Crisis carcelaria en Neuquén: clausuran celda en una comisaría y mandan al detenido a la casa
El colapso ya es inmanejable en las comisarías, que están desbordadas por la cantidad de personas privadas de su libertad y la falta de espacios.
Defensora pública Verónica Zingoni. (Archivo)
-¿Cuántas personas hay privadas de su libertad en comisarías del área Neuquén?
El subcomisario Ricardo Olguín, jefe de la división Coordinación de Detenidos Procesados, casi ni tuvo que consultar sus apuntes para responder.
-Tenemos 96 detenidos, de los cuales 66 están procesados, uno arrestado por el juzgado de Familia, y 29 condenados.
-¿Y cuántas plazas hay? ¿Espacio para cuántas personas?
-Hay 72. Son 64 si contamos las que tienen tarima. Hay comisarías que no tienen tarima y el detenido duerme en el piso con su colchón.
-¿Y cuántos son los que duermen en el piso?
–La diferencia entre 72 y 64 -contestó el subcomisario Olguín.
El diálogo ocurrió durante una audiencia de hábeas corpus realizada este viernes en Neuquén, en la que se expuso una vez más la grave emergencia carcelaria en la provincia.
Las condiciones del «buzón»
El juez de Garantías Gustavo Ravizzoli ordenó que un hombre alojado desde hace tres meses en una celda de dos metros por cuatro, sin «tarima», baño, letrina, pensada para que sea ocupada solo de manera transitoria, empiece a cumplir prisión domiciliaria.
Además dispuso que esa celda, conocida en la jerga con el diáfano apodo de «buzón» y llamada en lenguaje técnico «área contraventores», sea clausurada al menos por 30 días.
En la audiencia de hábeas corpus, argumentaron sobre la crítica situación las defensoras públicas Verónica Zingoni y Solange Del Ponte. El fiscal Horacio Maitini y el asistente letrado Gastón Berenguer admitieron que la situación es mala, pero se opusieron a que el imputado obtenga la prisión domiciliaria.
La desidia, el desinterés y la inexistencia de una política penitenciaria tienen costos para la provincia de Neuquén. Ahora la comisaría Tercera deberá destinar personal para la custodia permanente del domicilio donde será alojado el detenido, al menos hasta que se consiga una tobillera electrónica. Son policías que se sustraen de las tareas de prevención o investigación porque no se invirtió a tiempo en el sistema penitenciario.
Agravamiento en las condiciones de detención
Las defensoras Zingoni y Del Ponte señalaron que se produjo un agravamiento en las condiciones de detención del imputado. Además, tiene leucemia y hace tiempo que no se realiza los controles ni toma la medicación oncológica, porque está encerrado en un buzón.
El 17 de noviembre pasado, el juez Ravizzoli ordenó que se lo reubique en otra unidad. La directiva no se cumplió.
El subcomisario Olguín explicó que la persona detenida tiene problemas de convivencia con otros internos. Estuvo unos días en una celda más habitable, pero le tiraron baldes con agua caliente y lavandina. Para «resguardar su integridad» (así lo dijo), lo encerraron en un asfixiante espacio de dos metros por cuatro.
¿Quién maneja los traslados y cupos?
La defensora Zingoni observó, en tono crítico: «Las amenazas de personas privadas de su libertad a otras son las que manejan las vacantes, los traslados y los cupos de los procesados, y no prevalece la orden judicial».
Según las cifras que brindó, «en las alcaidías de comisarías hay cupo para 72 personas y están alojadas 161. Por encima de lo permitido hay 89 personas. La superpoblación es del 123,6%».
Destacó que «durante un año y medio hubo sólo dos condenados derivados a comisarías. En los últimos dos meses ingresaron 30″.
«Esas condiciones no son dignas»
El cierre de las unidades de detención, igual de colapsadas, derrama hacia las comisarías. La defensora exhibió fotos del lugar donde está alojado el detenido. «Esas condiciones que acabo de ver no son dignas», manifestó el juez Ravizzoli.
Dijo el magistrado que «una persona no puede esperar el juicio en cualquier lado. Ninguno de nosotros es capaz de estar cuánto tiempo en esas condiciones».
Añadió que «las autoridades deberán tomar acuse de recibo y extremar todos los esfuerzos para que estas circunstancias tengan una modificación sustancial».
Ravizzoli ordenó la detención domiciliaria del imputado, con custodia policial permanente al menos por cinco días, hasta que se resuelva si le colocan una tobillera.
Dispuso también la clausura del buzón por 30 días, o hasta que haya mejoras.
Qué dice la Constitución
El juez reflexionó: «Uno podrá decir: ‘si esta persona cometió un delito, no me importa en qué condiciones está’. Ahí hay un error, se afirma algo que no es. Cualquiera de nosotros tenemos que estar en condiciones dignas de acuerdo a la ley y la Constitución».
Citó el artículo 71 de la Constitución Provincial, pocas veces tenido en cuenta, y que es muy claro: «Toda medida que, so pretexto de precaución, conduzca a mortificar a presos o detenidos, hará responsable civil o criminalmente al juez que la autoriza o consienta, por actos u omisiones, y será causa de inmediata destitución de los funcionarios y empleados que la ordenen, apliquen, instiguen o consientan, sin perjuicio de las responsabilidades penales en que incurran. (…) La Provincia indemnizará los perjuicios que ocasionen las privaciones de la libertad por error o con notoria violación de las disposiciones constitucionales».
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