Conflicto de poderes en Cinco Saltos: «El Deliberante me quiere dar órdenes»
El intendente Enrique Rossi se refirió a la demanda contra el poder legislativo local. Contó las razones del veto que fue rechazado por el organismo.
Rossi en la planta de Añelo donde trabajó hasta noviembre pasado, antes de asumir. Antes fue miembro de la Policía en Neuquén.
El intendente de Cinco Saltos, Enrique Rossi, se refirió al conflicto de poderes que se originó por una ordenanza del Concejo Deliberante local. En la normativa, el poder legislativo le «ordena» al poder ejecutivo poner en marcha una política pública. En ese contexto, el jefe comunal vetó la normativa pero el órgano volvió a rechazarla. Por eso presentó un recurso contencioso administrativo para que resuelva la justicia.
«Nosotros hicimos un veto y el Deliberante sigue adelante y por eso lo presentamos a la justicia. Creemos que es un conflicto de poderes. Ellos se están involucrando donde no corresponde. No nos pueden obligar a nosotros a poner en marcha un proyecto. Por algo ellos son el legislativo y nosotros el ejecutivo», dijo a declaraciones a Diario RIO NEGRO.
El vecinalista explicó que el proyecto es de larga data y que el organismo no lo trató en el recinto y que ni siquiera se trabajó la ley municipal sobre la iniciativa.
El conflicto comenzó cuando el Concejo Deliberante aprobó la Ordenanza N° 1579/2024. Esta normativa obliga al Intendente a poner en marcha una sala de elaboración y capacitación en el SUM del Barrio Perón y a establecer un programa para emprendedores locales.
«Estamos a la espera de la resolución del poder judicial, pero entendemos que es así. Desde un principio entendimos que es un conflicto de poderes y por eso hicimos el veto. No hicieron la ley cuando teníamos que hacerlo y ahora quieren obligarme a ponerla en ejecución. Ellos están para legislar».
En la presentación judicial, Rossi sostuvo que la normativa vulnera las atribuciones del Poder Ejecutivo al imponer tareas que, según la Carta Orgánica Municipal, corresponden a su gestión.
El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al planteo y por eso solicitó información al Deliberante para tratar la cuestión de fondo. La demanda, según se expidió el máximo tribunal, configura un conflicto de intereses entre los poderes del Estado: pero la cuestión de fondo aún no está zanjada.
El poder legislativo tiene hasta el jueves para presentar la documentación que solicitó el Superior.
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