación y la falta de espacio para talleres educativos en las unidades de detención persisten, a cuatro meses de la última advertencia judicial y a tres de que termine el mandato de la actual gestión.
La obra del nuevo pabellón para la Unidad 11 de Neuquén es una de las que prometió terminar la actual gestión. (Archivo/Matías Subat)
En las Unidades de Detención de la provincia de Neuquén hay 525 personas privadas de su libertad, y la capacidad total es de 499 plazas. Las comisarías siguen recibiendo a condenados pese a su falta de infraestructura para alojar personas con sentencia firme: ya hay 27, que se suman a otras 28 personas con prisión preventiva.
Las cifras figuran en el último informe sobre la cantidad de personas detenidas en la provincia, elaborado el 4 de septiembre, y es casi un calco del conocido en junio. La cantidad de varones y mujeres tras las rejas registra variaciones mínimas, pero hay un dato que se mantiene inalterable: no se agregó ni una plaza más a las disponibles.
En mayo, las dos juezas de Ejecución Penal de la provincia -Raquel Gass en el área capital y Alicia Rodríguez en el interior- ratificaron el cierre de las cárceles: si no hay egresos, no puede haber ingresos. La próxima audiencia para revisar la situación será en diciembre, en pleno recambio de autoridades del gobierno. Ni el saliente ni el entrante han dado muestras de tener el tema en agenda.
Mínimos avances
«Los avances en la construcción de un nuevo pabellón de máxima seguridad en la Unidad 11 de Neuquén son pequeños, de todos modos está pensado para 25 personas, no es la solución de fondo», dijo la defensora de Ejecución Penal, Luciana Petraglia.
Las casas de pre egreso en la cárcel del Parque Industrial ya estarían habilitadas, pero apenas agregaron 12 lugares a la capacidad total.
Una de las posibles soluciones de fondo sería la firma de un convenio con el gobierno nacional para utilizar un pabellón en la cárcel federal de Senillosa. Esa alternativa se baraja desde hace un año por lo menos, pero el pabellón demanda de una inversión millonaria para volverlo habitable.
La firma de un acuerdo entre Neuquén y Nación avanza, se estanca, y se vuelve a estancar. «Hay un convenio marco, pero nada específico sobre el traspaso de un módulo a la provincia«, dijo Petraglia. Aportaría 85 nuevas plazas, cuando esté reacondicionado.
La «exportación» a San Luis
Lo mismo sucede con el sorprendente anuncio que hizo en mayo la secretaria de Seguridad, Marianina Domínguez: reveló que el gobierno avanza en la firma de un convenio con la provincia de San Luis para trasladar a 40 personas al complejo penitenciario Pampa de las Salinas inaugurado en 2014, también conocido como La Botija.
«No se volvió a hablar de ese tema», informó Petraglia. El trasladado a aquella provincia sería voluntario, y la prueba piloto -enviaron a un detenido por razones de acercamiento familiar- no dio buenos resultados. El complejo penitenciario está lejos de cualquier ciudad, lo que dificulta el acceso para los familiares que quieren visitar a sus sedes queridos; el transporte es caro e irregular, y tampoco sería bueno el servicio de salud.
En el área capital, el único avance se registró en el pabellón 8 de la Unidad 11, que ya fue refaccionado. Pero hay al menos otros dos en condiciones deplorables.
Ejecución penal, ¿un área desvalorizada?
Petraglia, defensora pública, es de las pocas funcionarias judiciales que se ocupa exclusivamente de las personas privadas de su libertad. Tiene un colega para todo el interior, Félix Borgonovo, quien acaba de ganar el concurso para ser juez de Garantías en Cutral Co.
En cambio la fiscalía no tiene una estructura similar. Para atender la situación de las y los detenidos hay dos asistentes letradas, una jerarquía inferior a fiscal del caso.
En cuanto a las juezas de Ejecución, recién ahora el Tribunal Superior de Justicia decidió crear un nuevo cargo y pidió al Consejo de la Magistratura que convoque al concurso. Con suerte entrará en funciones el año próximo. Para entonces probablemente sea necesario cubrir otra vacante, porque Alicia Rodríguez está próxima a jubilarse.
Ciudad por ciudad
El cuadro de situación, de acuerdo con el informe del 4 de septiembre al que accedió diario RÍO NEGRO, es el siguiente: en la Unidad 11 hay 254 detenidos (capacidad, 256); en la 12 hay 38 (44 plazas); en la 16 (donde solo hay mujeres) la población es de 15 con espacio para 26. Todas están en Neuquén capital.
En la Unidad 21 de Cutral Co, 55 personas habitan un espacio con capacidad para 42; en la Unidad 22 hay 42 personas para 48 lugares.
En Zapala, la Unidad 31 tiene 35 personas y su capacidad es para 22; mientras que la Unidad 32 los números son 19 y 24 respectivamente.
La Unidad 41 de Junín de los Andes sigue a la cabeza del ránking de superpoblación: aloja a 29 seres humanos y tiene espacio para 13. En su vecina San Martín de los Andes, la Unidad 42 tiene capacidad para 12 pero están encerradas 20.
Por último en Chos Malal, la Unidad de Detención 51 aloja a 18 donde hay lugar para 12.
Cuando recuperen la libertad
Un dato que no debería perderse de vista es que el 65% de los condenados (377 personas) tienen para cumplir penas de hasta 10 años, lo que significa que su tránsito por la cárcel será relativamente breve -en comparación por ejemplo con las 39 personas que deben cumplir perpetua-.
La pregunta cuya respuesta se elude sistemáticamente es si salen de la cárcel mejor o peor de lo que entraron. Pasar años privado de la libertad hacinado en una celda, en condiciones de vida indignas, lleva a pensar que la pena no estaría cumpliendo su proclamado objetivo de resocializar. Ni hablar del artículo de la Constitución que habla de cárceles sanas y limpias: en la práctica es papel mojado.
Más condenas, más rápido
Es una variable a considerar en esta coyuntura: a pedido del gobernador Omar Gutiérrez, el martes se tratará en comisión en la Legislatura el proyecto para lograr más condenas y más rápido, en delitos de flagrancia principalmente.
Esto alimentaría el círculo vicioso de encerrar a jóvenes -primarios en el delito en su mayoría- en la escuela de violencia que es la cárcel. Por poco tiempo, pero el suficiente para que salgan de allí «con otro cuerpo», porque el paso por la prisión les otorga «capital simbólico» como dice el profesor de sociología del delito Esteban Rodríguez Alzueta.
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